Por: Tatiana Romero. 12/04/2024
El “altercado” en un autobús en Canarias hace unas semanas en el que personas adultas agredieron a varios menores migrantes se saldó con la propuesta del Cabildo de que los menores no cojan el servicio público. ¿Qué sociedad es la que teme a chavales de 14 años?
En realidad me habría gustado titular este texto: “A grandes problemas, soluciones racistas”, pero me ha frenado la idea de que ese titular no condensara lo que de verdad quiero decir: que la segregación no será nunca una solución al racismo estructural e institucional que anida en cada rincón del Reino de España. Lo que, por otro lado, no quiere decir que no crea que las soluciones que se proponen constantemente desde las instituciones no sean ni tan siquiera insuficientes, sino francamente estúpidas y que, en su mayoría, ponen en riesgo las libertades de las personas migrantes.
Hace unas semanas en la línea de autobús público que une Arrecife con La Santa en Lanzarote, Canarias, según los medios, hubo un “altercado” entre un vecino de Tinajo y varios menores no acompañados que terminó en agresión física. En los vídeos se ve cómo los menores son insultados por varias personas en el autobús y cómo un adulto suelta varios puñetazos a un menor y se inicia un forcejeo. Este “altercado” podría tener varias lecturas, aunque está claro cuál es la interpretación que ha primado: los menores no acompañados son peligrosos, son violentos, son agresivos, no se adaptan. Son ellos quienes tienen que irse (de la guagua y del Reino de España). Se ha optado por hacer una lectura como si se tratase de un caso aislado y desde el Cabildo de Lanzarote se ha dado una solución que atenta directamente contra la libertad de movimiento de las infancias migrantes: que no utilicen el transporte público.
Esta no puede ser la lectura correcta bajo ningún concepto, porque no se trata de un caso aislado. Desde hace ya varios años se viene denunciando el trato discriminatorio y racista que sufren las infancias migrantes en todo el territorio español, así como su constante vulneración de derechos.
Se les ha convertido en el blanco perfecto para el desahogo de una sociedad llena de prejuicios racistas; basta recordar la propaganda electoral de VOX en 2021 en la Comunidad de Madrid, un cartel en el que comparaban la pensión de una abuela blanca con las supuestas ayudas que reciben los menores: “Un mena: 4.700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes”, propaganda denunciada por el Ministerio de Igualdad por incitación al odio. O las recientes protestas en Sopuerta, Bizkaia, contra la apertura de un centro de menores: “¿Quién asegura que mis hijos puedan andar por el pueblo con libertad? ¿O qué pasará cuando roben a los mayores o abusen de las chicas?”, decía una vecina en un pleno municipal llevado a cabo con representantes de EH Bildu y PNV, al tiempo que afirmaba que “no era racista, pero…”.
Soy incapaz de comprender cómo una persona que relaciona a un menor migrante con una agresión sexual, solo por el hecho de ser un menor migrante, cree de verdad que no es racista, o que tampoco lo es quien acusa a los menores de ser conflictivos sin haber tenido ningún tipo de contacto previo con ninguno de ellos. A esto se le llama prejuicio.
Un prejuicio es una idea u opinión preconcebida y comúnmente negativa sobre una persona o grupo social enraizada en lo afectivo, que carece de argumentos de ningún tipo y que por eso mismo es muy difícil de discutirlos racionalmente. Es decir, a ti te han contado el cuento de que los menores no acompañados son violentos y tú, sin ningún tipo de prueba empírica, decides creerlo a pies juntillas y estás tan convencida de tu propia creencia que por más que yo te demuestre que no es así, que la realidad es mucho más compleja que simplificar y estereotipar a todo un colectivo como el de las infancias migrantes, tú no me darás ni tan siquiera la posibilidad de argumentar. Y resulta que la discriminación basada en prejucios raciales es racismo y no hay más vuelta que darle.
De vuelta al caso de las agresiones en los buses de Canarias, se decidió que los menores migrantes no viajaran en transporte público para evitar ser agredidos, una medida provisional según el Consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, afirmando que, si tenían que trasladarse, lo hicieran en vehículos particulares “para preservar su seguridad”. ¿Provisional, por cuánto tiempo?
¿En qué cabeza cabe que para atajar las agresiones racistas que sufren las infancias migrantes la solución es desaparecerlas del espacio público? Porque la medida va más allá de vulnerar el derecho a la libre movilidad; de lo que se trata es de que no ocupen espacios públicos como el transporte o las paradas de autobuses. Una alternativa a esto tampoco puede ser que vayan en todo momento acompañados de un monitor, porque esto solo reproduce la estigmatización que ya sufren.
Me recuerda al comentario de un participante a un taller sobre violencias machistas que impartí hace unos meses cuando hablábamos de agresiones; él proponía como medida preventiva que las mujeres sobrevivientes de violencia machista en lugar de una orden de alejamiento estuviesen acompañadas en todo momento por un policía, para evitar que su agresor se acercara.
Resulta que siempre es más fácil culpar a la víctima y limitar su libertad frente a los agresores. Resulta que somos nosotras quienes no deberíamos salir hasta altas horas de la noche si no queremos ser violadas, resulta que si las infancias migrantes no quieren sufrir racismo no deberían utilizar el transporte público.
Resulta que siempre es más fácil limitar la libertad de la víctima frente a los agresores
En el taller que antes he referido, sin embargo, las mujeres saltaron al unísono para argumentar por qué una medida como esa no solo no resuelve un problema estructural como el machismo, sino que lo refuerza; pero la restricción de movimiento de las infancias migrantes no ha tenido apenas repercusión política.
Es más fácil identificarlo en el caso de las violencias machistas, es más fácil oponernos a la revictimización, protestar porque se nos arrebate nuestro derecho a ocupar el espacio público, es más fácil gritar en una manifestación “sola y borracha quiero llegar a casa” que exigir que las infancias migrantes dejen de ser un colectivo criminalizado y estigmatizado. El feminismo es consenso, el antirracismo no tanto. No nos damos cuenta de que un feminismo que no es antirracista no solo no es emancipador, sino que es perpetrador del supremacismo blanco.
Las infancias migrantes son los cuerpos más vulnerables dentro de la industria del control migratorio, una industria basada en necropolíticas y que da muchos réditos económicos, como explica esta investigación de porCausa publicada en 2020 sobre quiénes se benefician de las políticas del control migratorio. Pertenecen a dos grupos en situación de vulnerabilidad (ser niñes y migrantes) y por eso mismo deberían ser un colectivo doblemente protegido. Si no somos capaces de entender que el “problema” a resolver no es la existencia de menores no acompañados, sino el racismo estructural e institucional imperante en el Reino de España, que les criminaliza y les impide vivir una vida libre de discriminación, jamás seremos capaces de construir una sociedad en la que los derechos de la infancia no sean vulnerados una y otra vez. Porque, pregunto: ¿Qué tipo de sociedad es esta en la que le tenemos miedo a un chaval de 14 años?
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Fotografía: Francescoch
