Por: Estefanía Santoro. -ContrahegemoníaWeb. 07/02/2020
Los medios nacionales amplificaron las noticias sobre las muertes wichís recientes en la provincia, pero la deuda del Estado es de larga data. ¿Qué respuesta tienen las autoridades políticas para atender demandas históricas que se pagan con la vida de las futuras generaciones?
En menos de un mes, en Salta, fallecieron por desnutrición seis niñxs pertenecientes a distintas comunidades wichís. El Ministerio de Salud Pública de Salta emitió un comunicado donde responsabiliza a lxs madres y padres, mientras que el secretario de Servicios de Salud, Antonio de Los Ríos, redujo la problemática a una “cuestión cultural” y sostuvo que “esconden a los enfermos en el monte”. Sin embargo, la realidad desmiente las versiones oficiales. La escasez de agua potable, la pobreza estructural y la falta de acceso al sistema de salud son las verdaderas causas de estas muertes. El genocidio indígena continúa cuando el Estado abandona a las comunidades.
El 21 de enero, un bebé wichí de ocho meses falleció en Tartagal por desnutrición. Murió en el hospital Juan Domingo Perón. La familia pertenecía a la comunidad originaria de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este. Tres días después, en la sección “Noticias” de la página oficial del Ministerio, se publicó una nota titulada “Por consulta tardía fallece un menor wichí en Tartagal” y en el desarrollo de la misma afirma que “la familia negó la atención oportuna”. Misteriosamente, la nota fue eliminada de la web.
A este comunicado se le suman los dichos del secretario de Los Ríos, quien dejó clara su postura que denota racismo y desprecio por la cultura de la comunidad: “En realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichís, que son reacias a la atención médica”. Pero nada dijo sobre la falta de acceso a educación, agua potable, vivienda digna y salud. Nada dijo sobre el lugar donde viven las familias, alejadas de todos los centros urbanos, sin ningún tipo de contención.
“Estamos muy preocupados y en una situación de emergencia. Esperan que los chicos mueran para venir a vernos.”
LA TIERRA DEL OLVIDO ESTATAL
El último fallecimiento en menos de un mes trascendió el domingo pasado: el niño tenía un año y 10 meses y pertenecía a la comunidad wichí El Tráfico, cercana a Embarcación, ciudad del departamento General José de San Martín.
Vicente Gilberto es el presidente de la comunidad donde murió el niño y le cuenta a Cítrica cómo sucedieron los hechos: “El bebé estaba internado en el hospital San Roque de Embarcación y le dieron el alta, pero no estaba curado. La mamá lo llevó a visitar a unos familiares a la localidad Los Blancos y a los pocos días tuvieron que volver a llevarlo al hospital porque cada vez estaba peor. Desde Los Blancos lo trasladaron a Morio y luego de vuelta a Embarcación, pero desgraciadamente la ambulancia tenía fallas y el bebé murió en el camino. Tardaron demasiado y no resistió. Yo también soy wichí y es mentira que nosotros no llevamos a nuestros niños al hospital, ¿cómo vamos a dejar morir a nuestros hijos? El problema es que nosotros nunca recibimos ayuda”.
Mientras Vicente cuenta por teléfono lo sucedido, a su lado está Amalia Pedro, la mamá del niño fallecido; tiene 20 años y el dolor de haber perdido a su único hijo. Agradece el interés y cuenta que para sobrevivir le pide agua a sus vecinos, porque su casa está muy alejada de las zonas donde hay “cañerías”. Con la voz baja y entrecortada, cuenta: “Mi hijito estuvo internado tres días, le hicieron análisis. Me dijeron que no tenía nada y le dieron el alta, pero él seguía débil y decaído. Estoy muy mal”.
Graciela Mendoza, presidenta de la comunidad, asegura que en su barrio hay más niños desnutridos, en estado grave, y explica las deficiencias del sistema de salud salteño: “Aquí siempre pasa los mismo, les dan el alta a los chicos, pero no están curados. Internan un día al chico, le ponen suero, nada más, y al otro día le dan el alta, o si no te dan una receta para comprar medicamento, pero nosotros no tenemos plata, los remedios son carísimos y no nos alcanza. El salario universal que reciben los chicos es de dos mil pesos, no alcanza para nada. Acá en la comunidad algunos toman agua contaminada porque solo hay una bomba para cuatro barrios y no da abasto. Son más de 400 familias y así se enferman los chicos”.
Después de conocer las declaraciones del secretario de Servicios de Salud, Graciela le responde: “Es mentira que la gente de la comunidad no lleva a sus hijos al hospital, ninguna mamá va a querer que se muera su hijo. Lo que pasa cuando llegan al hospital es que no hay medicamento, le dan suero, algún calmante y los mandan a la casa. Ahí tienen recaídas y como están con bajas defensas, por más que coman, toman agua contaminada. Estamos muy preocupados y en una situación de emergencia. Esperan que los chicos mueran para venir a vernos. Hace años que no recibimos ayuda de ningún gobierno ni provincial ni nacional”.
“Yo también soy wichí y es mentira que nosotros no llevamos a nuestros niños al hospital, ¿cómo vamos a dejar morir a nuestros hijos?”
CONVIVIR CON LA MUERTE
Modesto Rojas es cacique de la comunidad wichí Fwolit, ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional N° 86, en la localidad de Tartagal, y coordinador zonal de la Asociación Indígena República Argentina (AIRA). Vive cerca de las comunidades donde fallecieron otros tres niños; uno era de la comunidad wichí La Mora 1, el otro de Misión El Quebrachal de Ballivián, departamento de San Martín, y el tercero de Santa Victoria, departamento de Rivadavia. Los tres presentaban signos de malnutrición.
