Por: Norberto Soto Sánchez. Lic. en Psicología, Mtro. en Ciencias de la Educación, Doctorante en Política de Procesos Socioeducativos. Interesado en temas de violencia política y educación.. 08/07/2022
El miércoles 22 de junio el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador encabezó, desde el campo militar no. 1-A un acto público para anunciar el inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990 con la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el presídium del evento se encontraban acompañándolo el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión en comento; María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y Ángel Primitivo Flores, General Brigadier diplomado de Estado Mayor.
Durante buena parte de la temporalidad que ocupará a la Comisión en sus trabajos de investigación aconteció una etapa muy dolorosa de la historia de México: la llamada Guerra Sucia, periodo en que el Estado Mexicano combatió con fuerza desproporcionada a movimientos sociales, sindicales, grupos de luchadores sociales y organizaciones políticas opositoras que buscaban cambios democráticos en el país.
Guerra Sucia es definida por la extinta Fiscalía Especial de los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México como:
“El periodo que en México abarca década y media –desde fines de los sesentas a principios de los ochentas-… llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho.
Actos de tal suerte inicuos que ‘lo sucio’ de la ‘guerra sucia’ implica ‘crímenes de lesa humanidad’ que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones, estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de derecho, para que jamás se repitan. Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros.” (https://bit.ly/3yp5ASD, Pág. 4).
Como invitadas especiales estuvieron presentes en el evento Micaela Cabañas Ayala y Alicia de los Ríos. Micaela es hija de Lucio Cabañas Barrientos, luchador social, líder magisterial y dirigente guerrillero de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento ─brazo político/militar- del Partido de los Pobres, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército el 2 de diciembre de 1974, y de Isabel Ayala Nava. A su presencia se sumó también la de familiares de otras víctimas de distintos abusos que las fuerzas armadas del país cometieron durante la época en comento.
Micaela vivió parte de su infancia en el Campo Militar en el que se realizó el evento (https://bit.ly/3ORzlCE) a razón de que su madre y parte de la familia Cabañas fueron prisioneros en dichas instalaciones castrenses. Ella relata cómo su madre le contó la forma en que sufrió vejaciones en su presencia, como parte de la tortura física y psicológica de las que fueron objeto. El exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, fue quien llevó a cabo personalmente las agresiones, según declaró su madre, Isabel, a la revista Proceso en 2003 (https://bit.ly/3nPutlz). Micaela refiere que a causa de dichas declaraciones su madre fue asesinada en 2011.
Alicia es hija de Alicia de los Ríos Merino y Guillermo Enrique Pérez Mora, ambos fueron militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Alicia madre está desaparecida desde enero de 1978 cuando fue detenida ─en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México- por un comando de elementos de la División de Investigación para la Delincuencia, la cual era dirigida por el coronel Francisco Sahagún Baca.
Mario Álvaro Cartagena López, Amanda Arciniega Cano y Alfredo Medina Vizcaíno, compañeros de militancia de Alicia ─sobrevivientes a reclusiones ilegales-, declararon ante la prensa y las autoridades que la vieron o escucharon detenida en instalaciones militares en 1978. Cartagena testificó haberla visto en abril del año mencionado en el Campo Militar No. 1, donde él estuvo también recluido (https://bit.ly/3ul89nE), siendo sometido a torturas.
Uno de los últimos datos que se tiene de Alicia indica que en mayo de ese mismo año la trasladaron a la ominosa Base Aérea Militar No. 7 ─también conocida como Pie de la Cuesta (https://bit.ly/3nyx0kj)-, desde donde despegaron aviones que fueron utilizados en los siniestros vuelos de la muerte (https://bit.ly/3aghlDa); práctica implementada por el ejército mexicano en la cual lanzaban al océano Pacífico los cuerpos de detenidos por presuntas actividades guerrilleras o de agitación social, se dice que algunos de ellos aún en vida.
El padre de Alicia (hija), Enrique Pérez, fue ejecutado extrajudicialmente en una emboscada que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) le tendió a él y otros de sus camaradas en la calle Amapola de la colonia Margarita, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa el 16 de junio de 1976.
