Por: An Flores. 20/09/2024
“Estoy viviendo un proceso penal en contra de mis agresores, a quienes se les ha privilegiado con muchísima impunidad, y en el que yo he sido revictimizada por jueces que insisten en que [el ataque con ácido] no fue tentativa de feminicidio porque sobreviví. Me han querido hacer sentir que sobrevivir está mal”, dice la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortíz. Es abril de 2024, cuatro meses antes de que, una vez más, las instituciones demuestren que, en México, la justicia forma parte de un lenguaje afónico y reservado.
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“Ganó la corrupción”, escribió Malena en su cuenta de Instagram el 14 de agosto tan pronto escuchó al juez José Gabriel Ramírez Montaño, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dictar absolución y libertad al exdiputado priista y empresario Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio en su contra en 2019.
Por la tarde, —después de centenas de reclamos de activistas, organizaciones, periodistas y medios independientes—, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca comunicó que la presidenta del Poder Judicial local, Berenice Ramírez Jiménez, ordenó investigar a Ramírez Montaño “por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas”.
La noche de ese mismo día, la licenciada María Antonia Esteva Domínguez, mediante un oficio dirigido al director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, en Oaxaca, notificó que quedaba sin efecto la boleta de libertad de Vera Carrizal y los otros dos hombres imputados por la violencia ácida contra Malena: Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez.
El Poder Judicial del Estado aseguró que no se permitirá la impunidad y que continuará trabajando por una “justicia sensible, incluyente, accesible y con responsabilidad social”. Sin embargo, la integridad física y emocional de Malena se sigue viendo amenazadas.
La historia de María Elena Ríos
María Elena Ríos Ortíz o Malena, como lo dice la ley en su nombre, nació en Santo Domingo Tonalá, municipio oaxaqueño en el sureste de México. Desde muy pequeña quiso dedicarse a la música y cuando creció se mudó a Puebla para estudiar. Su formación como saxofonista en el Conservatorio de Música la llevó a la par de su carrera en Comunicación Social.
En 2017, Malena regresó a la ciudad de Huajuapan de León y, para sustentar sus estudios y apoyar económicamente a su familia, entró a trabajar en la oficina de prensa de Juan Antonio Vera Carrizal, quien en ese entonces era diputado representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca. María Elena y Vera Carrizal empezaron una relación sentimental en la que ella vivió violencia psicológica e, incluso, en un viaje de trabajo a Estados Unidos, presuntamente él la forzó a tener relaciones sexuales.
Según el testimonio de la hermana de Malena, Silvia, Vera Carrizal también agredía a la saxofonista con insultos de índole sexual, la celaba y controlaba. En una entrevista con El Heraldo de México, María Elena contó que el político la engañaba con menores de edad. En esa misma conversación, la ahora activista denunció que cuando ella le dijo a su agresor que ya no quería continuar, él la amenazó de muerte e intimidó con hacerle daño a su familia.
Malena terminó su relación con Vera Carrizal en el verano. Era julio de 2019, dos meses antes del ataque que comprometió su vida. En ese inter, bloqueó a su expareja de todas las redes sociales, pues él continuaba buscándola.
El 9 de septiembre de 2019, semanas después de movilizaciones contra la violencia de género en diferentes ciudades del país, dos sujetos (Ponciano Hernández y su hijo, Rubicel Hernández Ríos), presuntamente contratados por Juan Antonio Vera Carrizal, fueron al domicilio de María Elena en Huajuapan de León y le rociaron ácido en rostro, cuello, brazos y piernas.
A los nombres de los presuntos responsables de la tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos se suman Rubén Loaeza Charrez y Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado que se mantiene prófugo y por quien la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofrece una recompensa de un millón de pesos mexicanos.
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Campañas de desprestigio: circulación de conversaciones privadas, fotografías, videos que presuntamente pertenecían a María Elena e insultos en redes sociales. Marchas en las que se acarreó a personas que exigieron la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal. La negligencia del Tribunal de ‘Justicia’ de Oaxaca. La negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer su caso. Un Mecanismo de Protección para personas Defensoras y Periodistas a medias . Atentados contra su integridad y la de su familia en los trayectos entre CDMX y Oaxaca . Audiencias violentas. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca cuya administración es recordada por haber querido reiterarle tratamientos quirúrgicos y dermatológicos.
OAXACA FEMINICIDA. MÉXICO FEMINICIDA E IMPUNE.
