Por: CARLOS SALAMANCA VILLAMIZAR. 23/05/2023
Ante los crímenes recientes contra los pueblos indígenas de Brasil, es necesario poner el foco de atención en la sistematicidad y en la sólida estructura de intereses e impunidad que los fomentan y los sostienen. En este marco, es necesario hablar del pasado, de las prácticas genocidas y desarrollar políticas de reparación, pero también hay que asegurar lo esencial para que los pueblos indígenas puedan florecer. Los discursos de desprecio contra las vidas de los indígenas, como los de Jair Bolsonaro, llegaron para quedarse y ante este nuevo frente de conflicto, la impunidad debe ser socialmente insoportable.
Cuando Jair Bolsonaro fue elegido presidente en octubre del 2018, la sociedad brasileña y la comunidad internacional tenían numerosos indicios sobre la radicalidad de su desprecio contra las vidas, la existencia y las demandas de los pueblos indígenas. Si bien esos principios eran el resultado de una compleja combinación de creencias, prejuicios, ignorancia e intereses económicos, también reflejaban una atmósfera en la que políticos como Bolsonaro se sintieron habilitados para emitir ideas no solamente racistas, sino de hostilidad declarada frente a los indígenas.
Debería ser motivo de profunda preocupación que estos principios fueran la base ideológica de un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, cuatro años después constatamos que estas creencias llegaron para intentar ganar un espacio político que había perdido fuerza con la caída de los gobiernos autoritarios de las décadas del ‘70 y del ‘80.
Un genocidio en nombre del “desarrollo”
En este contexto de zozobra, en 2019 se realizó el seminario “Genocidio Indígena” en la Universidad de Brasilia, que convocó a antropólogos, documentalistas, abogados y profesionales de la rama judicial, indígenas y no indígenas. Los resultados del seminario están reflejados en el libro Genocidios Indígenas en América Latina, que reúne investigaciones realizadas en Argentina, Brasil y Colombia acerca de los severos abusos perpetrados por agentes del Estado, colonos y empresas desde el surgimiento mismo de los Estados hasta la actualidad. El libro pone en evidencia que todos los Estados americanos se construyeron sobre la destrucción y los escombros de múltiples mundos indígenas.
Pocos meses después del seminario, la manera en que el Gobierno Federal de Brasil trató la epidemia del Covid-19 en las diferentes regiones y, en particular, en la Amazonía, traería el terrible recuerdo de la forma en que las enfermedades fueron utilizadas de manera deliberada para el exterminio de decenas de pueblos indígenas. En efecto, fue en los tristemente célebres “frentes de contacto” que colonos, mineros informales y empresarios se propusieron aniquilar a los indígenas al considerarlos un obstáculo para sus proyectos de “desarrollo”, explotación y acumulación económica. Peor aún, este accionar contó con la complicidad y la participación activa de funcionarios del entonces Servicio de Protección del Indio, un organismo creado en 1910 que a partir de 1967 sería conocido como Fundación Nacional del Indio (Funai).
En 1967, el fiscal Jader de Figueiredo Correia recopiló un informe de 7000 páginas que revelaba los crímenes contra la población indígena de Brasil a manos de poderosos terratenientes y el propio Servicio de Protección al Indio. El documento, que había permanecido perdido hasta ser encontrado en 2013 en el Museo del Indio de Brasil, describe cómo los pueblos indígenas fueron aniquilados o diezmados. El texto detalla prácticas como la esclavitud, las torturas, los abusos sexuales, el despojo territorial, los asesinatos y la muerte a gran escala por envenenamiento y la propagación deliberada de enfermedades. En síntesis, el informe evidencia el abandono generalizado contra la población indígena de Brasil entre los años 1940 y 1960.
A pesar del Informe Figueiredo, con un nuevo impulso a la expansión económica y proyectos de infraestructura en la región amazónica durante la década del ‘80, empresarios y mineros promovieron una nueva ola de violencia contra los pueblos indígenas. En ese contexto, un conjunto de antropólogos, artistas y políticos se movilizaron junto al pueblo Yanomami y, lograron avances significativos en los procesos de reconocimiento de parte del resto de la sociedad brasileña y la comunidad internacional.
En 2021, las calles de Brasilia fueron el escenario de la mayor movilización de indígenas de la historia del país en la lucha por los derechos territoriales. Foto: Isabelle Araújo y Alass Derivas
La dictadura, los empresarios y el Covid-19
Años después, en 2014, la Comisión Nacional para la Verdad de Brasil entregó un informe sobre las violaciones de derechos humanos entre 1947 y 1988. En el apartado sobre las violaciones a los derechos indígenas durante la dictadura, se observa que la mayoría de los crímenes son consecuencia de las transformaciones territoriales impulsadas por la interpretación castrense de la perspectiva colonial que declaró libres para su explotación numerosos territorios indígenas. En esa misma línea, en 2017, el periodista Rubens Valente publicó el libro Os Fuzis e as Flechas. Historia de sangue e resistencia indígena na dictadura.
En el eje de las violencias a gran escala contra los pueblos indígenas de Brasil, otro avance se logró en el marco de la investigación sobre la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. Desde 2021, la investigación es impulsada por el Centro de Antropología y Arqueología Forense de la Universidad Federal de San Pablo en diálogo con diversos espacios académicos, como la Red de Procesos Represivos, Empresas y Trabajadores, Trabajadoras y Sindicatos en América Latina. En esta línea, se estudian las trayectorias de diversas empresas y grupos económicos, así como los grandes proyectos de infraestructura realizados durante la dictadura. Las investigaciones analizan sus efectos ecológicos, productivos y territoriales, y su impacto sobre diferentes sectores de la población, entre los cuales los pueblos indígenas son las principales víctimas.
