Por: IISUE. 03/12/2016
Conversamos con Hugo Casanova Cardiel, Ángel Díaz-Barriga y Mario Rueda Beltrán, expertos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), sobre el modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación Pública.
Este diálogo retoma los planteamientos hechos por los propios investigadores en junio de 2015 sobre la reforma educativa. Desde aquel momento hemos sido testigos de una rápida sucesión de acontecimientos políticos. La renuncia de Emilio Chuayffet como titular de la SEP, la accidentada aplicación de la evaluación docente, la reestructuración del IEEPO y el lanzamiento de un nuevo modelo educativo son sólo algunos de los hitos más importantes. En este contexto, pedimos a los especialistas que realizaran un nuevo análisis sobre el panorama educativo del país.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo educativo que presentó el gobierno federal?
Hugo Casanova Cardiel:
Aunque resulta difícil aludir a las fortalezas de un modelo educativo que surge en el último tercio del sexenio, es posible señalar como un hecho positivo que con este documento se hacen explícitos algunos planteamientos pedagógicos que hasta ahora habían aparecido de manera velada en el discurso gubernamental.
Una de las principales características del documento es que desarrolla un planteamiento mucho más conceptual que programático. Y ello es muy poco atinado, pues un gobierno no puede tener como encargo el desarrollo de planteamientos conceptuales o teóricos acerca de la educación; un gobierno debe proponer acciones y propuestas programáticas que ofrezcan alternativas concretas para la educación.
Otra característica del modelo es su posición altamente crítica ante la política educativa del pasado a la cual califica de “vertical y prescriptiva”. Sin embargo, el modelo está elaborado exactamente de la misma forma, ya que no tiene como base una consulta seria con la sociedad, con los maestros o con los especialistas. Todo ello es altamente preocupante porque estamos hablando de un proyecto que define el presente y el futuro de la educación en México.
Desde mi perspectiva, el nuevo modelo abona a la enorme incertidumbre que ha caracterizado la propuesta educativa oficial desde diciembre de 2012 y que está llena de improvisaciones y desatinos. Así, el modelo en vez de aportar claridad, pone a los maestros, padres de familia y estudiantes una vez más en la zona de las indefiniciones.
Ante todo ello, resulta urgente definir una verdadera política de Estado en materia educativa. El nuevo modelo, que debería comenzar a perfilarla, se queda muy lejos de ello debido a una serie de errores de concepción y de diagnóstico. Por ejemplo, afirma que “la escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender”. ¡Y esto es algo que resulta sorprendente! Quienes tienen a su cargo la conducción de la educación pública en este país, ¿no se habían dado cuenta de que nunca ha sido así? ¿no sabían que el aprendizaje antecede a la escuela?
Lo mismo ocurre con la idea de la memorización. El documento dice: “vamos a trascender esta idea”. Sin embargo diversos estudiosos de la educación nos advierten de la importancia de la memoria y sobre los riesgos de abandonarla, argumentando que es una base esencial para el aprendizaje.
El documento también alude a la valoración de la diversidad, la equidad de género, la convivencia pacífica, el respeto a la legalidad, la actitud ética, la ciudadanía, la confianza, la solución de conflictos y a la negociación. Este es un catálogo de valores y principios ciertamente irreprochable. Sin embargo, el modelo no proporciona elementos que permitan entrever cómo alcanzarlos, sino que se limita a enlistarlos como planteamientos ideales. Pero hay un problema mayor: si contrastamos estos principios con la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, con el uso de las balas en Nochixtlán o con la persecución de maestros en todo el país, lo que tenemos es una clara contradicción.
Por otro lado, aunque el documento critica la preeminencia de la administración frente a la academia, lo cierto es que este esquema sigue vigente. Es más, la nueva propuesta educativa tiene implícito este sentido administrativo porque alude a dos elementos que son, fundamentalmente, no educativos: la planeación estratégica y la evaluación.
Se habla también de mejorar los ambientes de aprendizaje, invirtiendo en tecnologías para el aula pero, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el año pasado sólo 10 por ciento de las escuelas de educación básica contaban con un certificado de calidad en su infraestructura. Alrededor de 20 por ciento no tenía agua potable y 4,000 escuelas no tenían energía eléctrica.
