Por: Gervasio Zorrilla. 24/10/2022
Si bien la falta de recursos ha sido un reclamo histórico para la educación, sector fundamental de la sociedad y del Estado, en los últimos dos años de gobierno derechista se profundizaron los problemas y se hicieron trizas los paradigmas de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad en aras de un concepto mercantilista. El entendimiento del Ejecutivo está tan alejado de las necesidades de la niñez, juventud y adolescencia, que toma medidas restrictivas, represivas y de recortes presupuestarios.
Los reclamos contemplan la reforma educativa que consideran “regresiva”, la censura que han padecido reiteradas veces cuando realizaron pintadas en murales de los centros educativos, problemas edilicios, mejores condiciones de estudio y mayor presupuesto. Los reclamos se vienen repitiendo en los últimos años: el reclamo por el 6% + 1 del Producto Bruto Interno (PBI) viene de larga data, pero el gobierno no toma esta bandera con compromiso verdadero con la educación.
Pero a pesar de las continuas evaluaciones que demuestran que la educación es la base de todo, incluso de la disminución del crimen, parece un hecho que no existe la misma concepción en el gobierno.
El país atraviesa importantes dificultades relacionadas a su educación: bajos niveles de cobertura en educación media y terciaria; altas tasas de repetición desde la educación primaria; niveles de extraedad muy importantes como correlato de la alta repetición; altos índices de desafiliación escolar (en particular en la educación media) y por consiguiente un número muy elevado de jóvenes que no logra completar el ciclo educativo obligatorio y bajos niveles de aprendizajes. entre otros.
Si se analizan las problemáticas según el origen socioeconómico de los estudiantes, los resultados arrojan la existencia de una marcada desigualdad.
Toda una maquinaria mediática, política y académica construye y difunde a diario el discurso de que la educación está en crisis porque los docentes faltan, hacen paros, su formación es deficiente, son corporativos, frenan todas las reformas. La tónica es la descalificación a los sindicatos, la presentación de información errónea y/o tendenciosa sobre el salario docente para ubicarlos como una casta privilegiada. Instalan la falsa oposición entre “docentes privilegiados” y “alumnos necesitados”.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, educado en la Universidad Católica de Lovaina y promotor de la Universidad Católica del Uruguay, es autor de “La segunda reforma”, en la que se opone a la educación pública y sugiere la transferencia de recursos públicos a la educación privada. Además, su pareja, Maya Cikurel es acusada de lavar dinero en el escándalo Odebrecht.
El discurso de la crisis educativa como problema docente forma parte de un relato más amplio que identifica a la crisis con la educación pública (es sólo ésta la que estaría en crisis) al tiempo que asocia lo alternativo con la educación privada. Las coberturas sobre temas educativos de medios derechistas repiten la misma fórmula: exaltación de los logros de un liceo privado, comparación de ese éxito con “el fracaso” de los públicos, y reflexión sobre generalizar a todo el sistema las experiencias “exitosas” privadas.
En los años 60 el sistema educativo uruguayo tuvo como característica principal la expansión en el número de estudiantes, de docentes y de establecimientos educativos. Paralelamente se produce una actualización de las propuestas pedagógicas. En esa época la educación era un orgullo nacional. Sin embargo las oportunidades de trabajo para jóvenes eran muy limitadas.
Lejos de ser un problema original del Uruguay, las campañas de estigmatización docente son parte de una estrategia internacional dirigida a destituir los sistemas educativos públicos, subsumir a la educación a las necesidades de la globalización capitalista y transformar radicalmente el sentido del quehacer docente .
Wilkipedia señala que “En la educación pública uruguaya, son principios fundamentales la laicidad, gratuidad y obligatoriedad, tal como fueran proclamados por José Pedro Varela en la reforma de 1876. Según estudios de la Unesco, la educación uruguaya garantiza igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación, la educación de Uruguay favorece la equidad.
