Por: Biodiversidadla. 01/04/2025
Ecologistas en Acción denuncia que las declaraciones y facilidades anunciadas por gobiernos al oligopolio tecnológico desoye los profundos impactos energéticos, sociales y ambientales de la instalación masiva de estos centros.
En los últimos meses han proliferado numerosos proyectos de centros de datos por todo el territorio. La posición geográfica de la Península Ibérica, el menor coste del suelo y del suministro eléctrico, junto a las numerosas protestas contra los centros de datos en el centro y norte de europa, han situado al Estado español en el centro de los planes de expansión del oligopolio tecnológico, fondos de inversión y otros actores. Ecologistas en Acción critica que estos proyectos responden únicamente a criterios de rentabilidad para empresas privadas, como Amazon, Google, Meta y Microsoft, que invertirán 300.000 millones en centros de datos e infraestructuras asociadas a la inteligencia artificial (IA) en 2025, sin considerar el interés general ni los impactos ambientales.
A esta ola se han sumado importantes dirigentes políticos que prometen facilitar la llegada de estas empresas al territorio peninsular y colaboran en la creación de falsas expectativas como las del empleo. Sin embargo, aunque estas infraestructuras se presentan como grandes oportunidades económicas, las experiencias conocidas demuestran que los empleos generados son muy inferiores a los anunciados, mientras que los beneficios acaban en las manos de las promotoras. Los problemas que generan, sin embargo, los sufrirá toda la ciudadanía.
Elevado consumo eléctrico
En el caso de España, la potencia a finales de este año se situaba entre 300 Mw y 350 Mw, unas instalaciones que se pretenden como mínimo quintuplicar en 2030 ascendiendo a unas cifras entre 1.000 y 1.750 Mw. Esto significaría un consumo anual entre 8,8 Twh y 15,33 Twh, lo que implica entre el 3,4% y el 5,9% del total de energía eléctrica consumida en España. Un consumo que superior al de cualquier comunidad autónoma, a excepción de Andalucía, Catalunya, Madrid y el País Valencià, y que podría retrasar varios años la neutralidad climática.
Ecologistas en Acción considera que, en un contexto de emergencia planetaria, la reducción del consumo es imperativa, por lo que fomentar la implantación y la regulación “a la carta” de estos proyectos supone una irresponsabilidad que compromete la transformación energética necesaria. En ese sentido, la organización ecologista señala que el enorme consumo de estos centros de datos podría suponer la ocupación innecesaria de miles de hectáreas del territorio, o lo que es aún peor, “seguir dando alas a los combustibles fósiles y la energía nuclear”.
Elevado consumo de agua en regiones con estrés hídrico
Además del consumo energético, los centros de datos demandan grandes cantidades de agua para refrigeración, ubicándose en zonas con estrés hídrico y riesgo de desertificación. La instalación de centros de datos incrementará exponencialmente este consumo, concentrando la demanda en las zonas donde se ubiquen. Además estos centros necesitan aguas depuradas, ya que así tardará más en ocurrir el proceso de proliferación de algas y microorganismos que perjudican los componentes eléctricos, lo que incrementa el coste energético, social y ambiental.
En Talavera de la Reina, el pico del consumo de un centro de datos proyectado será de 120 litros por segundo, lo que equivale a más de la mitad del consumo total de la ciudad si funcionara a plena potencia todo el año y supondría un 7% del total de agua disponible en esa zona. En Aragón, el consumo de agua de los centros de datos en el mes de julio equivaldría al consumo de una población de 95.000 personas, que, aunque existan actividades productivas más consumidoras de agua, no deja de ser un consumo que impacta en regiones con un riesgo severo de sequía y desertificación.
Cabe recordar que, en Países Bajos, Meta decidió cancelar el proyecto que hoy se traslada a Talavera porque hubo una sequía y se les retiró la categoría de “proyectos de importancia nacional”, lo que suponía que ya no tenían suelo público reservado en exclusiva para ellos, ni agua asegurada en caso de escasez. Los responsables políticos no parecen compartir esa preocupación en nuestro territorio, donde se calcula que, en el año 2030, el 40% de los españoles vivirá en zonas con escasez hídrica.
La organización ecologista rechaza el modelo de crecimiento exponencial y sin límite de los grandes intereses tecnológicos. Un “negocio energívoro” donde el almacenamiento de datos en la nube y particularmente la irrupción de la inteligencia artificial provocará que en 2026 su consumo ecléctico será solo superado por el consumo de China, EE UU y la India. Frente a los intereses del oligopolio tecnológico, y las injerencias en la opinión pública y en los procesos electorales, se hace necesario incrementar la democracia y establecer límites a las tecnológicas. Unas empresas que no han dudado en quedarse con millones de datos de las persianas para comerciar con ellos, tanto para obtener beneficios como para utilizarlas para manipular la opinión pública e interferir en procesos electorales.
Ecologistas en Acción exige un debate público en el que abordar qué tipo de tecnología es posible y deseable, estableciendo las salvaguardas sociales y ambientales necesarias.
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Fotografía: Biodiversidadla