Por: Carolina Vásquez Araya. 06/09/2021
Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión de las niñas en nuestros países, es la maternidad precoz. En Guatemala, por ejemplo, es pavorosa la cifra de embarazos y partos a edad temprana. De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR- se produjeron 57 mil quinientos setenta y ocho embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de 3 mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y cuando un embarazo supone un riesgo elevado.
Además de la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal de interrumpir el proceso de gestación, aún cuando se trate de un ser cuyo cuerpo no reúna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.
Visto como parte normal de la vida, el embarazo en niñas y adolescentes es una de las mas graves consecuencias de la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina. Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.
Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo.
En estos escenarios, las niñas-madres no entran en las prioridades de atención de las autoridades. Estas ven los casos de embarazo precoz como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos.
Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo.
Este abuso ha sido un hábito inveterado durante generaciones, profundamente arraigado y considerado una práctica socialmente aceptable; un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos.
Las niñas merecen alcanzar sus sueños. La maternidad precoz no es uno de ellos.
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Fotografía: EN COLOMBIA