Ángel Díaz-Barriga:
Quizá una ventaja que tiene la presentación del nuevo modelo es que se han escuchado opiniones de diversos grupos: empresarios, profesores, pero con una significativa ausencia de investigadores educativos. La autoridad educativa no tiene claro que, si bien debe escuchar a todos, no debe escucharlos de la misma manera. Hay voces que deberían privilegiarse sobre otras. Si fuera un problema eléctrico, tendrían que consultar a los expertos en energía, y esto es lo que estamos subrayando desde la investigación educativa.
En la página 231 de la propuesta curricular dice que sería importante que las universidades establecieran áreas de investigación sobre temas de educación básica. En realidad, somos por lo menos 500 investigadores que trabajamos en ese campo (si sólo tomamos en cuenta los que reconoce el Consejo Mexicano de Investigación Educativa). Hay un desconocimiento muy grande por parte de quienes elaboraron el documento, sobre qué temas desarrolla la investigación educativa en México. Es una descalificación a la investigación.
El senador Romero Hicks afirmó que el objetivo de la legislación era recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Pienso que en realidad se ha perdido esta meta, la reforma no logró recuperar la rectoría del Estado porque es la autoridad educativa la que hoy le da un lugar al SNTE que va más allá de la defensa laboral de sus agremiados. Si revisamos el documento del modelo educativo 2016, encontraremos que en el capítulo “Gobernanza del sistema” el primer actor que se menciona para esa gobernanza es el sindicato. El INEE aparece en quinto lugar y el poder legislativo, en sexto o séptimo lugar. Es cierto que la reforma elimina la mayor parte de venta y herencia de plazas. Esto es algo muy saludable. Pero también hay otro aspecto que se ha perdido: regresar al sindicato a su labor como representante del gremio y dejar a las autoridades las tareas educativas.
En realidad, el modelo expresa una especie de tipo ideal weberiano. Presenta un ciudadano ideal, un ciudadano global. Me imagino a un niño del medio rural que se convierta en ciudadano global, con su computadora y su smartphone. Me parece que exhiben muy poca sensibilidad sobre lo que es este país.
Otra incoherencia es la aspiración de tener una educación bilingüe: que cuando un estudiante termine el bachillerato pueda comunicarse con eficacia en español y en inglés. La experiencia de las escuelas bilingües (todas privadas) es muy clara: un profesor de matemáticas de primer grado da su clase en español y luego llega otro profesor de matemáticas (en general nativo parlante) que trabaja con los alumnos el mismo tema, pero en inglés. Sin embargo, en la propuesta curricular al inglés le dan un horario como una clase más. Si con eso creen que van a formar un sujeto bilingüe están totalmente equivocados. El planteamiento es peor para los estudiantes cuya lengua materna es una de las lenguas originarias del país porque el modelo indica que deberán ser trilingües al concluir el bachillerato. En este caso vemos que al que menos tiene se le exige más.
Y las contradicciones siguen. El nuevo modelo recupera la lógica de la “pedagogía eficientista”, un movimiento estadounidense (con más de un siglo de existencia) el cual considera que los resultados de aprendizaje de los alumnos son consecuencia directa del quehacer del maestro, sin tomar en cuenta otros factores. No obstante, es evidente que hay adversidades que el maestro puede afrontar y hay otras que lo rebasan por completo. Por eso creo que el modelo educativo quiere un “maestro Superman”: un profesional todopoderoso que venza los obstáculos del aprendizaje, de la formación socio-emocional y de la formación ciudadana; que pueda trabajar con la diversidad emocional y de desarrollo personal de los alumnos, sin importar el contexto socioeconómico ni las diferencias culturales.
Por otro lado, el documento usa frases muy atractivas, que provienen de una pedagogía y un debate curricular y didáctico nuevos. Algunas de estas frases son “aprendizaje colaborativo”, “trabajo entre pares”, “currículum flexible”, “autonomía curricular”, “liderazgo del director”, etcétera.
Los autores se inspiraron en lo mejor que hay en el debate educativo contemporáneo, sólo que, para cambiar la práctica educativa de acuerdo con estos conceptos también se requiere reducir el número de alumnos por curso escolar, dotar a las escuelas de lo básico y, como señala el documento, “cambiar todo el mobiliario escolar”. Así, en la propuesta de trabajo colaborativo, no podemos tener mesa-bancos; necesitaríamos tener mesas de trabajo que se pudieran mover fácilmente.
