Por: Saúl Haro. 23/01/2021
Si tuviéramos que definir en dos palabras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estás serían: «reformismo» y «neokeynesianismo». Hemos explicado nuestra postura al respecto en varias ocasiones, pero no está demás hacer un breve recordatorio: AMLO cree que es posible realizar reformas sociales de gran trascendencia dentro los límites del capitalismo, se aferra a la posibilidad o el idilio, que es posible llevar a cabo un gran proyecto de desarrollo nacional fomentando una reconciliación entre explotadores y explotados, mientras hacen a un lado sus diferencias e intereses de clase. El detalle es que AMLO olvida varios puntos de gran importancia:
- A lo largo de la historia no ha habido un sólo momento en donde no se esté desarrollando una lucha encarnizada entre las fuerzas de una clase contra otra, cuyas manifestaciones van desde la huelga hasta la revolución. Querer conciliar a unos con otros a partir de decretos legislativos es como querer detener el metro de la Ciudad de México con una mano.
- El capitalismo mexicano se caracteriza por estar constantemente en crisis y que alrededor de diez familias oligárquicas poseen aproximadamente la mitad de la riqueza nacional.
- El Estado del Bienestar socialdemócrata, keynesiano, no fue un accidente ni un hecho fortuito, tampoco lo fue su desaparición en la década de los años 80. Está forma de administrar el capitalismo solo fue posible en una época donde el capitalismo poseía las condiciones materiales y los excedentes productivos para poder ofrecer un determinado nivel de vida a la clase trabajadora. Esto tampoco fue resultado de la «buena moral» (término cuyo uso le agrada mucho al presidente) de la burguesía en los años 30-70, sino porque todos ellos como clase, y los burócratas con los que estos se codeaban, estaban constante y francamente temerosos del fantasma revolucionario ruso. Pero cuando la Unión Soviética dejó de representar una amenaza real para el mundo capitalista y tras el final del periodo de bonanza económica, las crisis se volvieron recurrentes y los burgueses se encontraban hartos de pagar altas tasas de impuestos (todavía lo están). Fue entonces cuando la imposición del neoliberalismo se convirtió en un fenómeno global porque respondió a los intereses y necesidades de la burguesía a nivel internacional, no fue un invento del priismo.
- Es prácticamente imposible mantener en el largo plazo reformas sociales en tiempos de crisis capitalista y de pandemia, esto se debe a que en la actualidad el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones y el caso mexicano no es la excepción. Porque en primer lugar, se agotaron los «guardaditos» que el Estado tenía de reserva, según palabras del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En segundo lugar, y tantito peor, resulta el hecho de que la crisis que hoy vivimos es la más profunda desde los años 30.
Esta serie de acontecimientos han provocado que a nivel nacional e internacional se esté desarrollando una ola creciente de lucha de clases cada vez más generalizada, por ejemplo, el año 2019 representó un enorme repunte en las huelgas obreras debido a la oposición de los patrones por aceptar aumentos al salario mínimo, esto y una serie de ajustes erróneos que hubo en el aumento salarial.
Además, la formación de múltiples agrupaciones y frentes anti-AMLO promovidas por la burguesía dan a entender que ellos ignoran el mensaje presidencial que hace un llamado a la unidad nacional, y desesperado por encontrar la conciliación de intereses, López Obrador se encuentra en una encrucijada dónde es cada vez más evidente que no es posible servir a dos clases al mismo tiempo.
Llegó a la presidencia prometiendo «No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo». El problema es que tampoco quiere romper con los opresores y para poder recuperar aunque sea un poco el control de la situación, necesita con urgencia un ambiente de bonanza material, para ello recure a la receta más clásica de la socialdemocracia: la inversión en construcción de infraestructura.
Los proyectos de infraestructura son, y no por nada, uno de los principales estandartes del actual gobierno. Hay varios que recibió de administraciones neoliberales anteriores y entre esas hay algunas que por su gran nocividad ya fueron canceladas, pero hay una en particular que representa una incómoda piedra en los zapatos: la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos.
Nosotros no nos oponemos a la construcción de termoeléctricas, ni en general, al desarrollo de las fuerzas productivas del país, ya que esa es la vía para impulsar el desarrollo. Pero sí entendemos que esté desarrollo debe estar enmarcado dentro de un plan democrático que tome en cuenta a los habitantes y que no tenga el potencial de generar más daños que beneficios. De lo contrario, no se trata de un verdadero desarrollo, sino de una imposición que sirve a los intereses de la clase dominante.
¿Cuál es el problema con esta termoeléctrica en particular? Una planta termoeléctrica necesita enormes cantidades de agua para realizar el proceso de refrigeración necesario para que la planta no se estropee. En este caso particular obtener el recurso no es complicado dada su cercanía al río Cuautla. Las autoridades no tomaron en cuenta que el agua de este río ya es utilizada por 32 ejidos y 12 pequeñas propiedades, privarlos del agua representaría un duro golpe enorme para el sustento de los campesinos, del cual muy difícilmente podrán recuperarse, si es que se recuperan.
Desde agosto del 2016, cuando inició la construcción de la planta y su acueducto, varios ejidatarios aglutinados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) han interpuesto 19 demandas de amparos contra el proyecto, y durante todo ese tiempo hasta el 24 de noviembre habían instalado un plantón para evitar que se les despojara del agua del río.
