Por: Cristina Suárez Vega. ethic. 10/11/2020
Mascarillas que imposibilitan la lectura de labios, servicios sociales saturados, riesgo de contagio al tocar superficies… Las personas con discapacidad se han visto obligadas a enfrentarse con poca ayuda a una multitud de retos que empeoraban una situación ya de por sí complicada para muchos de ellos.
El día que se habló por primera vez sobre el coronavirus en España los colectivos de discapacitados se vieron destinados a sufrir un doble confinamiento. La pandemia pilló al mundo por sorpresa, con un escaso tiempo de respuesta para gestionar un sistema económico, político y social que no tuvo más remedio que frenar en seco aquel marzo de 2020. El parón robó a los discapacitados gran parte de los avances que habían conquistado durante años. «Los colectivos de discapacitados sienten se sienten dejados de lado en esta pandemia». Con esta frase resumía Catalina Devandas, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, la experiencia de millones de personas con condiciones de salud incapacitantes durante la pandemia. Como respuesta, la Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha a mediados de septiembre una investigación con el objetivo de conocer las principales dificultades de la pandemia para estos colectivos.
Mientras para la mayor parte de la población la adaptación a las nuevas medidas de seguridad implementadas con el objetivo de frenar el virus ha sido relativamente llevadera, las personas con discapacidad se han visto obligadas a enfrentarse con poca ayuda a una multitud de retos que empeoraban una situación ya de por sí complicada y desigual para muchos de ellos: según el INE –que tiene previsto publicar una nueva encuesta sobre discapacidad, autonomía de personas y situaciones de dependencia’ el próximo año para actualizar los datos, ya que el último estudio data de 2008–, en España hay más de 3,8 millones de personas con discapacidad, casi el 9% de la población.
Mascarillas y problemas de audición
Es necesario partir del hecho de que gran parte de las personas con discapacidad tiene condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contagiarse o de experimentar síntomas más graves, lo que implica un uso aún más concienzudo de mascarillas y equipos de protección individual. Para las personas con discapacidades auditivas, esta es prácticamente una barrera infranqueable: al tapar por completo la boca, las mascarillas dificultan enormemente su capacidad de comunicación a través de la lectura labial y los gestos faciales, convirtiendo en una odisea tareas tan cotidianas como hacer trámites administrativos, ir al supermercado o comprar en la farmacia.
Por si no fuera suficiente, la distancia de seguridad también complica la comprensión al ubicar al emisor demasiado lejos como para poder comunicarse. La Confederación Española de Familias Sordas (FIAPAS) ha alertado además de que las medidas de protección frente al COVID-19 en el ámbito de la educación presencial crea un escenario muy incierto para jóvenes con sordera precisamente por el mismo motivo, y ha solicitado refuerzos tecnológicos de apoyo a la audición, así como sistemas de inducción magnética o contenidos accesibles vía textos y subtitulados.
Contacto cero, pocos apoyos sociales
Las redes de apoyo social son esenciales en la vida de las personas con discapacidad, ya sea a través de servicios de atención domiciliaria, soporte psicológico, programas de conciliación para cuidadores, orientación educativa, transporte adaptado u otras atenciones. Con la pandemia los planes sociales se han visto muy limitados –y en numerosas ocasiones suspendidos– por implicar un contacto físico que no es compatible en el contexto sanitario actual. La falta de servicios de apoyo puede llevar a un mayor aislamiento, como ya se observó en numerosos casos durante el periodo de confinamiento decretado por el estado de alarma.
En la fase de desescalada, el Ministerio de Derechos Sociales publicó un documento técnico de recomendaciones para la actuación de servicios sociales durante la pandemia, incidiendo especialmente la aplicación de protocolos para volver cuanto antes a la normalidad en la oferta social, tanto en hogares como en instituciones residenciales de discapacitados donde, según la ONU, la situación es particularmente grave debido a un mayor riesgo de contaminación, la reducción de visitas y la ausencia de supervisión. Estas complicaciones se multiplican por tres en el caso de reclusos con discapacidad en prisiones, como ya han denunciado algunas organizaciones.
Personas con ceguera y sin tacto
El riesgo de contagio en las superficies también ha trastocado el día a día de las personas ciegas. Hasta ahora, el tacto había sido su herramienta más fiable para obtener información del entorno. Con la llegada del coronavirus, los carteles y las botoneras en braille han adquirido un nuevo y relativo peligro: el contacto físico ya no es seguro, por lo que la ayuda por parte de otros ciudadanos en lugares muy transitados, como el transporte público, se ve reducida. Además, en supermercados, farmacias y tiendas ya no está permitido tocar los productos.
Para facilitar la interacción de los discapacitados visuales con el mundo en esta era COVID y reducir su riesgo de contagio, organizaciones como la Fundación Retina España han estado potenciando durante los últimos meses campañas como Tengo baja visión, en la que hacen un llamamiento a que las personas con baja visión o ceguera utilicen un distintivo que les visibilice y facilite la interacción social. La fundación ONCE, por otro lado, lanzó después del confinamiento una serie de recomendaciones a sus socios adaptadas a esta nueva situación: identificarse como persona ciega utilizando bastón o perro guía, utilizar el bastón para marcar la distancia de seguridad en filas, recurrir a pañuelos, gel o guantes a la hora de iniciar un acompañamiento, comunicar al conductor del transporte público la parada deseada para evitar tocar botones, hacer las compras online y desinfectar las manos cada vez que se toque un cartel o una botonera.
Una guía para respetar los derechos de las personas con discapacidad
En julio de este año, la Fundación ONCE publicó, junto con la organización DISNET, una encuesta sobre las consecuencias de la crisis del COVID-19 entre las personas con discapacidad de España. Tras entrevistar a más de 14.000 personas con distintas discapacidades –físicas, visuales, auditivas, psicosociales e intelectuales– el estudio descubrió que un 11% de los discapacitados –la mayor parte con más de 45 años– estuvieron viviendo solos durante el confinamiento. Además, el 34% de los encuestados afirmó haber consumido ansiolíticos y/o antidepresivos durante este periodo.
Las citas aplazadas en el médico, el mayor riesgo de contagio, la soledad, la incertidumbre, los ERTEs en puestos ya de por sí escasos y las consecuentes dificultades económicas han afectado a toda la población, pero en especial a este colectivo. Ahora nos enfrentamos a nuevas medidas que, a pesar de no ser tan restrictivas como las del primer confinamiento, pondrán otra vez a prueba la capacidad de los servicios sociales. Es la oportunidad perfecta para poner el foco sobre el colectivo y el momento de aplicar las directrices propuestas por instituciones con objetivo de ayudar a los Estados en la planificación de medidas específicas para abordar los riesgos a los que se enfrentan las personas con discapacidad durante la pandemia. La Guía de orientación que ha elaborado la ONU sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las personas con discapacidad permite analizar, una por una, todas las formas en las que el coronavirus afecta a la vida de los discapacitados y las prácticas que han surgido en algunos rincones del mundo para solucionarlas, proporcionando a los distintos países una serie de recursos con los que aumentar la acción sobre el colectivo de los discapacitados hasta que pase esta tormenta sanitaria.
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Fotografía: ethic.