En contraste, tenemos 179,000 escuelas públicas en México, en las cuales se detectaron 635,000 carencias, como no contar con electricidad, baños ni con agua corriente; hay carencia de pizarrones e incluso la ausencia de una construcción sólida. ¡Son más de tres carencias por escuela! ¿Van a subsanar todas estas deficiencias y además van a reemplazar todo el mobiliario escolar
Adicionalmente, el modelo educativo presupone que todas las escuelas tienen grupos de 20 personas, biblioteca de aula, biblioteca escolar, salón de medios e Internet. Esto es una maravilla, pero describe una escuela de Finlandia, no de México.
Para cerrar este punto, diría que la falta de un proyecto para la educación normal es una de las grandes carencias de este documento. El modelo no aborda ninguno de los problemas sustantivos de la formación inicial de los docentes, si bien en unos cuantos renglones recomienda solamente la sinergia entre escuelas normales e instituciones universitarias. Así, no se concibe que sea necesario formar docentes en los temas que aborda el modelo: autorregulación del aprendizaje, uso de las TIC para el aprendizaje, trabajo colaborativo, eliminar la clase expositiva, etcétera. Un ejemplo claro de este vacío es el tema de la flexibilidad y autonomía curricular, pues no se reconoce que éstas deben iniciar en los planes de estudios de las escuelas normales.
Hoy, por ley, sólo existe un plan de estudios nacional para formar maestros, con algunas muy pequeñas diferencias para el caso de las normales rurales; pero, para estas últimas, no se considera la necesidad de trabajar una lengua originaria, ni la necesidad de formar al maestro para escuelas uni o bidocentes: la visión del plan de estudios nacional es formar un docente para trabajar en escuelas urbanas. No se ha permitido que las escuelas normales tengan determinados indicadores académicos, que ejerzan su derecho a construir su propio plan de estudios acorde con sus necesidades.
Mario Rueda Beltrán:
Se puede intuir varias intencionalidades detrás de la presentación del nuevo modelo. Tomemos en cuenta que había una negociación en curso entre la sección disidente del magisterio y el secretario de gobernación. Entonces aparece de nuevo como actor principal el SNTE, reclamando una serie de modificaciones a la evaluación y en ese marco es que se presenta el modelo.
El hecho de que el Sindicato irrumpa de una manera tan fuerte en medio de las negociaciones, cuando apenas se presentaba el modelo por parte del secretario de educación, podría incluso interpretarse como una afrenta, pero lo cierto es que ese modelo evidentemente no había sido consultado con los demás actores.
Hablando específicamente del modelo, me resulta muy difícil dar una opinión, porque se trata de una mezcla de propósitos, aspiraciones y estrategias que no están ubicadas en tiempo y espacio. Se desconocen en los hechos todas las reformas educativas anteriores para plantear un enfoque que se presenta como algo novedoso.
Desafortunadamente, cuando uno va leyendo la nueva propuesta (por lo menos en lo que se refiere a educación básica) parece que continúa con el enfoque por competencias, que aparentemente quiere dejarse atrás con el nuevo título de “una propuesta humanista”. Sin embargo, no sólo no se explica el deslinde de esta propuesta humanista respecto al enfoque por competencias, sino que el mismo documento se refiere a estas últimas en otros momentos.
Hay una gran ambigüedad en el modelo, que en nada ayuda a conocer cuál es el proyecto del Estado respecto a los problemas de la educación y cuál es el discurso que se dirige a los principales actores para que esta nueva propuesta tenga viabilidad o sea realizable.
Yo sintetizaría diciendo que el nuevo modelo no tiene pasado, porque no retoma las experiencias educativas que se han vivido en el país, incluso experiencias de la misma Secretaría de Educación Pública. Y tampoco tiene presente, porque no se reconocen las condiciones reales del sistema educativo, las características de los diversos actores. Sólo a partir de ese reconocimiento se puede comenzar a construir (o reconstruir) una estrategia de política educativa.