La población tenía acceso a educación gratuita desde primer nivel de preescolar hasta la graduación en la universidad. El país cuenta con una universidad pública de acceso libre y gratuito, la Universidad de la República, que consta de 16 facultades y servicios anexos. La oferta de educación pública se ve complementada por instituciones de educación privada que abarcan desde la educación preescolar hasta la terciaria.
Son numerosas las instituciones confesionales (católicas, metodistas, judaicas, etc.); también se destacan algunos colegios bilingües, mayormente ingleses, y también los hay franceses, alemanes e italianos. Uruguay fue precursor en materia de educación preescolar en América Latina, merced a la labor pionera de Enriqueta Compte y Riqué, quien fundó el primer jardín de infantes ya en 1892. La educación preescolar también es obligatoria.
Pero estos dos últimos años para la educación el panorama ha venido empeorando. La reforma educativa que baja sensiblemente la calidad de la enseñanza, la persecución a los gremios y sindicatos, así como la autonomía y el cogobierno, tiene vetas dictatoriales, ya que a ciertos hombres de poder que se manejan dentro del Estado con mentalidad empresarial y criados en ambientes antipopulares, elitistas y privados, no les satisface.
Y con esa misma mentalidad, decidieron que la Universidad de la República no tendrá un peso de presupuesto a partir del 2023. Estudiantes y docentes expresaron la “honda preocupación” por la que pasan los gremios y sindicatos de la educación por los recortes presupuestales a la Universidad de la República.
Un editorial de La Diaria señala que es penoso que la Universidad de la República tenga que forcejear año tras año en busca de recursos para el mantenimiento de tareas básicas, cuya importancia para el país es innegable, y que el rector Rodrigo Arim deba dedicar tiempo y esfuerzos a exponer razones cuya comprensión está al alcance de cualquier persona con un mínimo de sentido común.
Señala que en una institución privada de enseñanza, el aumento de la cantidad de estudiantes trae consigo más ingresos y, si la dirección tiene buen criterio, por lo menos una parte de ese dinero se destina a que no empeore la relación entre horas docentes y alumnos. En una institución pública, los recursos disponibles no dependen de la cantidad de estudiantes, y cuando esta crece (como sucede en la Udelar, con casi 5.000 más por año), queda en manos del Poder Ejecutivo que también lo haga el presupuesto.
El gobierno de Luis Lacalle dispuso en el Presupuesto de 2023 un incremento cero para atender el número de matrícula, de recursos humanos, investigación, retener jóvenes, postgrados, becas, y confirmó una rebaja de los fondos de la Universidad de la República (Udelar), lo que afecta a más de 146 mil estudiantes, más de seis mil docentes y no docentes y al futuro de la educación en el país.
La función de las universidades no es mantenerse sin cambios en un mundo cambiante, y para no quedarse atrás se ven obligadas, entre otras cosas, a innovar regularmente en investigaciones, proyectos y carreras, al tiempo que van mejorando su infraestructura desde lo edilicio hasta lo tecnológico.
A esto se suman, en la situación actual de la Udelar, la demanda en alza de becas – en un período de caída de ingresos para la mayoría de la población-, la necesidad estratégica de continuar y potenciar el desarrollo institucional fuera de Montevideo, la capital, y el apoyo a los investigadores jóvenes.
En los últimos años los poderes Ejecutivo y Legislativo han disminuido la asignación de fondos presupuestales y lo previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento implica una caída en siete puntos porcentuales.
Si bien el producto interno bruto de Uruguay se ha recuperado tras el período de emergencia sanitaria, y el oficialismo derechista decidió este año revertir parcialmente algunos recortes del gasto público, mantiene las reducciones presupuestarias en el área de educación superior, lo que algunos analistas ven como apoyo al negocio de las universidades privadas y al concepto de que la educación es para el que pueda pagarla.
“Se puede discutir en qué medida esto se debe a hostilidad política, prejuicios ideológicos contra lo público, incomprensión de requisitos indispensables para que el país y su gente mejoren o simple incompetencia, pero cualquier motivo imaginable horroriza”, dice La Diaria.
