Por: Adriana Carrasco. 03/01/2023
La condena de Cristina Fernández de Kirchner y la «Mafia y Estado paralelo» que denunció en su mensaje posterior, se asientan en la historia de los medios concentrados, que tiene como hito inocultable la venta forzada de Papel Prensa durante la Dictadura.
A las 17.30 del 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal N° 2 anuncia la condena a la Vicepresidenta de la Nación. Establece la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La página de noticias oficial Argentina.gob.ar titula “La condena a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye un ataque al proceso democrático”. La condena equivale a la proscripción política de la líder del movimiento popular de masas de la Argentina llevada a cabo por el Partido Judicial. Un poder que Cristina Kirchner denunció anoche como “mafia y Estado paralelo”.
Al finalizar la breve lectura del fallo, la vicepresidenta se dirigió a las audiencias en una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube titulada “¿Lawfare? ¿Partido Judicial? Mafia y Estado paralelo”. Expuso allí, a través del hilo de chats entre jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el fiscal General de CABA Juan Bautista Mahiques y el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, un ex empleado de la SIDE y ejecutivos del Grupo Clarín, el entramado de un poder real dentro de las instituciones y a contrapelo de ellas. Los chats fueron difundidos por el diario Tiempo Argentino y por El Cohete a la Luna.
“Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un poder paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera del conjunto de los argentinos y por afuera de los resultados electorales”, manifestó Cristina Kirchner.
“Esto es un Estado paralelo y mafia. Y la confirmación de la existencia de un poder paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos», CFK
La vicepresidenta no lo citó durante su discurso, pero esta caracterización de mafia y Estado paralelo es mencionada por el filósofo italiano naturalizado argentino Rocco Carbone, en diversos artículos publicados en medios nacionales como El Cohete a la Luna y en sus redes sociales.
“Esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido judicial… No, no. Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, algún empresario, algunos Caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales, y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro”, denunció, en referencia al atentado fallido que sufrió en la puerta de su casa el 1 de septiembre pasado.
El momento más duro del discurso fue el final, cuando la Vicepresidenta de la Nación mira a cámara y sostiene “mascota de usted nunca, jamás, Magnetto. ¿Entiende? Nunca, jamás”. Este final retrotrae a uno de los momentos más sangrientos de la vida política argentina, la dictadura de 1976. Y relaciona al juez Julián Ercolini con el sobreseimiento de los empresarios Héctor Magnetto (responsable del Grupo Clarín) y Bartolomé Mitre (La Nación) en la causa Papel Prensa (fallo del 16 de diciembre de 2016). “La empresa Papel Prensa –sostuvo la Vicepresidenta– fue tomada por el Partido Militar durante la dictadura, como lo define Lidia Papaleo ‘en la mesa de torturas’ y le fue entregada a este grupo económico y luego de que el Partido Militar se la entregara, es convalidado por el Partido Judicial unos cuantos años más tarde”.
Es imposible no relacionar las palabras de Cristina Kirchner (viuda del Presidente Néstor Kirchner) con la carta de Lidia Papaleo (viuda del empresario David Graiver) del 6 de agosto de 2010, donde explica las condiciones en las que tuvo que firmar el boleto de venta de la empresa, sin siquiera poder leerlo.
En los dos últimos párrafos de su carta Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, manifiesta que “todo lo que ocurrió en Papel Prensa SA, a partir de mi cautiverio (14 de marzo de 1977) que nunca hasta el 20 de mayo de 2010 estuve en el lugar, ni concurrí a ninguna Asamblea. Por otra parte, durante mi desaparición con detención fui objeto de torturas que me provocaron graves quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos, y que los golpes recibidos provocaron un tumor cerebral, el cual se me operó en la cárcel. Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida, no obstante que deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los ojos de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara”.
