Por: Jordi Mir. sinpermiso. 22/07/2020
La universidad pública genera precariedad y tiene la capacidad para revertirla. La genera en parte del personal laboral que en ella trabaja (personal docente e investigador, personal de administración y otros servicios) y entre el estudiantado que accede a ella y el que no puede acceder. Esta precariedad puede ser revertida por la misma universidad. Es una precariedad que en el caso del personal laboral esta originada por las formas de contratación. En la universidad, como en el mundo empresarial y otros sectores económicos, desde hace años, se viene desarrollando un cambio de modelo que lleva reducir la estabilidad de las personas trabajadoras, a reducir su retribución a aumentar la temporalidad… El posible estudiantado sufre la precariedad, principalmente, por las dificultades existentes para el acceso. También responden a un cambio de modelo que ha llevado, entre otras cosas, a un augmento de las matrículas.
Boaventura de Sousa Santos publicaba hace pocos días un artículo dedicado a la universidad postpandemia. Recogía diferentes propuestas para una universidad que intente aprovechar la pandemia como una oportunidad para pensar en una alternativa al modelo de sociedad y de civilización en el que hemos vivido. Para ello propone: democratizar, desmercantilizar, descolonizar y despatriarcalizar. Podríamos pensar también en la necesidad, planteada desde hace tiempo, de incorporar otros contenidos en el conjunto de los estudios que nos ayuden a pensar los grandes retos que tenemos como especie y que están en el origen de la pandemia y la gravedad de sus consecuencias. Pero estás propuestas, como bien señala, tienen que construirse a la vez que la universidad pública se defiende de los ataques recibidos. Y el primero de ellos, a su entender, es el ataque del “capitalismo universitario”:
“El primer ataque se intensificó en los últimos cuarenta años con la consolidación del neoliberalismo como lógica dominante del capitalismo global. La universidad pasó a concebirse como un área de inversión potencialmente lucrativa. Comenzó entonces un proceso polifacético que incluía, entre otras, las siguientes medidas: permitir y promover la creación de universidades privadas y permitirles el acceso a fondos públicos; invocar la crisis financiera del Estado para infrafinanciar las UP [universidades públicas]; devaluar los salarios del personal docente y flexibilizar su vínculo laboral con la UP para permitirles dar clases en universidades privadas, promoviendo así una transferencia de la inversión pública en la formación de profesorado al sector privado; establecer el pago de tasas de matriculación cuando antes la educación era gratuita e impulsar a las UP a obtener sus propios ingresos; introducir la lógica mercantil en la gestión de las UP…”
La precariedad es la consecuencia, el resultado buscado, de este ataque. Esta semana el Observatorio del Sistema Universitario presentó su último informe, en este caso dedicado a la utilización de la figura del profesorado asociado en las universidades públicas españolas. Los resultados para buena parte de las universidades son tan decepcionantes, como esperados por quien conoce la situación. En el curso 2018-19 la presencia de profesorado asociado en las universidades públicas se sitúa en el 25,2%, cabe señalar la desigual utilización de este tipo de contratos. En Cataluña encontramos un 44,2% del total del PDI y en Navarra un 41,4%, mientras que el País Vasco, Extremadura, Andalucía o Galicia destacaban por su bajo uso. No obstante, hay que destacar que en la mayoría de las comunidades autónomas (Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) incumplían el límite del 40% de PDI temporal establecido por la ley. Hay que recordar que no solo la figura del profesorado asociado es temporal. En estas comunidades, con la excepción del País Vasco, el profesorado asociado representaba entre el 42% y el 75% del PDI temporal.
El uso de la figura contractual del profesorado asociado es un problema por diferentes motivos. Es un contrato temporal, breve, con sueldo muy bajo, no permite hacer carrera académica, obliga a realizar diferentes trabajos simultáneamente para poder llegar a un sueldo mínimo… Estamos en una situación de irregularidad o ilegalidad por el uso de estos contratos y por la temporalidad en su conjunto.
El profesorado asociado no fue pensado para este uso. Su objetivo es llevar a la universidad profesorado que tenga su dedicación principal fuera para que aporte unos conocimientos distintos de los que se desarrollan en el ámbito académico. Personas que pueden aportar su especialización laborar a la formación universitaria. Cuando se cumple, es una buena herramienta para la universidad y la sociedad. Pero algunas de sus ventajas la han acabado pervirtiendo. Permite contratos temporales más baratos para la institución.
La rectora de la Universidad Rovira i Virgili, María José Figueras al inicio de la crisis vinculada al nuevo coronavirus ya anunció que deberían tomar medidas: reducirían másters, asignaturas optativas, profesorado asociado… El profesorado asociado permite recortes rápidos. Es un modelo muy útil, adelgaza la estructura y la hace más flexible; eso sí, a costa de las vidas que sufren esta precariedad.