Por ejemplo, en la pasada experiencia de evaluación de profesores de secundaria, 40 por ciento de los maestros que imparten la asignatura de inglés obtuvo una calificación de “no apto”. Sin embargo, el nuevo modelo aspira a que cuando los estudiantes terminen su educación básica, puedan leer y escribir fluidamente en inglés, además de manejarse en la lengua castellana y en una tercera lengua si tienen otra cultura de origen. Nadie puede discutir lo importante de esta meta. Sería fabuloso tener una generación de estudiantes completamente bilingües. Pero no hay ninguna mención en el documento que nos indique con qué recursos se va a conseguir. Si no tenemos profesores de inglés “aptos”, ¿cómo se va a atender a tantos millones de estudiantes? Por cierto, tampoco hay ninguna referencia a cómo se modificaría el currículum para dar espacio a una enseñanza de corte bilingüe.
A eso me refiero con que no hay ningún reconocimiento del pasado, y tampoco hay un reconocimiento del presente. Respecto al futuro del modelo, lo ideal es que el proyecto de país trascienda los sexenios. Yo creo que habría que pensar en una planeación de largo aliento. Esto es lo que debería ocurrir. Sin embargo, en los hechos, cada sexenio trata de implantar ideas y particularidades en el campo educativo y, tradicionalmente, el sexenio siguiente pretende hacer borrón y cuenta nueva, desconociendo por completo el avance del periodo anterior. Esto es muy poco apropiado si pensamos en un proyecto educativo. No me gustaría decir que así va a ser con el nuevo modelo, pero por la historia que tenemos es muy poco probable que se retome lo hecho durante esta administración.
Otro tema preocupante es la naturaleza de los cambios. Hacer una propuesta de modificación al sistema educativo (por su tamaño, la dispersión regional y la diversidad cultural) plantea retos realmente considerables que no tienen otros países. A veces se hace la comparación con Finlandia. Sería muy bueno tener las condiciones de ese país, pero nosotros somos México. Somos un país que tiene un sistema educativo de millones de alumnos y miles de maestros. Entonces, un cambio se tiene que planificar de una forma totalmente distinta.
Primero, es necesario tener una idea clara de qué se espera del proyecto educativo, un proyecto vinculado con la sociedad que somos, con los recursos económicos y humanos que tenemos, no con los que quisiéramos tener. Los maestros que tenemos actualmente han recibido distintas formaciones para ejercer el magisterio. Actualmente hay por lo menos tres generaciones de maestros en servicio a las que se les ha formado para hacer cosas distintas.
Por último, la propuesta contenida en el nuevo modelo educativo, además de ser poco clara, está disociada de la formación de los maestros. Las escuelas normales apenas están siendo analizadas para ver qué modificaciones sufrirán con el fin de producir los maestros que el modelo requiere. Se les ha dejado totalmente al margen de la propuesta educativa, y esto contribuye a la confusión respecto a cómo se va a implementar.
¿Qué papel tiene el saber educativo en el debate? ¿Ha ganado mayor presencia?
Hugo Casanova Cardiel:
En los primeros momentos de la reforma se tenía la idea de que las voces académicas no estaban siendo consideradas. Yo creo que esto se ha revertido en alguna medida. Las voces académicas tienen una presencia significativa en los espacios de discusión que se están generando, tanto por parte del gobierno como del magisterio democrático.
La educación requiere el saber para irse definiendo. No quiere decir que las voces de la sociedad en general no sean escuchadas, pero sería un desperdicio que el sector académico (que tiene la delegación de la sociedad para pensar la educación) no sea considerado en las grandes decisiones.
Ángel Díaz-Barriga:
Es evidente que los autores del modelo se informaron bien, por lo menos en la parte curricular y didáctica. Pero, ¿qué leyeron? Está claro que una de sus fuentes principales de información proviene de documentos de la OCDE. Tema preocupante, porque la OCDE tiene el propósito de homologar la formación y la ciudadanía globalmente, sin reconocer las diferencias y las distancias culturales que hay en cada país.