Si bien el Estado, los colonos y las empresas han sido actores centrales en estos procesos de destrucción socio-territorial a gran escala, las prácticas de violencia contra los pueblos indígenas hoy también involucran nuevos actores. En el marco de esta larga trayectoria de denuncias contra el gobierno de Jair Bolsonaro realizadas por organizaciones indigenistas y ambientalistas, se destaca la acción promovida en 2021 por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el tratamiento de la pandemia en los territorios indígenas.
Durante el Covid-19, el gobierno habría tenido una política de deliberada omisión con respecto a los contagios y habría permitido, cuando no impulsado, la llegada de miles de personas al territorio yanomami. El gobierno era consciente del riesgo de muerte a gran escala que provocaría la multiplicación de los contagios y el retiro de toda la asistencia de salud que existía en el territorio. En otro documento, la APIB señala: “La falta de atención en salud, el debilitamiento de los marcos legales de protección de los territorios y la total connivencia de la Funai con la minería ilegal dentro del territorio indígena yanomami fueron el hilo conductor de la política indigenista durante el periodo 2019-2022”.
Esta vez, a diferencia de las prácticas genocidas que han sido ocultadas por las agendas informativas de Brasil, la política de Jair Bolsonaro fue expuesta a la mirada y el escrutinio público gracias a los medios de comunicación. En esta oportunidad, la opacidad no vino de la mano de las dificultades en la comunicación o en la documentación de los casos, sino más bien de las fake news: la herramienta de comunicación más empleada por el bolsonarismo para tergiversar la realidad y ofrecer “verdades falsas” a la opinión pública.
La necesidad de reflexionar sobre el genocidio
El debate público acerca de los crímenes contra la humanidad impulsados y cometidos en años recientes contra los pueblos indígenas en Brasil nos motiva a seguir poniendo en evidencia no sólo la sistematicidad de las violencias ejercidas, sino la solidez de las estructuras de impunidad que las sostienen. Mediante contribuciones que se sitúan en áreas disciplinarias como la antropología y el derecho, esta edición de Debates Indígenas pone el énfasis en las comunidades de Brasil a través de casos y experiencias elaboradas por indígenas y no indígenas que vienen trabajando en la temática en diferentes regiones del país.
La formulación pasados que no pasan, propuesta por la antropóloga argentina Claudia Briones para pensar las irradiaciones de la llamada “Conquista del Desierto” en la Patagonia, alude a las manifestaciones en el presente de recuerdos, memorias y escombros que resultan de acciones de violencia masiva contra los pueblos indígenas. A su vez, se refiere a la posibilidad de que el pasado irradie de otras maneras y encuentre modos menos conflictivos de expresarse por medio de una escucha de buena fe, que reemplace el habitual atrincheramiento en “prejuicios e ideas recibidas que perpetúan y multiplican malentendidos y violencias” en torno a aquello que califica como genocidios indígenas. Finalmente, alude a la pregunta por el futuro al invitar a reflexionar acerca de qué irradiaciones del pasado y qué formas de justicia son habilitantes para imaginar formas plurales de convivencia colectiva.
Es necesario ampliar aquello que habitualmente las sociedades latinoamericanas están dispuestas a reconocer como genocidio o prácticas genocidas. Las prácticas de genocidio son también las trágicas historias de hombres y mujeres que vieron morir uno a uno a todos sus parientes o que no tuvieron otras opciones que buscar refugio entre otros pueblos. Son también los rastros de sus territorios de vida y sentido destruidos o modificados para siempre; o las relaciones de afecto y parentesco que emergen después de la pérdida como una forma de hacer habitables los presentes.
Como afirma el profesor y antropólogo indígena Felipe Tuxá, nos enfrentamos a la creatividad de las tecnologías genocidas propias de los territorios reclamados por el colonialismo. Hablar de genocidio y de justicia se trata no solo de reparar el pasado, sino también de arbitrar los modos con los cuales sea posible asegurar aquello que es esencial para que cada pueblo indígena pueda florecer. Es necesario trabajar desde diferentes disciplinas, bajo la participación activa de los propios indígenas, de tal manera que la Justicia trate estos crímenes contra la humanidad. De lo contrario, seguirán impunes y la puerta para su repetición seguirá abierta. En este sentido, se destaca el reconocimiento de la responsabilidad estatal en las masacres de Haximú y Capacete, así como el establecimiento de algunas medidas reparatorias.
Justicia, memoria, verdad y reparación
Hoy tenemos la tarea de desplegar en el espacio público evidencias y argumentos para que las prácticas genocidas contra los pueblos indígenas se hagan inaceptables y para que la impunidad se torne socialmente insoportable. La memoria viva de esos crímenes debe convertirse en una barrera que logre que esas prácticas y sus repercusiones en el presente no se repitan nunca más.
En 2023, se cumplen 10 años del redescubrimiento del Informe Figueiredo Correia que llamó la atención sobre la necesidad de una verdadera transformación en la cultura política del país. La creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas puede ser un paso adelante en ese camino, al igual que las declaraciones públicas de un gobierno federal dispuesto a romper con el paradigma de la impunidad. Dada la escala, diversidad, sistematicidad, gravedad y persistencia de las violencias, no parece posible que puedan ser abordadas con la sola voluntad de un gobierno.
Tal vez sea hora de pensar en una Comisión Nacional Indígena de la Verdad que permita no solo dimensionar la escala que las prácticas genocidas han tenido en el Brasil, sino también crear un ambiente sostenible de justicia, memoria, verdad, reparación y no repetición para tantas violencias.
Carlos Salamanca Villamizar es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Contacto: [email protected]
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Fotografía: iwgia
