Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. Columna: Cortocircuitos. 26/03/2023
A principios de enero, Paola llegó a la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, en San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec en la costa de Oaxaca.[1] No la dejaron entrar. La razón fue simple: vestía pantalón y blusa blanca. Era el uniforme correcto, pero del género contrario. Paola vestía las prendas masculinas. Ella era niña. No podía ser.
“Nadie hizo nada para evitar que no me dejaran pasar, entonces yo lloré mucho y no entiendo porque me hacen eso para dañarme, si yo no me he portado mal. Yo no me siento bien, estoy triste de que me estén tratando de esta forma, porque yo no quiero usar el uniforme de las niñas, yo me siento más segura y cómoda con el uniforme de niños, y no me gusta que les hayan dicho a todos los padres de mi escuela mis cosas íntimas”.
Paola y su madre interpusieron una queja por violación a su derecho humano a decidir sobre su cuerpo, a ejercer su sexualidad, a una educación libre, laica y gratuita y por violencia física y psicológica. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente de queja DDHPO/002/RC/(11)/OAX/2023, dentro del cual solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que se realizara la inscripción de la Paola y pidió garantizar el acceso al plantel sin ninguna condición, así como una medida cautelar para garantizar el derecho a la educación.
Cuando Paola regresó a la escuela, otra vez le prohibieron la entrada. Después de algunas horas, ella y su madre pudieron entrar. De inmediato, las autoridades escolares suspendieron las clases. Más tarde, “…mostró videos y fotografías de como fue agredida físicamente por padres de familia, sin que ningún profesor o directivo lo impidiera”.
Derechos Humanos, las autoridades municipales y hasta el gobernador de la entidad intervinieron. No sirvió de mucho. La comunidad no aceptó, aún sabiendo que se estaban violentando los derechos humanos, las leyes y la Constitución de la república. La Asamblea del pueblo, máxima autoridad por usos y costumbres, decidiría si Paola entraba o no a clases. “No es posible que el pueblo tenga que decidir qué voy a usar, qué prenda voy a ponerme, yo estoy cumpliendo con el uniforme, no estoy trayendo otra ropa”, dijo ella.
Su madre entiende lo que le sucede: “Mi hija desde pequeña decidió que se sentía más cómoda con pantalón y pues yo la apoyo, además está cumpliendo con portar el uniforme y no es justo que la discriminen ni que le violenten sus derechos humanos al impedirle ingresar a la escuela y tomar clases”.
En la Asamblea, en la que intervino el titular del IEEPO, la comunidad no aceptó e incluso amenazó con retener a los funcionarios que participaban ahí si se imponía la recomendación. Sus razones fueron expuestas con meridiana claridad por una madre de familia: “El reglamento dice, eres niña, el uniforme de niña, que es falda. Eres niño, uniforme con pantalón. Así está estipulado, y nosotros lo hemos firmado. Estamos aceptando un reglamento. Y si nosotros hemos sido formados con valores, es ahí donde se demuestra que tenemos valores”. [2]
Paola no podrá regresar a la escuela si insiste en su identidad y expresión de género. La comunidad habló.
Los valores de la comunidad
¿Cuáles son los valores de los que la señora entrevistada se mostraba terminante y orgullosa? ¿Los de decidir sobre el destino de todos y cada uno de los habitantes? ¿Los de decidir por sus usos y costumbres ancestrales? ¿Los que dan identidad al pueblo, continuidad a la tradición y poder a los hablantes? ¿Cuáles son esos valores que tanto defienden, en este caso en concreto? Vamos por partes.
La señora lo dice claramente: las niñas usan falda, los niños pantalón. ¿Por qué? Porque lo dice el reglamento, porque así han sido formados, porque así muestran y respetan sus valores. ¿Cuáles son esos valores? Los de decidir sobre el cuerpo, la identidad, la expresión y hasta los derechos de Paola según los usos y costumbres de una comunidad claramente patriarcal. ¡Y es una mujer la que lo dice! No son los machines del pueblo, es una señora orgullosa de los valores del poder patriarcal.
No nos engañemos, los usos y costumbres son los vehículos, los medios del poder patriarcal, esos son sus agentes, los cuerpos, las almas y los corazones que encarnan el poder patriarcal. En los argumentos de la señora pueden verse muy claramente las formas en que la comunidad reproduce la división sexual del trabajo, de las tareas, de la ropa, de los comportamientos: ¡eso es el patriarcado!
