Por: Nodo de Derechos Humanos. 27/06/2025
Los intentos por constitucionalizar y legalizar la militarización han sido persistentes desde la década pasada, pero en los últimos años se han materializado aún más claramente, pese a protestas y señalamientos constantes.
Con la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional se elimina por completo lo poco que quedaba de civil en esta estructura. Desde el año pasado ya se había avanzado en esta dirección con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución. Ahora, en un período legislativo extraordinario, marcado por una considerable cantidad de iniciativas preocupantes—como aquellas relacionadas al marco legal sobre la Desaparición Forzada en México—, se aprobó esta ley en completa opacidad el 24 de junio de 2025.
Más y más militarización
La propuesta se justifica apelando al Humanismo Mexicano y en nombre de la “esencia de los pueblos originarios y de la historia de México, representado por las culturas milenarias”, es decir que la militarización y militarismo, encima de todo, se buscan legitimar en nombre de los pueblos indígenas. Además, se justifica la medida en el marco del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como si la reforma fuera a fortalecer los derechos individuales y colectivos.
En paralelo, diversas declaraciones de legisladores favorables a la iniciativa sostienen que estas reformas aportarán “certeza”, “seguridad jurídica” y un “marco legal” a las labores militares, argumentando que esto es esencial para alcanzar los objetivos de la estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, en los hechos, esto no implica una mayor garantía para los derechos humanos; al contrario, significa una violación legalizada de los mismos.
La secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, afirmó que “no se le dará ningún uso político gracias a los candados y medidas de seguridad”, pero evitó referirse directamente a la ambigüedad con que está redactado el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Aunque reiteradamente se trate de justificar a través de la retórica oficialista la militarización, las graves afectaciones a los derechos humanos no se pueden ocultar.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha protagonizado detenciones arbitrarias, ejecuciones de personas inocentes, y, según múltiples testimonios provenientes de comunidades indígenas afectadas por proyectos extractivos, ha intimidado sistemáticamente a las poblaciones locales. Además, la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional ha coincidido con un incremento sospechoso de violencia, narcotráfico y presencia de cárteles en esas zonas.
La estrategia de militarización y la cultura militarista no han cumplido su supuesto objetivo de pacificar el país, de detener la guerra. No sorprende pues es un sin sentido trazar un presunto camino hacia la paz fortaleciendo constantemente la vía militar. Las aberrantes cifras de desapariciones dan cuenta de una creciente violencia, donde prevalecen la mercantilización de la vida, la normalización de la crueldad y la imposición de controles autoritarios claramente asociados con prácticas militares. Basta recordar las prácticas de los equipos de fuerzas especiales y de las tácticas contrainsurgentes y paramilitares de las fuerzas armadas mexicanas que derivaron en las fuerzas narcoparamilitares de grupos como los Zetas y ahora del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Es especialmente grave que mientras desde la Presidencia se intensifica la dinámica de descalificación de las disidencias bajo el discurso de que toda crítica es “oposición”, se den pasos hacia una militarización profunda de la vida política nacional. Esta combinación puede cristalizar prácticas profundamente autoritarias, donde las violaciones a los derechos humanos se legitiman y justifican por la narrativa oficial, desconociendo sistemáticamente la realidad y las críticas provenientes de movimientos sociales genuinos, que van más allá del ámbito partidista.
Los intentos por constitucionalizar y legalizar la militarización han sido persistentes desde la década pasada, pero en los últimos años se han materializado aún más claramente, pese a protestas y señalamientos constantes. Numerosas organizaciones civiles, colectivos, comunidades originarias y víctimas han luchado por establecer procesos de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición ante los crímenes cometidos por fuerzas armadas, exigiendo transparencia y rendición de cuentas, y abogando por la desmilitarización de la seguridad pública.
Estos procesos de securitización/militarización no son exclusivos de México. Diversos pueblos de Estados de Centro y Sudamérica también han denunciado los efectos nocivos de la militarización. Por ejemplo, en la Araucanía chilena, la militarización avanza contra el Pueblo Mapuche que resiste a la deforestación; en El Salvador prevalece el régimen de encarcelamiento masivo; en Ecuador, se reprime militarmente a quienes defienden territorios de la explotación minera canadiense. Estos ejemplos, documentados ampliamente por organizaciones de derechos humanos, evidencian un incremento sistemático del número de elementos, armamento y presupuesto militar.