La brutalidad con la que actuaban tanto agentes de la DFS y elementos del ejército, así como policías estatales y municipales contra integrantes de los grupos guerrilleros, simpatizantes de estos y luchadores sociales ,no fueron la excepción, sino la norma. Para muestra otros casos: los de Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, también militantes de la 23, detenidos el 19 de agosto de 1977 por un comando de soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y elementos de la DFS (https://bit.ly/3P5dIia), también en Culiacán.
A su compañero de vida lo asesinaron a sangre fría; a ella la obligaron a ver la forma en que militares cercenaron partes de su cuerpo. Además de tener que soportar esto, Martha tenía 7 meses de embarazo, lo cual no fue impedimento para que soldados la torturaran en el Cuartel de la Novena Zona Militar, ubicado en la capital sinaloense, donde la mantuvieron unos días para de ahí trasladarla a una casa de seguridad de la DFS ubicada en la colonia Lomas del Boulevard de la donde también estuvieron otros militantes de la Liga desaparecidos. Martha dio a luz cautiva por el ejército en condiciones infrahumanas.
Su familia la buscó incansablemente durante más de un mes. La encontraron y lograron su liberación y la de su hijo, se dice, gracias al pago monetario de un rescate. Los soldados y funcionarios del ejército nacional implicados en estos hechos actuaron como vulgares secuestradores comunes.
El Concentrado General de Desaparecidos, incluido en el informe preliminar del Fiscal para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), registra 788 desaparecidos entre 1968 y 1997, en su mayoría pertenecientes a los estados de Sinaloa (43) y Guerrero (532) (https://bit.ly/2OJvAEt).
La cifra se queda corta en comparación a la cruda realidad de la desaparición forzada en México durante la etapa mencionada y el presente. Como dice Roberto González en su libro “Historia de la desaparición”: lograr “…el registro de un desaparecido es una guerra sorda entre las fuerzas de la memoria y las técnicas de la desaparición. Hay que pelear a brazo partido contra todos los procedimientos discursivos, legales, burocráticos e institucionales para construir un caso, para hacer una denuncia, para presentar cargos. En sentido estricto, hay más de una desaparición, es un ciclo completo el que se puede recorrer entre la aprehensión de un sujeto y su disipación” (Pág. 17).
En el caso de Martha Camacho, 42 años después de entrar en la tormenta de la tortura y la desaparición forzada a manos de soldados de la Novena Zona Militar, el Estado Mexicano, en voz de la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le pidió una disculpa pública. Primera vez en la historia del país que el Estado se disculpa públicamente con una víctima de la represión acaecida durante la Guerra Sucia. Esto ocurrió en un evento que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2019. Por cierto, no acudió ningún representante del ejército. A pesar de la disculpa, la impunidad prevalece en este como en otros miles de casos.
Tomando esto en cuenta, resulta indignante el discurso pronunciado por el Secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval durante el evento, en el cual dijo que en el marco de la “Estrategia de Reconciliación Social” implementada por el gobierno federal (https://bit.ly/3amKI6O), se debe mencionar que “…a lo largo de sus más de 100 años de historia el Ejército y la Fuerza Aérea han permanecido cercanas al pueblo de México” y especialmente a “los más vulnerables”.
Luego continuó su discurso en un giro de tonalidad intransigente afirmando: “Con orgullo les expreso que López Obrador autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.
¿Qué necesidad tenía el Secretario de decir eso en su discurso?, ¿Por qué restregárselo en la cara a las víctimas y sus familiares que estaban también en el evento?, ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador autorizó escribir los nombres de militares a sabiendas de lo que se muestra en las historias de vida de las víctimas y sus familias?, ¿Por qué permitió que el Secretario pronunciara este discurso?, ¿Qué caso tenía reunir a agresores y víctimas de tan horribles hechos en una ceremonia en el marco de una estrategia de “reconciliación social”, cuando las víctimas no han obtenido justicia?, ¿Puede haber reconciliación ante la impunidad que prevalece en torno a tan atroces acontecimientos?, ¿Cuál es el mensaje que está enviando el gobierno con este evento y con lo que en él se dijo? Mientras el Secretario pronunciaba esas palabras, un coro de voces de víctimas y sus familias lo abucheaban para acto seguido lanzar la consiga: “¡vivos se los llevaron… vivos los queremos!”. La dignidad se hizo presente en ellas. La lucha por justicia continúa.
Fotografía: cronica.com.mx
