Por: TLACHINOLLAN. 14/07/2023
Para los familiares y sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas, este 28 de junio fue una jornada de protesta, de exigencia de justicia contra los perpetradores de este crimen atroz. En el mitin dijeron que la Cuarta Transformación los engañó de que habría justicia, sin embargo, en México y en Guerrero se mantiene la impunidad. El líder histórico de la OCSS, Hilario Mesino Acosta dijo que » el chacal de Rubén Figueroa Alcocer sigue gozando de todo y abrazándose con (Félix Salgado) Macedonio, quien prometió justicia para el caso de Aguas Blancas, pero fue pura mentira».
A pocos kilómetros de Coyuca de Benítez, más 10 mil morenistas vitoreaban la llegada de Claudia Sheinbaum al puerto de Acapulco, que se hizo acompañar por Félix Salgado, Héctor Ulises García coordinador nacional de la red Es Claudia y Jesús Urióstegui. Con el sombrero calentano que ahora lo han transformado en el símbolo guerrerense, la ex jefa de gobierno dijo estar honrada por venir a Guerrero que es un pueblo de lucha, de resistencia. Reafirmó que «Guerrero es para México como el corazón de la transformación, aquí ha habido historia, nunca el pueblo de Guerrero se ha rendido, aquí ha habido fraudes electorales, masacres, humillaciones, pero siempre han salido adelante». Ninguno de los dirigentes de Morena le recordó a Claudia que ese día se cumplían 28 años de la masacre de Aguas Blancas. Les pareció irrelevante esa fecha que cimbró al poder caciquil y que en el primer aniversario de la masacre provocó la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR). La sangre derramada de 17 campesinos que bajaban de la sierra para exigir la presentación de su compañero Gilberto Romero Vázquez, sigue siendo pisoteada por los políticos de todos los partidos políticos, que se han coludido con los caciques para mantener intacto el sistema de partidos y para proteger los negocios privados que han acumulado con el dinero del pueblo.
En su sesión plenaria del 23 de abril de 1996, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestaron que existió una violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los hechos del 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas. Concluyeron que de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, secretario general de gobierno; Antonio Alcocer Salazar, procurador general de justicia; Rodolfo Sotomayor Espino primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, fiscal especial y Esteban Mendoza Ramos, director general de Gobernación, es decir todo el aparato de justicia y de seguridad y el mismo jefe del Ejecutivo como violadores de derechos humanos, que usaron la fuerza letal para segar la vida de personas que se trasladaban pacíficamente a la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez.
En el vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación al derecho a la vida de 17 campesinos y se causaron heridas a 21 más. Lo hicieron con alevosía y con la intención de causar terror entre la población, para desmovilizarla y someterla. El gobernador, el procurador y el secretario de Gobierno – concluyeron entonces los ministros-actuaron como jefes de una gavilla que usaron las armas para matar a sus enemigos. Fueron cultivadores del engaño. Al ocultar los hechos y editar a modo el video donde se registran estas atrocidades, pusieron en evidencia su desprecio por la sociedad, y su falta de respeto a los derechos fundamentales de los campesinos.
Se referían así a los hombres del campo guerrerense que siempre han demostrado ser personas cabales que no se arredran ante el peligro, y más bien se unen a las causas revolucionarias.
Para los ministros de la SCJN es palmaria la violación de las garantías individuales, del derecho a la información, el libre tránsito, la libre expresión, la libertad personal de los transeúntes, la seguridad jurídica, la previa audiencia y el derecho a la vida, por parte de los funcionarios estatales. Con esta determinación del máximo tribunal de nuestro país, los familiares y la sociedad entera esperaban que las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la República (PGR) investigara y encarcelara al entonces gobernador Rubén Figueroa y demás funcionarios. Todo quedó en mera simulación. Para apaciguar las aguas y contener la ira de una población agraviada, a nivel estatal detuvieron algunos policías y al director de Gobernación, que a los pocos años recobraron su libertad. Mientras tanto la persecución siguió contra los líderes de la OCSS. Acusaron a Hilario Mesino, Benigno Guzmán y Bertoldo Martínez de pertenecer al EPR. Los encarcelaron en penales de alta seguridad, donde fueron víctimas de tortura y de amenazas constantes de que los matarían. Los gobernantes a través de sus jefes policiacos y el mismo ejército se empeñaron en desmantelar a la OCSS, en dividir a las comunidades donde tenían influencia y dejaron a las viudas de los masacrados en total abandono.
