Por: Aldana González. 15/12/2024
Intentando ejercitarse en el remanido uso que la ultraderecha mundial suele hacer de la xenofobia para buscar chivos expiatorios frente a las crisis, el gobierno de Milei anunció que modificará la ley de Migraciones para endurecer los criterios de residencia solicitadas por inmigrantes.
El objetivo sería limitar la gratuidad de la atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes en las universidades.
El fin último sería “aliviar” las cuentas públicas del gasto efectuado en atender la salud y la educación de extranjeros, lo que implica varias contradicciones.
En primer lugar, el porcentaje de extranjeros no residentes que se atiende en los hospitales es ínfimo mientras que en las universidades tienen vedado el ingreso ya que se requiere el DNI argentino para anotarse. Incluso si el gobierno quisiera avanzar en dejar sin educación a los residentes, el porcentaje es tan ínfimo que no tendría incidencia en cierres de cursos por lo que en la práctica no representaría ningún “ahorro”.
Por el contrario, los inmigrantes que llegan a la Argentina para terminar sus estudios superiores representan una entrada de divisas ya que consumen y tributan en el país.
Por otra parte, en este debate se esconde que la privatización de la educación superior efectuada por Menem y secundada por los radicales ya avanzó contra los inmigrantes, ya que los estudiantes que hicieron sus estudios de grado en el extranjero hoy pagan en los posgrados de la UBA una suma mucho mayor que los demás, debido a que, para su cobro, la UBA estipula tres categorías: los recibidos en la misma UBA, los graduados de otras universidades nacionales y los graduados de universidades privadas y extranjeras, aumentando el monto a cobrar en la segunda y, más aún, en la tercer categoría. Por lo tanto, los inmigrantes graduados en sus países de origen y que eligen hacer posgrados en la UBA ya pagan más. Por lo tanto el germen de la privatización -sesgada contra los extranjeros- ya está en la universidad desde hace 30 años.
En términos legales, esta reforma antiinmigratoria sería una violación fragante de la Constitución argentina -legado del Alberti que los liberticidas tanto reivindican- que reconoce los mismos derechos civiles a los extranjeros que a los ciudadanos y que desde el mismo Preámbulo pretende asegurar “los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Por último, el apartado de la reforma que agrega como causal de expulsión “violentar el sistema democrático” es una reminiscencia de la Ley de Residencia que el gobierno de Roca utilizó para expulsar anarquistas hace más de cien años, ya que, como quedó demostrado tras las movilizaciones contra la ley Bases, ni Milei ni Patricia Bullrich tienen reparos en tergiversar la realidad para acusar a cualquier manifestación popular de “conspiración subversiva”.
Como el gobierno no tiene jurisdicción en la mayoría de los hospitales y las universidades todavía tienen autonomía, la medida tiene pocas implicancias reales. No obstante, no deja de ser una intentona fascistizante -una más- de un gobierno que aboga por la homofobia, hace listas negras de libros en las que se describen relaciones sexuales no incestuosas entre seres humanos, y se pronuncia en contra del aborto y el divorcio.
Con el encarecimiento extraordinario del costo de vida, de la salud y de la educación, Argentina se ha convertido en prohibitiva para los extranjeros que quieran solicitar sus servicios. Esto no inhibe la agitación xenófoba, porque ella tiene una función más profunda que es exacerbar los antagonismos nacionales y descargar sobre un chivo expiatorio la responsabilidad por la enorme crisis social en Argentina
El otro objetivo, el de fondo, es avanzar en la privatización de la salud y la educación haciendo punta con la excusa que sea.
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Fotografía: Política obrera
