Por: Sare Frabes. 24/11/2023
A punto de cumplir un mes, y a pesar de la represión estatal, la sociedad panameña mantiene movilizaciones ininterrumpidas en todo el país, en rechazo a la aprobación de la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión a la mina Cobre Panamá, la explotación a cielo abierto de cobre y oro más grande de Centroamérica.
Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13 mil hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.
Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1,000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.
Contrato minero
La concesión minera tiene una historia que data de la década de los 90s del siglo pasado. Para 1991, se registró la concesión para exploración de posibles yacimientos de oro y cobre, y para 1997 se aprobó, por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley para la explotación minera, el cual posee rango constitucional. En el año 2005 el gobierno panameño respaldó la construcción de infraestructura y para 2009 dio luz verde al inicio de la explotación comercial de la mina por parte de la entonces denominada Minera Petaquilla (también de origen canadiense).
El contrato para la explotación establecía la posibilidad de solicitar prórrogas por 20 años, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo. Para el 30 de diciembre de 2016 la minera tramitó dicha prórroga, tras el paso de la fase de exploración y después de cinco años de la construcción de la mina Cobre Panamá.
No obstante, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato de 1997, atendiendo a un reclamo presentado, desde 2009, por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), organización que argumentaba la anulación de la actividad minera para prevenir el daño en los ecosistemas del norte del país centroamericano.
Minera Petaquilla cambió su nombre a Minera Panamá y, en febrero de 2017, obtuvo la prórroga hasta el año 2037. CIAM reclamó que el fallo de la CSJ anulaba dicho contrato; por su parte, la minera señaló que la resolución judicial no afectaría su proyecto de una inversión de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, para operar la mina aceptó negociar un nuevo pacto, esta vez con el actual presidente, Laurentino Cortizo, quien con el respaldo del legislativo ratificó en octubre pasado el contrato mediante la Ley 406.
Rechazo
La reacción de distintas organizaciones, como la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Profesores de la República, ambientalistas, pueblos indígenas, campesinos y estudiantes ha sido masiva y la represión estatal, acusan, ha sido desmedida.
Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.
De acuerdo con medios locales, además de los cierres de vías en la capital panameña, se registran manifestaciones en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón. En algunos puntos se registran bloqueos que impiden la circulación de mercancías y combustibles, sobre todo en la frontera con Costa Rica.
El medio alternativo Radio Temblor señala la participación de los pueblos originarios, quienes mantienen barricadas en la comarca Ngäbe Buglé, “ya que no hay respuesta por el gobierno para derogar dicha ley”. También destaca que, pese a los bloqueos, se permite el tránsito de vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.
“En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá”, remarca el medio libre.
Asesinatos
Durante las movilizaciones masivas se registra un saldo de cuatro muertos.
El 26 de octubre, Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, falleció tras ser atropellado cuando protestaba en la comunidad de Los Viveros, provincia de Colón. Para el 1 de noviembre, Tomas Milton Cedeño, educador de la comarca Ngäbe Bugle y originario de la provincia de Chiriquí, fue atropellado en las manifestaciones realizadas en Horconcitos.
En la jornada de bloqueos realizada el martes 7 de noviembre, en la provincia de Panamá, Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesinó con arma de fuego a Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodriguez Mendoza. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en espera de su proceso judicial.
El 9 de noviembre, las manifestaciones reclamaron justicia por los asesinatos. “Panamá, ahora más que nunca, debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres”, declaró Luis Arturo Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses.
Derogación
Tras las masivas movilizaciones, el presidente Cortizo presentó la Ley 407 para decretar la prohibición de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones exigen la derogatoria del contrato a Minera Panamá.
Por su parte, desde el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se encuentra en proceso de revisión de todas las solicitudes nuevas, de renovación y de prórroga para exploración y/o extracción de metales para cumplir con la Ley 407.
Sin embargo, expertos señalan que este decreto mantiene vigentes 15 concesiones y deja a la expectativa más de 100 solicitudes existentes. De acuerdo al MICI, todas estas solicitudes deben ser archivadas en un periodo de tres meses desde la promulgación de la ley, acontecida el 3 de noviembre.
El Centro de Incidencia Ambiental detalló que existen 103 solicitudes de exploración que deben ser archivadas, a mas tardar febrero del 2024, para cumplir con la nueva ley.
No obstante, según el CIAM, aún existen 15 concesiones entregadas; de ellas, cuatro están vencidas y siete de ellas están esperando una prórroga, por lo que también quedarían excluidas.
De las cuatro concesiones restantes, dos son propiedad de Veragold, ubicadas en la provincia de Veraguas. En esta región, de acuerdo a la Ley que protege la Cuenca del Río Santa María, se prohíbe la minería, por lo que no se podría iniciar la extracción. También se encuentra la concesión de Minera Petaquilla, respaldad por la Ley 9 de 1997, declarada inconstitucional.
La única concesión que quedaría vigente es la de Minera Panamá, recién legalizada con la ley 406 y que acumula más de 8 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.
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Fotografía: Avispa. Las manifestaciones ininterrumpidas contra la aprobación de la explotación minera más grande de Centroamérica no cesan. Foto: Radio Temblor
