Por: Giorgio Trucchi. 23/12/2021
Estado costarricense cómplice y en grave deuda.
En ocasión de la visita a Costa Rica de Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, varias organizaciones realizaron un foro donde señalaron la grave situación que viven los pueblos originarios en este país centroamericano.
En un comunicado, representantes de pueblos ancestrales denunciaron que el año pasado al menos 14 líderes fueron amenazados de muerte. También recordaron que aún persiste impunidad absoluta en los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera[1].
Los dos activistas indígenas fueron ultimados en marzo de 2019 y febrero de 2020, en medio del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nasö-Brörán (Térraba) y Bribri (Salitre), empeñados en la recuperación de sus territorios ancestrales.
De acuerdo con las estadísticas de la organización ecologista Bloque Verde, durante las últimas tres décadas se han registrado al menos 25 atentados contra personas defensoras de la tierra y el ambiente, resultando 13 personas asesinadas.
El informe de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) señala que el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los pueblos originarios es la fuerza pública.
“La fuerza pública actúa de forma parcializada a favor de las personas no indígenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales”, señala el comunicado.
Esta situación no sólo es violatoria del Convenio 169 de la OIT y de la Ley Indígena, que establecen la inalienabilidad de estos territorios y el derecho absoluto de los pueblos originarios sobre ellos, sino que contribuye a la reiteración de la violencia y la profundización de la impunidad.
Estado cómplice
“El gobierno de (Carlos) Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los gobiernos anteriores. No sólo no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas, sino que reconoció que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI) está muy atrasado”, advirtieron las organizaciones convocantes del foro.
Además, durante el 2020 y 2021 se han dado cuatro resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de familias indígenas de las tierras recuperadas.
Estas situaciones aumentan la vulnerabilidad de los pueblos originarios costarricenses y exponen a sus miembros a la violencia incontrolada de los invasores y usurpadores.
Resistencia
Hace unos meses, Mariana Porras, miembro de la Fecon[2], había expresado su preocupación.
“Hay una falta total de reconocimiento del derecho indígena. Siguen sufriendo invasiones, ataques, agresiones y el sistema judicial sistemáticamente desestima las denuncias.
Hay fuertes presiones de parte de empresarios y el gran capital para seguir explotando los territorios con actividades extractivistas y agroindustriales. Está claro que no hay ningún interés en resolver esta situación”.
Las organizaciones aglutinadas en la CLSS denunciaron también la existencia de organizaciones racistas que arremeten en contra de las comunidades indígenas, como ocurrió en febrero y marzo del año pasado.
“La violencia nos preocupa, pero no nos detiene. No nos detendremos en defender nuestros territorios y pueblos. La semilla de Sergio y Jerhy nos acompaña, nos fortalece y nos seguirá guiando hasta que nuestros pueblos sean libres en sus tierras”, concluyeron las organizaciones.
Notas
[1] «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios en la zona sur de Costa Rica, enero – diciembre 2020» elaborado por la CLSS
[2] Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
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Fotografía: Pressenza
