Por: Adhik Arrilucea. 12/05/2025
La organización recurrirá el fallo que la obliga a pagar 660 millones de dólares, mientras los movimientos ambientalistas refuerzan las redes de apoyo para defender el planeta.
La Justicia estadounidense ha asestado un nuevo golpe a la lucha ecologista. Un jurado de Dakota del Norte ha declarado culpable a Greenpeace y reclama 660 millones de dólares (casi 610 millones de euros) que deberá pagar a la empresa petrolera y gasista Energy Transfer. Un castigo ejemplarizante que criminaliza el ecologismo en particular y la protesta en general.
Energy Transfer demandó a Greenpeace por difamación, disrupción y daño a la propiedad por unas protestas de la organización en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Esta acción judicial es conocida como SLAPP (por sus siglas en inglés, pleito estratégico contra la participación pública). Se trata de denuncias a activistas y movimientos sociales que buscan desarticular su potencial de protesta, según explica a Público Serlinda Vigara Mas, portavoz de Novact, organización coordinadora de Defender a quien Defiende.
Esta SLAPP o «mordaza económica» busca «sangrar a la organización y decapitarla legalmente en beneficio del lobby petrolero», critica en declaraciones a este diario Agnès Delage, catedrática de Ciencias Sociales en la Universidad Aix-Marsella y miembro de Rebelión Científica. «Esto no solo afecta a ecologistas, sino también a periodistas, sindicatos, artistas y hasta investigadores», añade.
«Todo esto forma parte de un renovado impulso por parte de las grandes corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia», ha declarado Sushma Raman, directora ejecutiva de Greenpeace EEUU en un comunicado que recoge la organización.
«Es un momento triste para el activismo y la desobediencia civil, pero este veredicto no es el final de nuestra lucha contra las grandes corporaciones», ha reafirmado por su parte Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. Según señala Vigara Mas, en el Estado español también suceden casos de SLAPP y el último varapalo judicial contra la organización en EEUU es «brutal» y «desproporcionado», a la vez que representa «un ejemplo más de una tendencia que observamos desde hace años».
La ecologista Edita Olaizola, con una amplia experiencia en la militancia ambientalista, considera que hay un avance de la persecución a activistas: «Estamos pasando de democracias a autarquías», advierte en declaraciones a este medio. Remarca que la judicialización de la protesta es peligrosa porque «cercena las actividades ante el temor de los tribunales».
La coordinadora de Ecologistas en Acción, Erika González Briz, subraya a Público que existen «diferentes formas de judicialización para desarticular el derecho a la protesta, la defensa del territorio y los derechos humanos». El Fiscal General del Estado incluyó en su Informe Anual de 2023 a las organizaciones Extinction Rebellion y Futuro Vegetal bajo el epígrafe «Terrorismo Nacional», si bien luego rectificó.
«Desde entonces, hemos visto un sinfín de abusos, como infiltraciones policiales injustificadas, que fragilizan mucho a los colectivos, pero también a la democracia en general, ya que deslegitima el derecho a la protesta», lamenta Delage. La activista y catedrática recuerda que «14 científicos de Rebelión Científica van a pasar a juicio por haber hecho una acción no violenta en 2022».
El colectivo Futuro Vegetal fue «sin duda alguna, de los más afectados en número de detenciones, multas y malos tratos», indica el último informe de Defender a quien Defiende sobre vulneraciones de derechos en el período 2022-2023. El mismo documento señala que los movimientos ecologistas fueron «los más perseguidos» en Madrid y la segunda lucha con más vulneraciones de derechos en todo el Estado, después de la vivienda.
Auge de la persecución ambientalista
El movimiento ecologista ha sufrido una histórica persecución en el sur global, donde los activistas son detenidos y asesinados, según recuerda González Briz. «Se produce con una enorme violencia desde hace décadas», insiste. Si bien estas condiciones de protesta son impensables en los países del norte, las activistas y expertas coinciden en que se ha producido un incremento de la ofensiva contra la lucha ambientalista.
Por su parte, Edita Olaizola critica que «tanto en España como en Europa los políticos son muy mediocres, se dejan manipular, están poco formados, poco informados y no tienen demasiada ética». En este contexto, «es evidente que las grandes empresas no quieren mermar sus resultados económicos», por lo que el ecologismo se ve desprotegido.
«Hay una mayor preocupación ambiental porque es muy patente el daño humano de la emergencia climática, tal y como hemos visto con la DANA», pone de relieve la coordinadora de Ecologistas en Acción. Además, Vigara Mas identifica un «momento de gran esplendor del ecologismo» en el año 2019, cuando los movimientos juveniles como Extinction Rebellion o Fridays for Future cobraron especial fuerza en España y otros países de Europa.
Vigara Mas también enfatiza que «el ecologismo señala a los responsables de la crisis ecosocial, de manera que con el repunte de estos grupos, se empieza a perseguir más al movimiento». Por tanto, la especialista en derecho a la protesta considera que es «un éxito» del ambientalismo, en la medida en la que demuestra su capacidad de «concienciación sobre la defensa del territorio».
Greenpeace recurrirá la causa judicial en EEUU y hará frente a las estrategias SLAPP que pretenden desarticular la lucha ecologista. Para ello, González Briz concluye que «es necesario fortalecer los colectivos», así como crear redes de ayuda mutua que contribuyan a la protección y defensa del territorio.
*Redactor de Medio Ambiente, Crisis Climática y Animalismo en ‘Público’. Graduado en Periodismo y Humanidades, mención en Ciencias Políticas y máster en Teoría y Crítica de la Cultura por la UC3M. Tiene experiencia en información científica e institucional, ha colaborado con diferentes medios y pasado por la redacción de la Agencia SINC.
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