Son diferentes situaciones y momentos históricos los enfrentados por Cristina Kirchner y Lidia Papaleo. Pero el fondo sobre el que se manifiestan es la disputa entre el poder económico real y los movimientos políticos de masas populares que buscan alcanzar la representación política para defender el patrimonio del Estado argentino y mejor la calidad de vida de las grandes mayorías. El entramado de poder económico real busca la aplicación de políticas neoliberales que concentren la riqueza en pocas corporaciones transnacionales, aunque muchas de ellas tengan sede en Argentina. Para lograr ese objetivo precisa la concentración de medios hegemónicos para generar consenso en las grandes masas de la población y un Partido de Fuerza (antes el Partido Militar y en 2022, luego de décadas de presión sobre los gobiernos democráticos, el Partido Judicial) capaz de imponerlas por sobre la democracia, los derechos humanos y las garantías constitucionales. Tres diques de contención al poder económico-financiero concentrado, que en Argentina y en otros países de la región se presentan cada vez más débiles y resquebrajados. Dicho poder precisa también de sectores políticos de derecha -aparentemente democráticos- que le den rostro al discurso que justifica este orden de cosas.
No es un caso de derecho penal común la persecución judicial contra la Vicepresidenta de la Nación, pero en la forma de procedimiento del Poder Judicial no difiere de las causas penales construidas sin prueba suficiente ni fundamentos concretos contra miles de mujeres detenidas en las cárceles argentinas. Sería cuestión de revisar sentencia por sentencia. No fueron secuestradas como Lidia Papaleo durante la última dictadura, pero sí acusadas ante los tribunales por fiscales que instruyen las causas con el menor de los esfuerzos y en una suerte de torneo a ver quién suma más condenas. Caso aparte en términos políticos, la persecución judicial contra Milagro Sala e integrantes de la agrupación Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, causas en las que además de la persecución y aprietes específicos a mujeres por su militancia política se suma el elemento de la racialización que también atraviesa a la mayoría de las mujeres detenidas en las cárceles argentinas por delitos comunes o la simple presunción de haberlos cometido.
La imbricación entre Partido Judicial y medios hegemónicos concentrados fue ya señalada por la Vicepresidenta en la entrevista que le realizó el diario Folha de Sao Paulo, el día anterior a la sentencia. (La entrevista completa puede verse en el canal de YouTube de Cristina Fernández de Kirchner). “El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir. La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto”, dijo.
De la lista de jueces federales que se reunieron en la propiedad del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, es Pablo Cayssials quien suspendió la adecuación del grupo Clarín a lo establecido por la Ley de Medios. El objeto de la Ley en este caso es que el grupo no quede en una posición monopólica o dominante respecto de otros medios.
“Cayssials favoreció al Grupo Clarín. Viaja en el avión del Grupo Clarín y van todos juntos a Lago Escondido, casi como hacer una junta, ¿no? La junta de Lago Escondido, así como había juntas militares en una etapa muy terrible en nuestro país, hay juntas también que parece que gobiernan el país y deciden por afuera de todos los estamentos. Recordemos que estamos hablando de camaristas. Son todos hombres. Es un tema tal vez para analizarlo más adelante, esto de todos hombres siempre. Las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesas. Entonces cuando aparece una mujer, y una mujer con las características de gente que no es una mascota… Yo nunca voy a ser mascota del poder”, explicó.
Sectores de la militancia política que transversalmente también pertenecen a los movimientos feministas y transfeministas, manifestaron su solidaridad con Cristina Kirchner y subrayaron las características misóginas de esta proscripción.
La diputada nacional Mónica Macha manifestó que la condena a la Vicepresidenta argentina es “un armado paraestatal para beneficiar a un grupo privado muy poderoso, el Grupo Clarín, experto en construcción simbólica y de sentidos. Por eso intentan trastocar esta fecha”. El 7 de diciembre de 2012 era el día fijado para que los medios concentrados presentaran su plan de desinversión, lo que quedó desactivado por una medida judicial. “La condena a Cristina es un mensaje para que todas las mujeres y todas las personas que se atrevan a soñar y a militar por un país diferente. Ubico a Cristina en el linaje de mujeres como Evita o las Madres de Plaza de Mayo, con coraje y convicción para enfrentar a estos grupos de poder”.
Por su parte la diputada nacional Mara Brawer subrayó el peligro que la proscripción de la Vicepresidenta significa para la democracia. “El Partido Judicial se cree dueño de la república y demuestra ser un poder monárquico y vitalicio, con un nivel feroz de impunidad y machismo. Escuchamos la sentencia después de un proceso en el que participó el juez Ercolini, uno de los que leemos en los chats planeando apretar personas y falsificar pruebas, después de que viajara con el CEO de Clarín a Lago Escondido. Tenemos que transformar este pacto machista contra el pueblo, que ya no se soporta más”.
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Fotografía: Hamartia