A pesar de esta embestida del gobierno estatal y de las corporaciones policiacas, la OCSS sigue en pie de lucha. No solo ha denunciado los asesinatos de Rocío Mesino y de Ranferi Hernández, sus líderes históricos que le dieron fuerza y rumbo a la organización, sino que también demandan el esclarecimiento de los asesinatos de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata de Iguala, y de Miguel Ángel Mesino Mesino. Durante 28 años han luchado para que las viudas y sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas se les reconozca como víctimas de la violencia del Estado, que se les brinde un trato digno y se les reparen los daños de manera integral. Varias de ellas han muerto y otras más están enfermas.
Varios sobrevivientes quedaron incapacitados de por vida y no pueden trabajar. A todos ellos los diferentes gobiernos de Guerrero los han ignorado. Más bien han pisoteado su sangre y su memoria. A pesar de que la ex jefa de Gobierno Claudia Sheibaum reconoce que en Guerrero hay hombres y mujeres combativos, discursivamente queda bien con sus huestes que están ávidas de que con su llegada a la Presidencia de la República pueda continuar con los programas sociales impulsados por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. El grave problema que hay en el país y de manera concreta en Guerrero, es que las víctimas de la violencia han quedado relegadas. Están invisibilizadas. No hay atención a sus necesidades más básicas. Buena parte de los colectivos han demandado el reconocimiento de su calidad de víctimas, sin embargo, esta demanda se ha transformado en un camino tortuoso. A nivel estatal hay un desprecio por parte de los funcionarios de la CEAV contra los familiares que diariamente dan la batalla para dar con el paradero de sus seres queridos. A nivel nacional varios familiares que desde hace
50 años han estado buscando a sus padres y esposos y también han demandado atención y reparación integral de los daños, optaron por tomar el Centro de Atención Integral (CAI) de la CEAV en la Ciudad de México, como una medida desesperada. A pesar de esta acción no han recibido alguna respuesta. Por el contrario, los han dejado solos y a sus representantes les han integrado denuncias penales para debilitar su movimiento.
En nuestro estado hay una larga tradición para defender nuestros derechos. Existe un gran reservorio en los pueblos para resistir y enfrentar a los enemigos. También hay luchas dignas que se han levantado ante los malos gobernantes. Emergió la guerrilla ante tantas atrocidades y masacres. Se han tumbado gobernadores por cometer graves violaciones a los derechos humanos. La gente se organiza, no en torno a los partidos políticos, cuyos líderes siempre los han traicionado y engañado, sino a partir de sus necesidades más elementales. Sale a las calles a protestar por falta de maestros, por carencia de medicamentos o falta de médicos. Bloquea calles en las colonias porque no hay servicios básicos como el agua, la luz, la pavimentación de calles.
Los maestros son un gran movimiento emancipador contra los cacicazgos sindicales pero también contra la privatización de la educación. Demandan mayor presupuesto para que se cubran las plazas vacantes que hay en la Montaña, que se paguen las horas a los maestros y maestras que llevan años trabajando de manera solidaria sin que se les reconozca su contribución como un apóstol de la educación.
Los colectivos de víctimas son parte del gran movimiento nacional que se ha organizado de manera autogestiva para buscar a sus familiares desaparecidos. Han tenido que demandar a la Fiscalía que investigue sus casos y que les informe los avances de estas indagatorias. De manera estoica han soportado el desprecio y la desatención. En medio de tantas precariedades se arriesgan a realizar las búsquedas ante la falta de tiempo y disposición de las autoridades para acompañarlas.
Los actores del Guerrero de abajo, de quienes han perdido algún familiar, como las madres y padres de los 43, las viudas de El Charco y de Aguas Blancas que sobreviven en el fango del olvido; los pequeños productores del campo que enfrentan en cada temporada de aguas la falta de recursos para hacer producir sus tierras; las comunidades indígenas que se ven obligadas a migrar como jornaleras agrícolas para subsistir durante el año, todos ellos y ellas son realmente el corazón de las resistencias y de las transformaciones sociales que se han gestado a lo largo de nuestra historia. Con su sangre son los que han escrito estos grandes capítulos de la emancipación política. Los políticos son los que han llegado como usurpadores del poder, los que se han sentado en los primeros lugares para cobrar jugosos sueldos, los que arman discursos huecos y que sólo buscan el aplauso fácil. Esos políticos son los que se abrazan con los caciques y pisotean la sangre de los masacrados.
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Fotografía: tlachinollan
