Uruguay: derechos y cambio social.

La igualdad política exige que la distribución del poder político implique una confirmación de la igualdad de consideración y respeto que la comunidad política tiene por todos su miembros. (…) Pero la igualdad aritmética de influencia no es posible ni deseable (…) Elegimos la concepción asociativa de la democracia.

Richard Dworkin, Justicia para erizos¹En el último año, especialmente a raíz de la victoria electoral de Mauricio Macri en Argentina, la asunción de Michel Temer en Brasil y el rechazo a la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales en Bolivia, los medios y la academia comenzaron a hablar de «posprogresismo» y de «retroceso de la izquierda». Sin embargo, estamos aún lejos de acordar qué entendemos por izquierda y, por tanto, cuándo calificar a un gobierno como de esa tendencia. Un atajo fácil sería definirlo en función de los discursos políticos de los gobernantes; sin embargo, si bien estos son relevantes, nos pueden inducir a clasificar a la mayoría de ellos como progresistas, mientras sus medidas son contrarias a sus dichos. Sin duda, la renovación de las elites políticas gobernantes constituye por sí misma un cambio ideológico: la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (mas) de la mano de un indígena cocalero en Bolivia; la del Partido de los Trabajadores (pt) en Brasil, con la asunción primero de un ex-sindicalista metalúrgico y luego de una ex-presa política durante la dictadura; la presidencia de Michelle Bachelet en Chile, quien también estuvo presa y fue torturada durante la dictadura; y, antes de todo ello, el triunfo electoral de Hugo Chávez, integrante del bolivarianismo, grupo militar compuesto por sectores populares y apoyado por organizaciones sociales. En el caso uruguayo, el avance electoral del Frente Amplio (fa), una coalición partidaria fundada en 1971, llevó a la Presidencia a Tabaré Vázquez (2005-2010), luego a José Mujica (2010-2015) y nuevamente a Vázquez (desde 2015). Sin embargo, esa renovación –aunque nada desdeñable– tampoco define a un gobierno como progresista o de izquierda.

En este artículo no se pretende dar una respuesta a la pregunta de qué es un gobierno de izquierda, pero sí se sistematizan y se analizan los avances legales en el caso uruguayo durante los gobiernos de izquierda. Damos cuenta de aquellas leyes y decretos que atraviesan dos agendas: la de la igualdad y la de derechos, y entendemos que estas agendas no solo no están reñidas, sino que se complementan al promover la equidad. Y, finalmente, planteamos algunas consideraciones sobre el escenario político. La hipótesis de la investigación es que los avances de estos años son producto de una combinación virtuosa entre cuatro elementos:

a) la conformación de nuevos actores sociales o el fortalecimiento de algunos de larga data: organizaciones feministas, movilizaciones lgbti², coordinadoras por la legalización del cannabis, organizaciones sindicales, juventudes políticas, movilización de la población afrouruguaya, entre otras. Ellos son los que promueven las leyes aprobadas en este periodo (2004-2015);b) la visibilización y la contribución política de un «saber experto» que da fundamento y contenido a las leyes. Ese conocimiento proviene de las universidades (en particular, de la Universidad de la República), pero también de agencias internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa, por sus siglas en inglés) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de los datos que produce el Instituto Nacional de Estadísticas y otros institutos públicos (como la Junta Nacional de Drogas y el Instituto Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes). Datos de estos organismos sobre pobreza, aborto, educación, tiempo de cuidado y de ocio, vulnerabilidad y empleo, etc. fueron constantemente citados en los debates parlamentarios y para la justificación de las leyes;

c) un Parlamento conformado por una mayoría de congresistas de la coalición de izquierda (fa), que fue receptivo a las demandas sociales y al mismo tiempo buscó, a través del diálogo y la negociación con otros partidos, la aprobación de leyes por unanimidad o con mayorías amplias. Las organizaciones de todo tipo –sindicales y empresariales, feministas, antiabortistas y muchas otras– fueron habitualmente convocadas por las comisiones parlamentarias para expresar sus opiniones, que fueron consideradas a la hora de redactar las leyes. También asistieron a estas comisiones representantes del saber experto antes mencionado;

d) un Poder Ejecutivo gobernado por el Encuentro Progresista-fa, que promueve o acepta las demandas que surgen de la sociedad civil y del «saber experto». Las modificaciones introducidas en todas las leyes presentadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso dan cuenta de esa negociación y de ese diálogo.

¿Es suficiente esta ampliación de derechos para definir a un gobierno como de izquierda? La respuesta es no. La legislación podría considerarse como una suerte de «continuidad» de la aprobada durante el batllismo y en años posteriores³: las leyes de divorcio de 1907 y 1913, la investigación de la paternidad y la consolidación de los derechos sucesorios de los hijos naturales entre 1905 y 1907; la abolición de la pena de muerte en 1907; la prohibición de las corridas de toros en 1918; las leyes de libertad condicional en 1916 y 1918; la reorganización de la tutela de menores en 1915; la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias en el mismo año; la creación de la sección femenina de la enseñanza secundaria y preparatoria en 1911; la licencia por maternidad para las maestras en 1912; la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo en 1914; el sueldo mínimo para los peones rurales en 1923, entre las diversas reformas civiles, penales y de trabajo. Muchas de esas leyes fueron producto del debate intelectual de la época (de socialistas y de anarquistas, fundamentalmente), de un Parlamento que era caja de resonancia de las luchas sindicales (las que llevaron adelante las primeras movilizaciones y huelgas en Uruguay), de organizaciones femeninas y de un liderazgo político –el de José Batlle y Ordóñez– que se desarrolló en el marco del Partido Colorado y de un sistema de partidos que funcionaba como tal.