En este sentido, el foro convocado en agosto de este año por el senado denominado “A tres años de la reforma educativa” es lo mejor que se ha logrado hacer a últimas fechas en este país en materia educativa. Las mesas de discusión tuvieron como característica la pluralidad: cada una estuvo integrada por un profesor que relató las afectaciones que vive a partir de la reforma; un funcionario de la SEP que en general defendió los “logros” de la reforma; un miembro del INEE que reconoció los logros (el número de maestros evaluados, los resultados que obtuvieron), así como algunos “problemas” como áreas de oportunidad para mejorar el sistema de evaluación del desempeño; y un investigador que ha estudiado o analizado el problema de la evaluación del desempeño desde múltiples aristas.
¿Qué impacto tuvieron? Me temo que menos del esperado. En mi caso presenté por lo menos diez puntos que modificar en las leyes secundarias, entre los que estaba quitar la palabra “medición” y obligar al INEE a que haga observaciones en el aula. No dije “no a la evaluación”, sino “sí a la evaluación, pero de otra manera”. Algún miembro de los organizadores del foro tuvo la amabilidad de escribirme para decir: “no habrá modificaciones a las leyes secundarias”. Es una lucha de David contra Goliat, pero es uno de los pocos espacios públicos institucionales en donde se nos ha abierto la posibilidad de expresar los resultados de la investigación y el conocimiento acumulado. Cuestión a la que se había negado sistemáticamente la autoridad educativa y los colegas del INEE.
Ellos no quieren escuchar que la evaluación actual es punitiva, no sólo porque amenace el empleo de los maestros, sino por el grado de tensión y de incertidumbre que crea. Un docente no puede vivir tres o cuatro meses con la incertidumbre de qué tiene que hacer para el examen. Es punitiva porque la ley no establece instancias que analicen cuándo un docente no está en condiciones de ser evaluado. Por ejemplo, en 2015 se presentaron maestras que habían concluido su embarazo por una cesárea, maestras en estado avanzado de embarazo, éstas son claras violaciones a los derechos humanos y los docentes no encuentran protección en la ley. Es punitiva cuando genera que los docentes tengan que pelear, golpear y recibir insultos de sus compañeros docentes para ingresar al lugar de evaluación. Es punitiva cuando las preguntas del examen que presentan no refleja su práctica pedagógica, cuando se parte del manejo de normas de seguridad que no necesariamente representan la forma como un profesor resuelve los conflictos cotidianos que tiene con sus alumnos. Es punitiva cuando permite que alumnos y padres de familia pregunten sobre qué calificación obtuvo el docente en su evaluación.
Mario Rueda Beltrán:
Sin duda participaron académicos en la creación del modelo, pero creo que fue un documento realizado muy coyunturalmente, de forma apresurada. No creo que haya habido consultas amplias, determinando actores académicos relevantes que participan constantemente en la vida pública del país.
Ahora se están proponiendo foros, invitando académicos para que opinen, incluso solicitándole a una institución que sistematice las opiniones y las incorpore, pero estas iniciativas son poco pertinentes, dado el avance que ya tiene la discusión y la gravedad de los problemas que se han identificado en el sistema educativo mexicano.
A lo largo de la historia hemos visto que los aspectos políticos se imponen a los aspectos técnicos derivados del conocimiento. Por ejemplo, se crea el INEE. Y ¿quiénes determinan lo que se va a hacer y en qué tiempos se va a hacer? ¡Los diputados y senadores! Cuando se realizó la evaluación de los profesores, no hubo ninguna consideración de si había tiempo suficiente para elaborarla correctamente. Incluso hubo una solicitud de la responsable del Instituto para que los tiempos se extendieran y la respuesta fue: eso ya está en la ley, es inamovible.
Entonces sí creo que la política se ha impuesto sobre la academia. Los últimos secretarios de Educación han sido candidatos o precandidatos para la presidencia u otro cargo. El gobierno ve la titularidad de la SEP como un puesto intermedio mientras se obtiene otro mejor. Esto refleja que no hay una preocupación real para atender el tema de la educación.
¿Cuáles serían posibles salidas ante el escenario que estamos viviendo?
Hugo Casanova Cardiel:
Tenemos una política educativa en extremo cambiante: dos secretarios de educación, múltiples iniciativas y hasta de ocurrencias como la de ¡suspender la evaluación en el periodo de elecciones! Acaso la mayor constante ha sido la condición de no-escucha pero también de represión por parte del gobierno. Por otro lado, el sector magisterial y particularmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha aprovechado su capacidad de movilización para sentar al gobierno a negociar y hasta para generar algunas modificaciones en la política gubernamental. Sin embargo queda claro que los momentos de diálogo han sido las excepciones.