“[Como sobreviviente], llevas muchas batallas de manera simultánea: la salud, los tratamientos, las cirugías, la lucha contra tu agresor”, son las palabras con las que María Elena describe un lustro marcado por la rabia, frustración e indignación. Su voz, que se entreteje con los bordados que adornan sus cubrebocas — a veces de flores, a veces de patrones de artesanías o con la consigna “Ni Una Menos”—, busca fortaleza —o más bien coraje— al momento de enlistar las condiciones que han permitido que la no repetición siga siendo una deuda: las complicidades que los hombres encuentran en las esferas políticas, económicas y mediáticas.
Se sabe que Juan Antonio Vera Carrizal fue cuestionado por la [apresurada] edificación de un emporio en la industria de hidrocarburos en la región mixteca ; que su hijo aparece como socio en medios de comunicación en los que le gusta invertir; y que en su paso por las diputaciones se involucró en las comisiones de migración, desarrollo agropecuario, minero e incluso, asuntos de hacienda y tecnología.
Pero en las alianzas del priista la que ha quedado al margen es la que encontró en el Poder Judicial, como escribió la propia María Elena Ríos en su columna para Opinión 51. En ese entonces (septiembre de 2023), la saxofonista mencionó particularmente a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, “responsable de liberar a feminicidas de tres casos relevantes en Oaxaca” y quien, al beneficiar a Vera Carrizal, “violentó su integridad, vida y la de su familia y abogadas”.
Sin embargo, en su búsqueda de acceso a una reparación de daños para ella y otras compañeras que han sobrevivido a la violencia ácida en México, “el compadrazgo y la camaradería” han estado presente desde las primeras instancias ‘procuradoras de justicia”. Cuando se acercó a los Ministerios Públicos, el personal le dijo “que su caso no se iba a solucionar, que se sentara con su agresor a negociar cuántos millones le daba”.
Hasta abril de 2024, Malena “había pasado por tres fiscales”, uno de ellos “amigo de su agresor”. Entre 2019 y 2024, la activista tuvo tres representaciones legales y habló con cinco jueces. Aunque la investigación de su caso es robusta —el equivalente a “casi tres cajas de huevo”, detalla—, sigue sintiendo incertidumbre respecto al proceso: una constante a la que se enfrentan las mujeres que exigen justicia en México. María Elena la “ha hecho de Policía, perito y ha estudiado leyes para que no la vuelvan a engañar o regañar”.
La violencia institucional en su contra no sólo ha consistido en vincularla con el narcotráfico o redes de trata. La opinión pública —gran parte de ella a través de redes sociales— ha replicado un discurso que ha venido por parte de las autoridades. “Llevo cuatro años y medio [lidiando] con campañas de Facebook patrocinadas por mi agresor [en las que] me tildan de oportunista, puta y zorra”, señala antes de hacer una pausa, respirar y denunciar que otra cara de la violencia institucional es la falta de capacitación en los servicios de atención psicológica de las fiscalías.
“He pasado por varios psicólogxs. La primera era de la Fiscalía [de Oaxaca] y solamente se dedicaba a aprovecharse de mi estado de vulnerabilidad para que yo le contara lo que planeaba hacer […] Cuando me trasladaron a CDMX, después de mi cuarta cirugía, el psicólogo me decía: ‘es que te tienes que ver ya’, de una manera muy agresiva”, cuenta.
Violencia ácida: tentativa de feminicidio y gravísimo atropello al derecho a la salud
Camino a emergencias, en la ambulancia, Malena le marcó a Juan Antonio Vera Carrizal y le dijo que sabía que él era el autor intelectual del delito cometido en su contra: tentativa de feminicidio. A sus 26 años, la saxofonista y activista estuvo internada casi cinco meses. El ácido le causó quemaduras en más del 80% del cuerpo.
Malena asegura que su recuperación no sería posible sin el acuerpamiento y acompañamiento de su familia. “¿Pero qué pasa con las compañeras que están en otros contextos?”, se pregunta mientras recuerda cómo fueron los días en los que, al lado de sus seres queridos, escuchó que la recuperación podría durar entre 5 y 6 años.