Recientemente en Argentina, organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales alertaron sobre los riesgos del decreto presidencial de Javier Milei que reforma la Policía Federal, posibilitando la vigilancia masiva, el perfilamiento discriminatorio y la represión a la protesta, entre otras intervenciones sin control judicial. Algo similar sucede en Ecuador, donde el presidente Noboa aprobó una Ley Orgánica de Inteligencia que permite el espionaje sin garantías judiciales, como la revisión de comunicaciones telefónicas y virtuales.
La nueva normativa en México establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, para ejecutar, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. También que el titular de la Comandancia será un General de División en activo. Asimismo, transfiere todo el mando, recursos y personal a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a su titular. Somete a los miembros de la Guardia Nacional a la justicia militar por cualquier acto relacionado con su servicio. Esto difumina peligrosamente la frontera entre las funciones militares, policiales y administrativas.
Uno de los aspectos más preocupantes es que uno de los fines sea “salvaguardar los bienes y recursos de la Nación”, pues nos remite inmediatamente al decreto presidencial de López Obrador del 18 de mayo de 2023 donde declaró a las obras de infraestructura (megaproyectos) gubernamentales como materia de seguridad nacional, lo que en conjunto con esta nueva normativa abre la puerta a una represión brutal y masiva de los movimientos y comunidades que defiende sus territorios del progresismo y desarrollismo colonial y rapaz.
Cambios que implican las reformas
Estas reformas convierten la única fuerza policial a nivel federal en una fuerza militar y genera un peligroso híbrido policíaco-militar:
Mando y control
- Transfiere el mando, los recursos y el personal de la GN a SEDENA; crea una cadena de mando militar única hasta los despliegues estatales y municipales.
- Desplaza el modelo civil de la SSPC adoptado en 2019.
Jurisdicción
- Sujeta a los miembros de la GN a la justicia militar por toda conducta relacionada con el servicio; sólo habrá concurrencia con tribunales civiles para delitos ordinarios no considerados de servicio.
- Reactiva un sistema condenado repetidamente por la Corte Interamericana (p. ej. Radilla Pacheco).
Facultades policiales
- Autoriza a la GN a realizar las tareas de una policía preventiva, investigaciones penales, control migratorio, vigilancia aduanera y protección de “instalaciones estratégicas” en todo el país.
- Realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos, poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes, recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos.
- Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.
- Difumina la frontera entre tareas militares, policiales y administrativas.
Uso de la fuerza
- Sustituye la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de 2019 por manuales operativos militares aprobados por SEDENA.
- Los manuales no son públicos, carecen de control legislativo e incorporan reglas de combate.
Detención e inteligencia
- Permite a la GN realizar detenciones “en flagrancia o cuando lo requiera la seguridad pública” y recabar inteligencia estratégica sin orden judicial.
- Redacciones más amplias que los estándares constitucionales de arresto (art. 16) y vigilancia.
- Realizar investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, en coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
- Recabar información en lugares públicos.
- Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito.
- Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos.
Presupuesto y bienes
- Transfiere toda la infraestructura de la policía federal, cuarteles y redes de radiocomunicación a SEDENA; fija un piso presupuestal multianual ligado a un porcentaje del gasto en defensa.
- Asegura gasto militar y limita el futuro control civil.
Riesgos de la nueva legislación
La militarización de la única fuerza policial federal y los términos en los que se hacen estas reformas presentan graves riesgos como:
Militarización permanente de la seguridad interna
La lógica, entrenamiento y opacidad castrenses sustituyen a la policía civil, contrario a la doctrina de la Corte Interamericana que exige que la participación militar sea excepcional, temporal y subordinada.
El carácter permanente que se brinda al funcionamiento de la Guardia Nacinal contraviene por completo los aprendizajes que han dejado otras atrocidades, algunas de ellas que han llegado al sistema Interamericano de defensa de derechos humanos, como es el caso Alvarado Espinoza y otras vs. México. La Corte Interamericana estableció claramente el riesgo de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana asignándole la cualidad de extraordinaria, es decir que en casos excepcionales se diera la intervención militar, se justificara y resultara “excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario”.
Erosión de la supervisión civil y la transparencia
Se eliminan la revisión legislativa de reglas de enfrentamiento, la publicidad de información operativa y se asignan las investigaciones disciplinarias a fiscales militares, generando impunidad estructural.
El complemento al tema de la excepcionalidad referente al carácter temporal del uso de la Fuerzas armadas es la necesidad de contener y fiscalizar a éstas desde el ámbito civil. La regulación y fiscalización de la Guardia Nacional con ésta nueva ley es prácticamente nula.
