Por: Jeferson Miola. 10/03/2025
Las grandes tecnológicas sabotearon la audiencia pública del 22 de enero convocada por la Procuraduría General de la República para discutir con expertos, entidades sociales e instituciones públicas la regulación de las plataformas digitales.
Las empresas fueron extremadamente irrespetuosas y ni siquiera dieron justificaciones públicas por su ausencia del evento oficial del gobierno.
Sin embargo, un mes después de negarse a participar en la audiencia gubernamental, el 20 y 21 de febrero estas empresas participaron en el 1er Seminario Nacional de Comunicación del PL, el partido de Bolsonaro, cuyo objetivo era “discutir estrategias para ampliar la presencia digital del PL y preparar el camino para las elecciones de 2026”.
El Partido informó que “el seminario también contó con la colaboración de representantes de las principales plataformas digitales, como X, Meta, Google, Tik Tok y Kwai, quienes compartieron sus experiencias para enriquecer los contenidos presentados durante el evento”.
En el lugar del evento se exhibieron pancartas con mensajes como: “El Partido Liberal y las grandes tecnológicas unidas por la libertad de expresión” ; “El mayor evento de comunicación fiestera digital de Brasil”; “En defensa de la democracia y la libertad de expresión de los brasileños”.
Las decisiones tomadas por las grandes empresas de tecnología –sabotear al gobierno y colaborar institucionalmente con el proyecto de ley– ponen de relieve al menos tres posiciones adoptadas por los gigantes de las tecnologías de la comunicación y la información: [1] no pretenden cooperar con los esfuerzos de la sociedad para impedir el uso de las plataformas digitales como vehículos de difusión de mentiras y discursos de odio, violencia e intolerancia, [2] actúan por ideología o por conveniencia económica como facciones ideológicas al servicio de la extrema derecha y del extremismo, y [3] no pretenden respetar la soberanía nacional y someterse a las leyes brasileñas y a la Constitución.
Tras la toma de posesión de Donald Trump, las grandes empresas tecnológicas se asumieron claramente como instrumentos ideológicos con sesgo fascista al servicio de la Administración Trump y, al mismo tiempo, de la organización global de la extrema derecha.
La defensa de la libertad de expresión en realidad distorsiona la lógica del libertarismo detrás de la perspectiva de la contrarrevolución fascista y reaccionaria a la que se dedica.
Elon Musk es el más activista de los propietarios de las grandes empresas tecnológicas . A menudo ejerce una interferencia indebida en los asuntos internos de varios países, como parte de su estrategia comercial, como el golpe de Estado en Bolivia en 2019 para controlar la exploración de litio.
Musk lideró la ofensiva extremista contra la soberanía de Brasil y se colocó en la primera línea del enfrentamiento con el gobierno y el STF. En las elecciones legislativas en Alemania [23/2] Musk utilizó X [antes Twitter] para ayudar al desempeño del partido nazi AfD, liderado por Alice Weidel, que duplicó su votación en comparación con las elecciones anteriores.
Las plataformas digitales cuyos dueños aparentemente no tienen el mismo perfil ideológico nazi-fascista de Musk, al final también terminaron adoptando el mismo modelo de negocio defendido por él, como lo hizo recientemente Mark Zuckerberg, el dueño de Meta [Facebook, Instagram y WhatsApp]. En otras palabras, o bien se unen al fascismo por razones ideológicas o bien para obtener mayor rentabilidad para sus negocios a través de las prácticas criminales de los extremistas.
La dificultad del gobierno Lula para mejorar su popularidad deriva del alto coste de la vida, es cierto. Pero también es necesario considerar la importancia de las plataformas digitales, que permiten la difusión de mentiras y prácticas de terrorismo económico por parte de la extrema derecha, como en el caso de PIX.
Si no se hace nada en términos de regular y regular el funcionamiento de las plataformas digitales, la imparcialidad de las elecciones de 2026 se verá seriamente amenazada por las grandes tecnológicas.
Suspender o prohibir empresas que no respeten nuestro sistema legal puede no ser viable si no hay plataformas sociales alternativas disponibles en el país.
La suspensión del X del año pasado se absorbió por completo y no causó mayores problemas. Lo mismo no puede garantizarse, por ejemplo, con la suspensión o posible prohibición de Instagram, utilizada como medio de trabajo por decenas de millones de trabajadores brasileños.
Es urgente por tanto que, junto a la regulación de las plataformas digitales, se discuta la viabilidad inmediata de las plataformas públicas, no estatales, “para garantizar la amplia libertad, pluralidad y diversidad de una internet libre de crimen, violencia y odio».
Jeferson Miola* Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,
Este artículo ha sido publicado en el portal estrategia.la
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Noticias pia. NVIDIA