En esa fecha, alrededor de las dos de la mañana, se realizó un operativo con 300 guardias elementos de la Guardia Nacional y 100 policías estatales, en total, 400 elementos armados del Estado, para desalojar por la fuerza el campamento de los campesinos que se encontraban haciendo guardia. A los uniformados no les interesó saber nada de los procesos amparos ni demandas que los campesinos habían interpuesto contra el proyecto, ellos sólo estaban ahí para cumplir con los intereses del Estado: evitar la lucha de clases por medio de reprimir a la clase desposeída.
Treinta minutos fueron suficientes para desmontar el campamento, la Guardia Nacional declaró que el operativo se había realizado en apego a los derechos humanos, y la Comisión Federal de Electricidad declaró que no existían impedimento legal para continuar con la construcción de la planta y el acueducto, ésto fue desmentido por los ejidatarios, describen que si hubo represión por parte de las fuerzas de la Guardia Nacional, y demuestran que efectivamente ya habían interpuesto amparos contra el proyecto.
Es necesario reflexionar, en primer lugar ¿Qué considera el Estado como un impedimento legal? o mejor aún ¿Quién debe interponer un amparo para que se considere un impedimento legal válido? ¿Quién si tiene acceso a la justicia? en segundo lugar, la guardia nacional afirman que ellos solamente acudieron al operativo para auxiliar a los cuerpos de seguridad estatal, de ser así ¿Qué tarea era tan urgente para que 300 elementos de la guardia nacional tuviesen que auxiliar a 100 elementos de la policía Estatal? Los ejidatarios afirman que si hubo represión, lo cual, de ser cierto, implicaría que los uniformados actuaron siguiendo una orden, o bien desacatándola, sea el cual fuera el caso, ya debió haber ocurrido un deslinde de responsabilidades. Y si hubo represión, obedeciendo una orden, solamente hay dos posibles responsables capaces de ordenarle a la Guardia Nacional: el comandante Rodríguez Bucio y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos, a su vez, sólo le responden a una persona, el presidente de la República ¿ordenes o impunidad? ¿Qué ocurrió realmente en Huexca?
Sea como sea, lo que sucedió fue una violación al Estado de Derecho, a la cual los ejidatarios han tratado de responder el mismo día 24, 200 ejidatarios bloquearon la carretera Cuautla-Ayala durante seis horas. Para el día 29, esas 200 personas se transformaron en más de 1,000 manifestantes, mismos que encontraron el río celosamente custodiado por elementos de la Guardia Nacional. Algunos de esos manifestantes incluso intentaron derribar la barda metálica.
A lo largo de esas manifestaciones que se han extendido hasta días recientes, ha comenzado a desarrollarse una sensación entre los campesinos de haber sido traicionados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchos de ellos todavía tienen el recuerdo de activistas asesinados por defender la posesión comunal sobre el agua y la tierra, como el caso del compañero Samir Flores, asesinado durante este sexenio. La CFE es una empresa productiva del Estado, pero en el sistema capitalista, las empresas del Estado se manejan con la misma lógica que las empresas capitalistas, es decir, busca maximizar beneficios a costa del consumo de los recursos naturales. Se trata de una forma de propiedad que responde a los planes del Estado y la gran burguesía, que no toma en cuenta a la población, ni está dispuesta a someterse a la planeación popular.
AMLO llego al poder con la promesa de impulsar una transformación profunda a la sociedad y construir una auténtica democracia en México, sin embargo, parece que se está topando con pared frente a varias realidades, todas ellas relacionadas con el hecho de que no es lo mismo ser gobierno que tener el poder. Se encontró que los empresarios con los que pretende llegar a acuerdos no están a gusto con la representación popular a cargo del que ellos consideran su Estado.
Los campesinos de Morelos se manifiestan por su derecho a resistirse a una imposición antidemocrática cuya supuesta aprobación popular nunca dejó de ser señalada como una de las más irregulares de entre todas las que fueron sometidas a consulta. La respuesta que hasta ahora ha ofrecido el gobierno y las instituciones del Estado, ha ido desde la represión, hasta simplemente pretender que nada está sucediendo y continuar con el robo del agua, ya que tomando en cuenta que el río Cuautla estaba concedido a los ejidatarios desde 1926.
Este comportamiento reprobable y que tal vez podríamos calificar hasta de antipopular, es una contradicción total con todo lo que la Cuarta Transformación dice representar. Aquí es donde nos debemos preguntar ¿Qué es lo que el reformismo de la 4T entiende por no traicionar al pueblo? Tal vez no es desde el gobierno que se dan las ordenes de reprimir, y tal vez (muy probablemente de hecho) no es el gobierno quien tiene el poder, es el Estado capitalista después de todo. Sin embargo, esta actitud no se justifica y el no hacer ni el más mínimo esfuerzo por tomar el control de la situación, arrebatándoselo a la gran burguesía, tampoco sirve para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
Huexca va camino a convertirse en un punto de inflexión del desarrollo de la conciencia de clase del proletariado rural y urbano de México, un paso en el aprendizaje de que solamente podemos confiar en nuestras propias fuerzas, así como la prueba de que el margen de acción del reformismo para fines prácticos ya se acabó. Condenamos desde nuestra trinchera todas las imposiciones antidemocráticas que se hacen pasar por desarrollo y nos unimos a los campesinos que hoy se manifiestan por proteger lo que por derecho les pertenece.
El único modo de triunfar en la lucha por la defensa del agua y satisfacer las necesidades verdaderas de los trabajadores, es llevar a cabo una lucha conjunta de todos los sectores oprimidos, para que de esta manera llevar a cabo un desarrollo verdaderamente democrático, planeado con base en las necesidades populares. Esa transformación radical de la sociedad, sólo la podremos construir nosotros en una lucha verdaderamente revolucionaria.
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Fotografia: Marxismo