Por qué me quieren condenar

Se lo que hice antes, durante y después de haber sido presidente. Nunca hice nada ileal, nada que pudiera manchar mi historia. Goberné Brasil con seriedad y dedicación porque sabía que un trabajador no podía fallar en la Presidencia. Las falsas acusaciones que me lanzaron no apuntan exactamente hacia mi persona, sino al proyecto político que siempre representé: el de un Brasil más justo, con oportunidades para todos.

En vísperas de completar 71 años, veo a mi nombre en el centor de una verdadera cacería judicial. Filtraron mis cuentas personales, las de mi esposa y la de mis hijos. Interceptaron mis conversaciones telefónicas y divulgaron el contenido, invdieron mi casa y me llevaron a la fuerza para declarar, sin motivo razonable y sin base legal. Están a la búsqueda de un delito para acusarme, pero no lo encontraron ni lo encontrarán.

Desde que esta cacería comenzó, en la campaña presidencial de 2014, cumplo con los caminos judiciales sin renunciar a mi agenda. Sigo viajando por el país, encontrándome con sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos para debatir y defender el proyecto de transformación de Brasil. No me frenado para lamentarme y no desistí de la lucha por la igualdad y la justicia social.

En estos encuentros renuevo mi fe en el pueblo brasileño y en el futuro del país. Constato que está viva en la memoria de nuestra gente cada conquista alcanzada por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT):  los programas Bolsa Familia, Luz Para Todos, Mi Casa Mi Vida, el programa de fortalecimiento de la agricultura familiar y la valorización de los salarios, en conjunto, proporcionaron el mayor ascenso social de todos los tiempos.

Nuestra gente no olvidará de los millones de jóvenes pobres y negros que tuvieron acceso a la educación superior. Va a resistir a los retrocesos porque Brasil quiere más, y no menos, derechos.

No puedo callarme, sin embargo, frente a los abusos cometidos por agentes del Estado que usan la ley como instrumento de persecución política. Basta observar la recta final de las elecciones municipales para constatar la caza al PT: la aceptación por parte de un juez de una denuncia de la fiscalía contra mi, cinco días después de haber sido presentada, y la detención de dos ex ministros de mi gobierno fueron episodios espectacularizados que con certeza interfirieron en el resultado de los comicios.

Jamás practiqué, autoricé o me beneficié de actos ilícitos en Petrobras o en cualquier otro sector del gobierno. Desde la campaña electoral de 2014 se trabaja con la narrativa de que el PT no es un partido sino una “organización criminal” y yo el jefe de esa organización.

Esta idea fue machacada sin descanso por los titulares de la prensa, las portadas de revistas, la radio y la televisión. Necesita ser probado por la fuerza ya que “no existen hechos, sino convicciones”.

No descarto que mis acusadores crean en esta tesis maliciosa, quizás juzgando a los demás por su propio código moral. Pero queda en evidencia la falta de proporción entre los miles de millones de desvíos investigados y los que apuntan como el supuesto botín del “jefe”, dejando en evidencia la falacia de esta narrativa.

Percibo también una peligrosa ignorancia de agentes de la ley sobre el funcionamiento del gobierno y de las instituciones. Llegué a esa conclusión en los testimonios que ofrecí a los comisarios y fiscales que no sabían cómo funciona un gobierno de coalición, cuál es el trámite de un decreto provisorio, cómo se produce en una licitación, cómo se analiza la aprobación, colegiada y técnica, de financiamientos como de un banco público, como el Bando Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

En estas declaraciones, nadie preguntó objetivamente sobre las hipótesis de la acusación. Tengo la impresión de que no fueron más que ritos burocráticos vacíos, para cumplir etapas y atender las formalidades del proceso. Definitivamente, no sirvieron al ejercicio concreto del derecho de defensa.

Pasados dos años de operaciones, siempre filtradas a la prensa con sensacionalismo, no lograron encontrar nada capaz de vincular mi nombre a los desvíos investigados. Ningún centro no declarado en mis cuentas, ninguna empresa fantasma, ninguna cuenta secreta.

Hace 20 años vivo en el mismo departamento en Sao Bernardo do Campo. Entre las decenas de delatores procesados, ninguno dijo que trató algo en forma ilegal o deshonesto conmigo, pese a que los agentes públicos insistían para que lo hicieran, hasta como condición para obtener beneficios.

La ausencia de seriedad, la desproporción y la falta de base de legal de las denuncias sorprenden y causan indignación, así como la avidez con la que son procesadas en el juicio. Ya no les importan los hechos, pruebas o normas procesales. Denuncian y procesan por mera convicción y es grave que las instancias superiores y los organismos de control funcional no tomen medidas contra los abusos.

Me acusan por ejemplo de haber ganado ilicitamente un apartamento que nunca me perteneció y no perteneció por la simple razón de que no quise comprarlo cuando me fue ofrecida la oportunidad, incluso después de unas reformas que se le realizaron que, obviamente, serían incluidas en el precio. Como es imposible demostrar que la propiedad sea mia, porque nunca lo fue, me acusan de ocultarla, en una trama surrealista.

Me acusan de corrupción por haber ofrecido conferencias a empresas investigadas en la Operación Lava Jato. ¿Cómo puede ser acusado de corrupción si no soy más un funcionario público desde 2011, cuando comencé a dar conferencias?¿ Cuál es la relación entre los desvíos de Petrobras y las presentaciones, todas documentadas, que hice para 42 empresas y organizaciones de diversos sectores, no apenas las cinco firmas investigadas, cobrando precio fijo y pagando impuestos?

Mis acusadores saben que no robé, no fui corrompido ni intenté obstruir a la justicia, pero no lo pueden admitir. No pueden retroceder después de la masacre que promovieron en los medios. Se conviertieron en prisioneros de las mentiras que crearon, la mayor parte de las veces a partir de notas periodísticas facciosas y sin rigor. Están condenados a condenar y deben evaluar que, si no me detienen, serán ellos los desmoralizados ante la opinión pública.

Intento entender esta cacería como parte de la disputa política, más allá de que sea un modo repugnante de lucha. No es a Lula al que buscan condenar, es al proyecto político que represento junto con millones de brasileños. En el intento de destruir una corriente de pensamiento, están destruyendo los fundamentos de la democracia en Brasil.

Es necesario destacar que nosotros, en el PT, siempre apoyamos la investigación, el juicio y la sanción a quien desvía dinero del pueblo. No es una afirmación retórica: hemos combatido la corrupción en la práctica.

Nadie actuó tanto para crear mecanismos de transparencia y controlar el dinero público para fortalecer la Policía Federal, el ente fiscal y al Ministerio Público, para aprobar en el Congreso leyes más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Esto es reconocido incluso por los fiscales que nos acusan.

Tengo la conciencia tranquila y el reconocimiento del pueblo. Confío en que tarde o temprano la justicia y la verdad prevalecerán, aunque sea en los libros de Historia. Lo que me preocupa, y a todos los demócratas, son las continuas violaciones al Estado de Derecho. Es la sombra del estado de excepción que está acechando al  país.

Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil (2003-2010) y en la actualidad es presidente de honra del PT.

El original en portugués se publicó en el diario Folha de Sao Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/10/1823740-por-que-querem-me-condenar.shtml

Traducción: Pablo Giuliano