Todo ello nos confirma que el problema ha desbordado el ámbito de la educación y ha llegado a cimbrar el esquema de gobernabilidad, el marco de gestión gubernamental y, finalmente, la estabilidad nacional. Ante esto, ¿qué salidas hay? Mi análisis tiene dos aristas: lo que veo de una manera fría y lo que deseo de una manera ferviente. Por un lado, el conflicto difícilmente puede tener solución si el gobierno no cede en cuestiones esenciales. Por otro, me gustaría que pudieran construirse condiciones de acercamiento, de sensibilidad, de escucha hacia los sectores sociales.
¿Debe ser abrogada la reforma? Hay diversos actores que proponen esta solución y no se los podríamos reprochar, pero mi posición es que hace falta una reflexión profunda y seria de los ordenamientos normativos. El poder legislativo tiene una gran responsabilidad al respecto. Es fundamental: convocar a un gran diálogo con los senadores (como ocurrió hace algún tiempo) y con los diputados para enterarlos de las consecuencias y las posibilidades de la reforma. Sólo entonces podremos comenzar a pensar si se cancela, se suspende o se congela la reforma educativa. Debemos recordar que nos estamos jugando el futuro de la nación.
Una salida que ya hemos planteado antes es la de impulsar un diálogo educativo nacional. Es urgente que las más diversas fuerzas sociales, empezando por los maestros, discutan y definan un marco educativo para todo el país. Un marco en el que puedan reconocerse los grandes retos de la educación, donde podamos devolver el respeto al magisterio nacional y donde podamos impulsar una sólida educación pública que se sume al necesario proyecto nacional de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Ángel Díaz-Barriga:
El presidente Enrique Peña Nieto tiene en sus manos la solución, pero no la ha querido establecer. Es tan sencillo como pedir que se suspenda la evaluación hasta que se revisen las leyes. El presidente no puede argumentar que las leyes no se revisan porque él mismo se reunió cuatro o cinco horas con un grupo de empresarios para modificar la ley 3 de 3.
Si realmente se establece un modelo de evaluación formativa de la docencia, el presidente se puede colgar una medalla más grande que las olímpicas, pero sus asesores lo tienen que ayudar, empezando por el Secretario de Educación Pública y por la Junta Directiva del INEE que puede pedir al Congreso las modificaciones urgentes de las leyes secundarias de la reforma.
Aparentemente, Peña Nieto cree que si cede a las leyes secundarias, cede a la reforma. Y no es cierto. Puede desactivar el conflicto diciendo “la evaluación se suspende hasta que revisemos las leyes” y, entonces sí, convocar a docentes, especialistas en didáctica y profesión docente, así como especialistas en evaluación, a que comentemos qué puntos de la ley pueden modificarse.
Mario Rueda Beltrán:
Según el secretario de educación anterior, toda la reforma era para recuperar la rectoría del sistema educativo. La interpretación que yo hago es que por este concepto ellos entendían tener un mayor control sobre el sindicato. Y me parece que ese control se trató de lograr fundamentalmente a partir de la evaluación de los maestros. Yo creo que ese es el verdadero inicio del problema: hay un asunto relacionado con la política (quién decide sobre la educación, qué consecuencias tienen sus decisiones), y este problema se intenta abordar, no desde una perspectiva política, sino a través de un instrumento técnico, que es la evaluación. Por supuesto que esto no ha funcionado.
Una posible salida al escenario actual sería regresar a la política, distender la situación políticamente. Sólo cuando haya un ambiente político adecuado se podrán crear las condiciones para que se convoque a la participación de los actores educativos (maestros, sindicatos, gobierno, académicos). Y entonces sí, generar un proyecto educativo que responda a las necesidades del país. Un proyecto donde se refleje la riqueza de la diversidad que somos.
Hugo Casanova Cardiel es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Cum Laude) por la Universidad de Barcelona, e Investigador Titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).
Ángel Díaz-Barriga es Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.
Mario Rueda Beltrán es especialista en evaluación educativa y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis, Francia. Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
Fuente: http://www.iisue.unam.mx/boletin/?p=4514
Fotografía: iisue.unam