La división de roles, la distinción hombres-mujeres como los únicos posibles, son defendidos férreamente, están por encima de todo y de todas, aún de los derechos de los niños; eso es lo que obscenamente se muestra en el acoso comunitario a Paola. Es el patriarcado el que la juzga y discrimina, a ella y a su madre. Es el patriarcado el que la rechaza, le prohibe entrar a la escuela, le niega el derecho a la educación, la violenta física, social y piscológicamente. Es el patrirarcado ejercido por hombres y mujeres, maestros, alumnos y padres de familia, autoridades del pueblo, asambleístas, comuneros. El patriarcado encarna en la comunidad y ésta lo ejerce sin rubor alguno, incluso se enorgullece de ello. Es el patriarcado comunitario, el que pervive en los usos y costumbres de algunos municipios en Oaxaca y en otros lados del país.
Pero el asunto es más complicado, no es nada más la negativa de una comunidad reacia a garantizar los derechos humanos y las identidades de género de sus habitantes; no se trata solamente de poner el acento en esa manifiesta y orgullosa violación de las leyes y la Constitución por parte de una asamblea comunal, como si las autoridades federales, estatales o municipales no las violaran o no toleraran los ilegalismos y las violencias de género.
El problema cobra especial relevancia en estos tiempos de supuesta transformación educativa, cuando la SEP está a punto de aplicar a un nuevo Plan y Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, una iniciativa en la que la comunidad es presentada como un agente educativo fundamental. ¿Significará esto que las comunidades decidirán cuestiones como estas? ¿Decidirán basadas en sus usos y costumbres? ¿En nombre de su cultura? ¿De sus valores tradicionales? ¿Decidirán, como en este caso, por encima de la Constitución, de los Derechos Humanos y de los derechos básicos de las personas?
Porque en el caso de Paola eso fue lo que sucedió: la Comunidad habló, reivindicó su derecho a aplicar usos y costumbres; discriminó impunemente a una estudiante de secundaria, pasando por encima de todos sus derechos. Esa es la comunidad en acto, no en el discurso romantizador, no en las narraciones idílicas de algunos. La comunidad es ésta, la que violentó a Paola, pasó por alto las leyes, violentó los derechos humanos, se impuso a las autoridades y a la Constitución, todo porque una alumna decidió portar pantalón y no falda para ir a la escuela. Parece increíble, pero así fue.
¿Se imaginan lo que puede ocurrir cuando la SEP aplique el Plan 22 en una comunidad patriarcal, o racista, o…? Con este conflicto como botón de muestra, ya podemos imaginar los múltiples problemas en ciernes. Así que los problemas de adoptar a la comunidad como eje de la transofrmación educativa no son menores.
Así lo advertimos desde un inicio; no basta con señalar las cuestiones territoriales, temporales y culturales, hay que establecer límites, atribuciones, prácticas y modos más consecuentes de aterrizar semejantes planteamientos. El asunto mayor es: ¿cómo depatriarcalizar a la comunidad? Si esto no se reconoce como problema, entonces de nada servirán los ejes; será la comunidad la que termine decidiendo si los aplica o no.
Son problemas que es necesario advertir desde ya, de lo contrario, casos como el de Paola podrían multiplicarse. Pensamos que esto se deriva en buena parte, de una desviación del Marco Curricular inicial, cuando pasó de proponer el común a la comunidad. La diferencia entre estos dos conceptos es grande. Educar para el común refiere a impulsar conocimientos, prácticas y valores compartidos, respetando las diferencias y las especificidaedes; educar para la comunidad, por lo que vemos en el caso de Paola, es otra cosa.
El riesgo de apostar todo a la comunidad es la totalidad y la homogeneidad; la virtud del común es la acción conjunta desde la diferencia. No es una discrepancia menor, como se ve muy claramente en este caso.
Sobre esta distinción político-conceptual volveremos en otra ocasión.
Fotografía: aristeguinoticias
[1] Todas las citas de este texto, a menos que se indique lo contrario, se encuentran en: https://aristeguinoticias.com/1503/mexico/niegan-educacion-a-nina-en-oaxaca-por-usar-pantalon-y-ahora-su-pueblo-decidira-si-retorna-a-las-aulas/?fbclid=IwAR3vpCMixxuk9fldsNskvkitLvhigmcqwD7yu7BbCVXk5CMe8M7iAgiBF5c
[2] https://www.facebook.com/watch/?v=1188784508437977
