Por: Jorge Zepeda Patterson. 12/05/2021
El Gobierno y la oposición han respondido con oportunismo político a la tragedia del metro y la solidaridad con el que sufre ha pasado a segundo plano
Con la dolorosa tragedia sufrida en el Metro de Ciudad de México, la palabra austericidio se ha hecho viral en redes sociales. Algunos políticos de oposición comenzaron a usarla hace algún tiempo para denunciar los daños que, a su juicio, ocasionan las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir del desplome de la Línea 12 el pasado lunes, en el que murieron al menos 25 personas, la palabra explotó en la conversación pública. El epíteto perfecto para asociar a la política económica con la que están en desacuerdo con un crimen execrable: austericidio se asocia con palabras como genocidio, parricidio, infanticidio o magnicidio, entre otras.
Para desgracia de tan conveniente uso político, al menos para la oposición, la palabra significa en realidad exactamente lo contrario de lo que suponen los que la esgrimen. Austericidio se define como matar la austeridad y no hace alusión, como se quiere hacer creer, a los daños reales o supuestos que provoca la austeridad. Los que están en contra de los recortes de presupuesto tendrían que propiciar el austericidio, es decir, buscar matar la austeridad, si nos atenemos a su definición.
Se me dirá que tan solo es un uso cuestionable de la palabra, lo menos importante frente a la magnitud de la tragedia. Pero las palabras importan, importan mucho. Sobre todo cuando se intenta convertir una estrategia en contra del despilfarro y la corrupción en un crimen de lesa humanidad.
Por lo demás, constituye un mito la idea de que el gobierno de la 4T está desmantelando al Estado o, peor aún, ahogando a la sociedad al reducir el gasto público. En realidad el gasto público ha aumentado con el nuevo gobierno, aunque los criterios de distribución hayan cambiado drásticamente. El presupuesto de la Federación en 2018, último año de Enrique Peña Neto, fue de 5.3 billones de pesos; los tres siguientes, con López Obrador, el presupuesto ascendió a 5.8 billones en 2019, 6.1 en 2020 y 6.3 en 2021. Descontada la inflación, en 2020 aumentó en términos reales 0.3 por ciento con respecto al año anterior, aunque para este año disminuyó en la misma proporción (-0.3) debido a la caída del PIB de más de 8 por ciento en el periodo anterior. En otras palabras, el peso del gasto público con respecto al resto de la economía creció durante la crisis. Acusar de austericidio al gobierno no solo es un despropósito gramatical sino una falsedad.
Lo que sí ha sucedido, y mucho, es un cambio en los criterios de asignación de recursos. Y en eso sí, es perfectamente legítimo el cuestionamiento de la oposición, porque en última instancia se trata de dineros públicos y su modo de distribución entraña una idea de nación con la que se puede estar en desacuerdo. Pero eso es otra cosa. La cobija no se ha achicado como se denuncia, simplemente las prioridades de lo que debe cobijar o descobijar han cambiado. Disminuyó el gasto en la alta burocracia, en la publicidad a los medios de comunicación, en Presidencia y Estado Mayor, en subsidios a guarderías y un larguísimo etcétera. Aumentó en transferencias directas a ancianos, mujeres y jóvenes, escuelas públicas, seguridad pública y fuerzas armadas, empleo en zonas rurales y otro etcétera igualmente largo. Parte de lo que se eliminó lo perdió lo que llamamos la “sociedad civil”; parte de lo que aumentó lo ganó lo que los obradoristas llaman pueblo. En ambos casos se trata de personas, perjudicadas o beneficiadas, aunque por lo general estas últimas sean de extracción social más humilde (no siempre, desde luego).
Ciertamente, hay cambios presupuestales que producen daños. Allí está el desabasto de medicinas para ejemplificarlo. Sin embargo, me parece que tiene más que ver con el combate a la corrupción que con ahorrarse algunos pesos con cargo a los enfermos. Más que un tema de austeridad equivocada se trata de acciones públicas que fueron mal valoradas y peor planeadas, y cuyos efectos desproporcionados e inesperados debieron haber conducido a un ajuste oportuno.
¿Es la tragedia del Metro resultado de recortes irresponsables en los presupuestos de mantenimiento? Hasta ahora la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que tales partidas no han disminuido. La investigación tendrá que demostrarlo, como igualmente tendrá que indagar si el accidente entraña actos de corrupción durante la construcción, de gestión irresponsable en los últimos 10 años o, de plano, una mezcla de todas las anteriores.
Los juicios sumarios no han esperado a investigación alguna, como era de suponerse en el contexto de la polarización política que vivimos y tratándose de un año electoral, amén de que involucra a los dos principales candidatos a suceder a AMLO (la propia Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, actual canciller y alcalde en funciones cuando se construyó la obra).
Todos han tratado de llevar agua a su molino. El dardo envenenado del supuesto austericidio es parte de la batalla para convertir la tragedia en una valoración terminante e implacable del gobierno de la 4T y sus criterios en relación con el presupuesto. Pero lo mismo puede decirse de la contraparte. El gobierno ha respondido con no menos oportunismo político. El Presidente estaba defendiendo a sus delfines, igualmente de manera sumaria, aun antes de mencionar la necesidad de una investigación, como si la lealtad del mandatario fuese con sus funcionarios no con sus ciudadanos, algo lamentable en un caso como éste que entraña a los que menos tienen. No solo se trata de las víctimas directas y sus familiares, lo que sucedió tendrá un permanente efecto en millones de personas que día a día se ven obligadas a tomar el Metro entre empujones, problemas de ventilación, largas esperas en los túneles. Ahora también tendrán que hacerlo bajo el estrés de saberse en peligro de muerte.
AMLO pasó más tiempo denostando la cobertura alarmista que hicieron los medios y sus posibles intenciones que a solidarizarse con las víctimas, ya no digamos a explorar soluciones para evitar que se repita este tipo de tragedias, como habría sido de esperar de parte del responsable último de la administración pública del país. Utilizó el terrible accidente, igual que su contraparte, esencialmente para atacar a sus adversarios. Es tal la mutua animadversión de los dos polos que se disputan la arena pública, que en aras de su guerra han dejado atrás sus responsabilidades como actores políticos. La solidaridad con el que sufre, la dignidad o la ética han pasado a segundo plano. Me parece que lo que está a la vista no es un austericidio, sino un “moralicidio” en la vida pública.
LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Percepción