La infrafinanciación de las universidades públicas, que se alarga desde hace años, ha supuesto, entre otras consecuencias, la precarización del profesorado que debería estar haciendo carrera académica. Este profesorado tiene unas condiciones que convierten la estabilidad y el mileurismo en un sueño. También ha tenido graves efectos en el personal de administración y otros servicios, y en el conjunto de la población que debería poder acceder a la universidad pública. Las matrículas han subido sustancialmente, también se puede ver en los informes del Observatorio del Sistema Universitario. Si la administración no aumenta directamente la financiación de las universidades, los recursos necesarios se ha decidido que salgan de las personas que asisten a ellas. Hablamos de la situación en las universidades públicas catalanas, en las privadas todavía es peor.
En buena parte de España las respuestas a la crisis de 2008 en forma de recortes no se han revertido, el aumento de las matrículas no se ha revertido. En Catalunya, en este curso, fruto de la movilización estudiantil se ha aprobado una reducción de precios del 30%. Ya se había ganado la votación en el parlamento catalán en diferentes ocasiones, pero el Gobierno de la Generalitat no la había asumido. La última iniciativa del movimiento estudiantil fue crear La ILP Universidades, una iniciativa legislativa popular impulsada por estudiantes y con el apoyo de la comunidad universitaria que, además de hacer efectiva la rebaja de los precios, quiere transformar el actual modelo universitario. Esta medida ha generado respuestas contrarias desde diferentes sectores. Se ha argumentado que se debería actuar en otros momentos de la formación o se ha cuestionado el beneficio que puede ofrecer. No deberíamos pasar por alto los impactos, algunos difíciles de expresar en números, que tiene la universidad en quien puede estudiar.
Los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 2019 son claros: las tasas de paro de la población española de acuerdo con su nivel de estudios son estas: 26% de paro para las personas con estudios que no superan los primarios, 17,3% para las personas con enseñanza secundaria obligatoria, 12,7% para quien tiene la enseñanza secundaria postobligatoria, 8,1% con enseñanza terciaria (universitaria o no). Estas diferencias significativas también son evidentes si nos fijamos en los niveles salariales, las medias del 2019 fueron estas: 8.277 € para las personas que no pasan de los estudios primarios, 11.488 € para quien tiene enseñanza obligatoria, 13.282 con enseñanza secundaria postobligatoria, 15.991 € con enseñanza terciaria no universitaria, 19.002 € con título de diplomatura o grado, y 24.074 € con una licenciatura o máster.
Tener estudios universitarios hoy no es garantía absoluta de nada. Pero la universidad, en este aspecto de la vida y en otros, puede ser una gran ayuda para la formación de las personas y su trayectoria futuro. Se acaba de presentar otro informe, en esta caso de la European Anti-Poverty Network (EAPN), que nos lo muestra. Un 32,3 % de la población en pobreza severa mayor de 15 años sólo ha terminado la educación primaria o menos y algo menos de otra tercera parte ha completado la educación secundaria obligatoria. Además, otro 21,9 % ha completado la segunda etapa de la educación secundaria (bachillerato) y el 14,6 % tienen educación superior. Tener estudios, como tener trabajo, durante mucho tiempo era sinónimo de seguridad. Hoy hay un creciente número de personas que pese a tener trabajo y estudios sufren la pobreza.
Las personas con estudios universitarios disponen de una mejor situación laboral. Los datos son así de claros. Es necesario preguntarse qué estamos haciendo para conseguir que todas las personas puedan acceder a la universidad. Esta es una vía para reducir la precariedad en nuestra sociedad. No es la única a seguir, hay que actuar en otros ámbitos también. Pero la universidad no debería ser generadora de precariedad: ni en el estudiantado, el personal docente y investigador, el personal administrativo o de otros servicios. La universidad genera precariedad y es capaz de revertirla, hay que decidir qué queremos que haga. Esta decisión será siempre fundamental y prioritaria, pero en situaciones como la actual en la que estamos viviendo diferentes crisis simultáneamente todavía es, si cabe, más importante y urgente.
Jordi Mir profesor de filosofia moral y política en la UPF y la UAB. Su investigación y docencia se centran, principalmente, en la historia de las ideas, la filosofía moral y política y la actuación y el pensamiento de los movimientos sociales. Ahora trabaja en un proyecto sobre la memoria de la pandemia del nuevo coronavirus. Es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (UPF) y del Observatorio del Sistema Universitario. Es co-director del postgrado “Análisis del capitalismo y políticas transformadoras”.
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Fotografía: sinpermiso.