Uruguay vivió entre el 2002 y el 2019 el período de expansión más importante de su historia reciente, con un crecimiento acumulado del 87% a precios constantes. El incremento de la actividad económica se reflejó en los indicadores sociales: la pobreza se redujo de 32,5% en 2006 a 8,2% en 2019, mientras que el índice Gini pasó de 45,9 en 2006 a 39,7 en el 2019, denotando una mayor igualdad en la distribución del ingreso.
No obstante, a pesar del virtuoso desempeño a nivel macroeconómico, el ámbito educativo ha tenido resultados disímiles, con áreas donde el avance fue muy escaso. Un primer aspecto positivo es el aumento del promedio de años de educación de los adultos jóvenes, lo que sin embargo no ha cerrado la brecha entre personas del quintil más alto y el más bajo de ingresos, la cual se mantiene en alrededor de un 60%.
En el resto de los países en América Latina, la expansión educativa ha ido parcialmente cerrando brechas socioeconómicas en los años de educación formal alcanzados por los adultos jóvenes. Señala un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF), banco de desarrollo latinoamericano.
Uruguay logró en los últimos quince años importantes progresos en la cobertura alcanzada por los niveles educativos de los extremos. Por un lado, las tasas de escolarización bruta de niños entre 3 y 5 años han mejorado considerablemente, y lo han hecho además de la mano de cierres de brechas socioeconómicas y también en la dimensión urbano-rural.
La mayor expansión ocurrió entre los niños de 3 años, para los que se amplió la oferta de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y centros de educación inicial públicos. En la otra punta se encuentra la notable expansión de matrícula universitaria que se observa desde hace poco más de diez años, y que ha llegado casi a duplicar la cantidad de ingresantes por año en la universidad pública.
Esto ocurrió en el marco de la desconcentración territorial y expansión de los centros regionales en el interior del país de la estatal Universidad de la República (Udelar), así como por la creación y expansión de la Universidad Tecnológica (Utec), también con principal foco en el interior.
En buena parte, estos problemas del progreso educativo en Uruguay se asocian con el cuello de botella que ejerce el nivel secundario, especialmente en los jóvenes de menor nivel socioeconómico. Si bien se lograron importantes avances en el acceso a la secundaria en los últimos años, las tasas de matriculación bruta de jóvenes de 13 a 17 años en el quintil más pobre están aún entre las más bajas de toda América Latina.
Esto contrasta con lo observado entre jóvenes del quintil más rico, para quienes las tasas de matriculación se encuentran en los niveles más altos de la región. Al considerar la finalización del nivel secundario en vez de la matriculación, las brechas se agrandan aún más. Estas desigualdades en el nivel secundario se traducen luego en grandes diferencias en la matriculación en niveles educativos más altos.
Uruguay está entre los países con menor porción de jóvenes del quintil más pobre cursando algún tipo de educación superior y entre los que tienen un mayor porcentaje de jóvenes del quintil más rico matriculados en estos niveles educativos (comparable a los casos de Argentina y Chile).
Uruguay fue uno de los países latinoamericanos con mayor fracción de su población completando el nivel educativo considerado alto para inicios del siglo pasado, el nivel primario. Pero desde entonces, y en contraste con los avances en casi todos los países de la región, Uruguay ha quedado rezagado. La fracción de personas que completan el nivel secundario o más se ha ido estancando para las personas nacidas desde 1950 en adelante.
Por ejemplo, para los nacidos en los 80s, la fracción que completó al menos la secundaria supera el 50% para el promedio de 22 países de América Latina y el Caribe, mientras que es cercano al 40% para Uruguay. Ésto ha limitado las posibilidades de movilidad educativa ascendente, poniendo en relieve la crisis educacional en el país.
* Investigador de las Ciencias Sociales, docente universitario uruguayo, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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Fotografía: Estrategia.Ia
