Por: Cecilia Vergara Mattei. 30/05/2022
Dicen que la política está llena de buenas intenciones que se diluyen cuando se encuentran con la realidad. Aunque el gobierno de Gabriel Boric comenzó a desmilitarizar la zona en marzo, atentados en las rutas llevaron al presidente chileno a desistir de la vía del diálogo y decretar el estado de excepción en la Araucanía.
Boric había prometido desmilitarizar los territorios donde hay asentamientos mapuches y resolver los conflictos por la «vía política», pero volvió, al igual que los gobiernos de derecha anteriores, a decretar el «estado de emergencia» y enviar nuevamente militares a la zona de la Araucanía y otras provincias cercanas, el «Wallmapu», que los mapuches no reconocen como territorio chileno.
En poco más de dos meses de gobierno, el gobierno de Boric mantuvo la dotación policial, reforzó el camino de la militarización de la Araucanía, e incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado, como lo es el Estado plurinacional, solo parecía buscar el reconocimiento de naciones originarias.
Desde la izquierda se señala que en el discurso oficial se nombra la autodeterminación, que debería suponer una lucha por la expropiación de las dos millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo han hecho todos los gobiernos desde el cuestionado régimen dictatorial pinochetista de 1973, hace casi medio siglo.
El gobierno ha insistido en infringirse errores que pudieron haberse evitado tan solo con haber sido consecuentes con sus propias declaraciones antes de llegar a La Moneda. Súmese el estratégico desatino de no haberse librado del miedo que significa tomar medidas que enojen a la derecha. Lo que diga la izquierda a Gabriel Boric le interesa bien poco, conocedor como es de su casi irrelevancia, cuando no de su domesticación, señala el analista Ricardo Candia.
Las primeras señales las comenzó a dar el gobierno cuando partidos que han sido confesos culpables de todo lo que la gente aborrece comenzaron a tomar grandes porciones de poder al interior del gobierno, al extremo de desdibujar sus originales configuraciones. Y ha cambiado su relato de la realidad, indica: “Antes había presos políticos, ahora son delincuentes. Antes era aborrecible el Estado de Emergencia en el Wallmapu, hoy es una necesidad legítima. Antes fue terminar con el CAE, ahora su condonación es un estímulo al buen pagador. Antes era necesario terminar con Carabineros, hoy, basta con una manito de gato”.
La ministra chilena del Interior, Izkia Siches, quien durante meses criticó este tipo de medidas, hizo el anuncio del decreto del estado de emergencia “para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de La Araucanía”, donde subsiste la disputa territorial que enfrenta al Estado, con comunidades mapuches y empresas forestales de grandes grupos económicos que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Primeros habitantes de Chile y Argentina, los mapuches son la principal etnia chilena. Algunas comunidades asentadas en el sur del país reclaman desde hace décadas la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales.
El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado «conflicto mapuche». Desde La derecha, los medios de comunicación y los grupos que se autocalifican de centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de «inacción» y de ser «cómplice de la violencia».
Hasta ahora, Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el Estado y el pueblo nación mapuche.
Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric apuntó a una estrategia de «diálogo» a través del despliegue territorial de diferentes autoridades. Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, para quienes “diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al gobierno y a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de recursos y destruyendo el ambiente.
Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de unos 460 millones de dólares para mejorar la infraestructura y servicios de la zona.
¿Nada cambia?
La ciudadanía esperaraba algo diferente a lo de los gobiernos anteriores que impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesaron la represión, de la cual hoy el gobierno de Boric confirma que seguirá aplicando a pesar de que ahora Chile es un Estado Plurinacional. El establishment busca una rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales y nadie mejor que un presidente progresista para hacerlo en sus nombres.
El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición y obviamente de repudio de los representantes de comunidades mapuches -la etnia abrumadoramente mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.
Para los analistas populares, Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases populares, explotadas, hambreadas y oprimidas.
Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.
«Valoramos que el gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía», dijo el senador ultraderechista Felipe Kast. El expresidente y senador Ricardo Lagos, por su parte, señaló que apoya «las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas».
Resistencia
Las organizaciones indígenas llamaron a resistir frente a este nuevo intento de subordinación al pueblo mapuche. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la «resistencia armada» ante la posibilidad de una militarización.
El líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a «preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía», a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.
Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores, declaró que “En todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las demandas de la rebelión”.
“Poco tardaron los jóvenes intrépidos y graciosos para aprender lo que la derecha y la exConcertación/Nueva Mayoría conoce al dedillo y usó con soltura y precisión: da lo mismo lo que se haya ofrecido, lo que vale es lo que se finalmente se hace: la gente parece inmune a la mentira”, señala Candia.
El gobierno no ha sido capaz, ni siquiera se lo ha propuesto, de ordenar al pueblo detrás de su proyecto y peor aún, pegotea al interior de su entramado a numerosos sujetos que vienen de ese pasado que se dijo superar, no será sino otro gobierno en el mismo sentido de los anteriores. Y entonces queda claro lo que es el poder: eso que determina lo que hay que hacer, así sea que haya otros en el gobierno, concluye el escritor y periodista.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fotografía: Sur y sur