Semanas atrás, entrevistado por Cítrica, Rojas contaba la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas de Salta: “Dentro de las comunidades originarias no hay agua, no hay comida, no hay trabajo. Nos sentimos muy abandonados por el Estado. Hay comunidades enteras sin agua potable, están a 60 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y hay otras que toman agua de las represas o de las cañadas que están contaminadas con bidones de veneno que tiran los empresarios que fumigan los campos de soja y porotos. En vez de quemar ese veneno, lo tiran en las cañadas de corredero de agua; eso pasa en las comunidades wichí de Guamache y Retiro, toda esa gente está sufriendo y hay muchas familias desocupadas. Hay mucha gente indocumentada”.
¿Cuál es la relación del Estado con esas personas? “Yo, como dirigente, sé que hay más de 700 personas que no tienen DNI. A veces vienen a las comunidades autoridades de Provincia y Nación diciendo que van hacer los documentos, pero en realidad nos entregan una constancia que dice que está en trámite. Hay gente que tiene ese papel desde 2009 y hoy todavía están esperando su documento. Mi preocupación más grande es qué va a pasar con toda esa gente que no tiene DNI y por eso jamás van a recibir una ayuda social. Hay padres y madres que no tienen documento y cuando nace otro hijo y van al registro, no lo aceptan porque ellos también están indocumentados”.
Hubo una cuarta muerte, el 17 de enero, como menciona la agencia de noticias Pelota de Trapo: “La nenita tenía dos años y 8 meses. Murió tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al hospital de Orán. Tenía diarrea. Culparon a los padres”. Sí, otra vez.
“Internan un día al chico, le ponen suero, nada más, y al otro día le dan el alta, o si no te dan una receta para comprar medicamento, pero nosotros no tenemos plata.”
LA VOZ DE LOS DESPACHOS OFICIALES
Entre las muertes wichís hay que contar también a una mujer de la Misión Santa María, departamento de Rivadavia, quien murió después de dar a luz, debido a una infección, mientras era trasladada al hospital de Santa Victoria Este. Pedro Lozano, cacique de la comunidad, denunció: “En Santa Victoria no tenemos ambulancias, ni insumos para los pacientes. En el hospital hay días que no hay médicos, solo hay enfermeros”.
El recién nacido fue trasladado de urgencia al hospital de Tartagal, donde hay otros siete niños en estado de desnutrición grave. Desde el día lunes, en reiteradas oportunidades, Cítrica intentó comunicarse con la ministra de salud salteña, Dra Josefina Medrano de la Serna, sin obtener respuesta. Frente a las muertes, el silencio y el abandono, ¿cuántxs niñxs más deberán morir para que lxs funcionarixs actúen?
El lunes pasado, cuando las noticias provenientes del Norte ya habían cobrado protagonismo en los medios nacionales, el gobernador salteño Gustavo Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán para responder a las necesidades básicas más urgentes: comida, agua potable y salud.
Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo público encargado de velar por los derechos de las comunidades originarias, aseguran que ya están trabajando en conjunto con las autoridades de la provincia. Su actual directora, Magdalena Odarda, asumió el cargo hace 20 días. Consultada por Cítrica, asegura: “El lunes vamos a recorrer las comunidades y nos vamos a llevar los comunicados que están elaborando los caciques de las personas que están indocumentadas y que por eso no pueden recibir la Asignación Universal por Hijo ni tampoco la tarjeta alimentaria. Vamos a pedirle al ministro del Interior, Wado de Pedro, que instale unidades para documentar de forma rápida y efectiva en las comunidades para que la gente no tenga que movilizarse. También vamos a ir al hospital de Tartagal; llevamos pañales, que es lo que necesitan los niños internados, ropa y todo lo que esté a nuestro alcance. También estamos tramitando subsidios para las familias que están con sus hijos en el hospital”.
Desde el INAI buscan trabajar a nivel nacional para encontrar soluciones a las problemáticas más urgentes de Salta. Una de las propuestas que van a acercarle al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es involucrar a las Universidades Nacionales, principalmente las facultades de Medicina, “para que los médicos residentes atiendan en las zonas críticas” y, en caso de detectar niños con problemas complejos, “tener aviones sanitarios de todas las provincias a disposición para trasladar al niño con su familia o a las personas enfermas al centro de alta complejidad de las universidades”.
Cuando las noticias provenientes del Norte ya habían cobrado protagonismo en los medios nacionales, el gobernador salteño Gustavo Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria.
Con respecto al déficit nutritivo en las comunidades wichís que no tienen comercios donde usar la tarjeta alimentaria que promueve Desarrollo Social, la directora del INAI propone “construir provedurías cooperativas donde las familias puedan comprar huevos, leche, carne y verduras producidas localmente”. Odarda sostiene que “hay que tener una mirada especial respecto a las comunidades indígenas, porque tienen la tasa de pobreza más alta de Latinoamérica y han estado invisibilizadas durante mucho tiempo”.
El genocidio indígena, que comenzó hace más de 200 años, continúa hasta nuestros días cuando las comunidades son negadas, olvidadas y despojadas de sus territorios y su ancestralidad. Cuando su cultura es cuestionada con argumentos racistas que tipifican sus costumbres como algo inferior. Cuando la expansión agroindustrial para sembrar soja y envenenar los territorios tiene como contracara la muerte. En pleno siglo XXI, los modos de exterminio se han sofisticado, pero todavía siguen marcando la frontera entre quienes merecen vivir o morir.
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Fotografía: ContrahegemoníaWeb.