A mitad de la conversación con Volcánicas la saxofonista subraya que, a la fecha, sigue sin reconocerse la gravedad médica de los actos de violencia con ácido y sustancias corrosivas e inflamables. “A muchas personas se les olvida que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Cuando nos queman, nos tienen que sacar piel de otras áreas del cuerpo e implantarla. Eso es una amputación”, puntualiza previo a explicar que la violencia ácida puede ser una causal de diferentes tipos de discapacidad en las mujeres. “Necesitas tomar rehabilitación para aprenderte a mover, además de las cirugías para recuperar la funcionalidad”.
Respecto al tratamiento, Malena enfatiza que las instituciones de salud e ‘impartición de justicia’ pasan por alto las necesidades de quienes sobreviven a ataques de este tipo. Como bien apunta, la tentativa de feminicidio, específicamente por violencia ácida, no suele considerarse una vulneración al derecho a la salud.
Esto no sólo tiene que ver con el hecho de que las medidas de reparación del daño son deficientes en cuanto a la facilitación de condiciones para el acceso a los tratamientos dermatológicos, de terapia física y atención a la salud mental. Malena problematiza la falta de capacitación y protocolos de atención en los hospitales que reciben casos como el de ella.
“Yo estuve en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Si investigas cómo está ese hospital, [sabrás] que es un verdadero milagro que haya salido viva. Cuando estás quemada, tu cuerpo está más expuesto a bacterias y puedes morir de una infección. Cuando hablamos de lo médico, es muy importante hablar también de salud mental porque enfrentamos estrés postraumático. Necesitamos tratamientos psicológicos y psiquiátricos porque [todo esto] es un shock terrible en el que te vuelves ansiosa y depresiva. Eso no es calidad de vida”, comparte.
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Las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de Ciudad de México aprobadas por el Congreso local el 8 de febrero de este año para tipificar la violencia ácida recibieron el nombre de “ley Malena”. No obstante, la reforma también es un reclamo de justicia por Elisa Xolalpa Martínez, Esmeralda Millán, Carmen Sánchez, Luz Raquel Padilla, Zoe y mujeres cuyos nombres no han sido mencionados por la prensa o las instituciones, como es el caso de “una compañera de Nayarit a la que le quemaron los ojos con el pegamento Kola Loka” que conoció María Elena.
En 2022, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) contabilizó 222 amenazas por el uso de sustancias químicas o ácidos. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, que lleva su propio registro, hasta mediados de mayo de 2023, se sabía que el 85% de las agresiones de esta índole es cometida por hombres. Sin embargo, sigue sin haber una estadística oficial. A razón de ello, la Ley Malena —que protege a mujeres, mujeres trans, infancias, adolescencias, personas que viven con discapacidad y de la tercera edad— contempla que la Secretaría de Salud lleve un registro público de los casos de violencia ácida y cuente con protocolos de atención y capacitación.
En casi cinco años de tratamiento dermatológico y psicológico, María Elena Ríos ha recorrido distintas partes del país para recordar que la ley en su nombre y en el de sus compañeras tiene también como propósito combatir la negativa de las instituciones de ‘justicia’ a considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio. Los intentos de reclasificar el delito como “lesiones o casos de violencia intrafamiliar” son otra de las dificultades a las que se enfrentan las víctimas y sus familias.
Como explica Malena: “cuando hablamos de lesiones, es un tema muy ambiguo. Un moretón puede ser una lesión, así como si te caes o raspas. [Es a la vez] un tema muy complejo porque no se habla de las dimensiones que hay entre las lesiones […] No es capricho que [la violencia ácida] se haya establecido como tentativa de feminicidio; es una agresión que en automático vulnera tu vida. Hay muchas compañeras que no han sobrevivido para poderlo contar; otras han perdido algún órgano. Evidentemente, esto vulnera la vida”.
Entre 2019 y 2024, la saxofonista ha escuchado de voz propia de jueces y demás autoridades que su lucha “es para vivir del erario público” y que, sus exigencias por una reparación integral del daño “son por vanidad y hacerse fama”. También suele escuchar reclamos por estar viva y en recuperación. “Es inimaginable el dolor por el que pasamos nosotras y nuestras familias […] Nos siguen catalogando como casos aislados […] La excusa que mi agresor usa para reclasificar el delito es que sigo tocando [mi instrumento], estudio, doy conferencias y voy a restaurantes. Es absurda la manera en cómo tratan de justificar que la agresión ya no es tan grave solamente porque sobreviviste”.
La justicia forma parte de un lenguaje afónico y, además, nos reprocha estar vivas.
México: Estado Feminicida.
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Fotografía: volcánicas