Expansión de la jurisdicción militar sobre violaciones de derechos humanos
Al clasificar la mayoría de la actuación de la GN como “de servicio”, casos de tortura, ejecuciones o desapariciones volverían a juzgados castrenses, en contra de los precedentes Radilla Pacheco, Rosendo Radilla, Inés y Valentina y la reforma constitucional de 2014.
Menores garantías de debido proceso en arrestos y vigilancia
Cláusulas vagas sobre “necesidad de seguridad pública” permiten registros, ingreso a domicilios y espionaje sin autorización judicial previa, aumentando detenciones arbitrarias y espionaje a periodistas, activistas y defensores indígenas.
Dilución de la rendición de cuentas por uso letal de la fuerza
Al sustituir la ley civil por manuales internos se eliminan umbrales de proporcionalidad, peritajes independientes y certificaciones de capacitación, incrementando la probabilidad de fuerza excesiva o letal.
Amarre presupuestal del rol castrense
El piso de gasto dificulta política y fiscalmente cualquier futura desmilitarización y reduce el espacio para fortalecer instituciones policiales civiles.
Militarización de la seguridad, militarismo político y una dinámica de guerra
Entre 2019 y 2025 hubo 1816 quejas contra la Guardia Nacional ante la CNDH de las cuales sólo 13 se convirtieron en recomendaciones. Organizaciones de Derechos Humanos, agencias de la ONU y medios de comunicación han documentado múltiples crímenes, algunos de los cuales han llegado a ser investigados por la Fiscalía, aunque la mayoría se mantienen impunes. Crímenes como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, homicidio culposo, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, desaparición forzada, y violencia contra migrantes, en lugares geográficamente tan distantes como Chiapas, Chihuaua, San Luis Potosí o Sonora, lo que da cuenta de un problema sistémico, no de casos aislados o localizados. La inmensa mayoría de los casos no han sido investigados y la magnitud de problema es minimizada por el gobierno federal.
Con la aprobación del combo de reformas que hemos llamado #Ley Control, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es mostrarnos su rostro militarista. Un autoritarismo que amenaza a quien no calla y que niega las disidencias que claman por el respeto a los derechos humanos queriéndonos comparar con la oposición mezquina. Las mismas estructuras militares que han sido premiadas y que hoy son fortalecidas con ésta nueva ley han sido sistemáticamente encubiertas, protegidas y defendidas en pleitos diplomáticos, un caso emblemático es el del General Salvador Cienfuegos. La impunidad que protege a las fuerzas armadas cada día se legaliza más. La Guardia Nacional es el disfraz que garantiza que las mismas estructuras militares operen en la vida civil con toda legalidad y que sus crímenes transcurran con absoluta impunidad. Se ha convertido en un símbolo armado, institucionalizado de lo que es otra simulación más de la autodenominada “cuarta transformación”, la construcción de la paz. Es un nuevo cambio de piel del mismo sistema violento, colonial y capitalista, que en esencia es lo que han sido estas últimas administraciones.
Este proceso de militarización representa la continuidad de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) adaptando su discurso a las necesidades de la hegemonía geopolítica actual, pero con los mismos fines de control sobre la población, particularmente de aquellas que defienden el territorio, los derechos humanos y la autonomía; así como con el fin de proteger al Estado e intereses económicos, legales e ilegales, de cualquier protesta o señalamiento.
La dinámica de guerra que se afianza con la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional en combinación con el reforzamiento de la dinámica capitalista y colonialista de ésta administración genera condiciones para que tengan lugar más violaciones de derechos humanos, más actos atroces y que la dinámica de saqueo, despojo y mercantilización de la vida cuente con respaldo, control, vigilancia, represión y la guerra en sí. Una guerra más que se ejecuta en nombre de la paz.
Es necesario manifestar nuestra indignación con la aprobación de éstas leyes, negarnos, romper con la idea de que solo la “oposición” partidista y oportunista existe. Sabemos que desde abajo la realidad se ve de otro modo, no podemos permitir que en nombre de la “transformación” se refuerce y legalice un estado autoritario. Arriba se niegan a reconocer que son más parecidos a las administraciones anteriores de lo que ello/as mismos quieren reconocer, pero en el abajo que tiene dignidad y que sabe que las migajas no son cambio verdadero sabemos que huele a guerra, a engaño.
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Fotografía: La dobe
