Por: FNLS. 21/01/2018
La consigna ¡Ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los criminales de Estado! Es producto de la lucha de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, de la exigencia de la presentación con vida de sus seres queridos, así como juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos flagelos. Expresa el sentir de las masas populares, por lo que tienen estricta relación con el pueblo.
El discurso de Enrique Peña Nieto durante la inauguración de las instalaciones del 79 batallón de infantería, que a la letra dice “no puede haber perdón ni olvido, no cabe el borrón y cuenta nueva, dejarle hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”, es un absurdo y un acto de demagogia pura porque intenta robar las banderas de lucha del pueblo organizado, pretende a través de sus alocuciones mediatizar el dolor de los familiares de las víctimas ante la ausencia de sus seres queridos.
Resulta pueril que un mandatario, sobre quien pesa la responsabilidad de ejecutar una política de terrorismo de Estado se pretenda erigir como paladín de la justicia por medio de una consigna popular, porque los únicos criminales a quienes nunca se les podrá otorgar el perdón, ni se borrará de la memoria colectiva los efectos deleznables de su práctica, son los representantes de la política oficial, los personeros de la oligarquía que fungieron como titulares del ejecutivo federal, entre ellos, Enrique Peña Nieto.
Analizada de manera superflua, esta frase en voz del presidente de la República parece inofensiva, más aún, la expresión más nítida de un fiel representante del “estado de derecho”, “la mano firme contra la delincuencia”, sin embargo, cuando estas palabras son expresadas por elementos de la institucionalidad burguesa, significa tender el manto de impunidad sobre los responsables de miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Esta consigna tiene arraigo en las masas trabajadoras, el origen remite a la exigencia de justicia por infinidad de crímenes contra el pueblo; si el representante del gobierno mexicano la adopta para sostener sus argumentos contra otro personero de la política oficial, representa una burla, una ofensa y el cinismo que raya en lo pendenciero, porque los verdaderos criminales se encuentran en las propias instituciones y visten insignias oficiales.
En el actual sexenio las cifras de los crímenes de Estado registra una línea ascendente comparado con sus antecesores, no obstante, el gobierno de Peña Nieto no tiene responsables detenidos por el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, al contrario, su gobierno los ha protegido con el manto de la impunidad, les garantiza el camino para que cometan más crímenes de Estado y de lesa humanidad, en los hechos es otorgarles inmunidad.
Un ejemplo claro de esta política gubernamental es el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo del año 2007, caso que tiene avances sustanciales en la investigación jurídica respecto a la participación de funcionarios, militares y policías estatales y municipales en el cometido del crimen, luego entonces, si el ejecutivo federal dice que su obligación es cumplir con la ley ¿Por qué sus instituciones no dan con el paradero de los dos revolucionarios y enjuicia a los responsables?, ¿A qué se debe que la resolución jurídica a favor de ellos la 29/2014 no se cumpla a cabalidad?
La respuesta es sencilla, porque si dan con el paradero de los detenidos desparecidos y se cumple a cabalidad dicha resolución, sería aceptar que las fuerzas armadas y las diversas corporaciones policíacas cometieron un crimen de lesa humanidad, que tiene responsabilidad desde el elemento en quien recayó la tarea de objetivar dicho crimen, como quien la planeó.
La desaparición forzada se ejecuta en nuestro país con la intención de hacer el mayor daño posible a familiares, amigos y compañeros de lucha, por lo que el gobierno mexicano queda expuesto en su condición criminal que intenta eliminar a toda persona que opta por una ideología comunista y además lucha por mejores condiciones de vida es considerado enemigo para el Estado mexicano.
Casos como este hay muchos, los cuales permanecen en el anonimato por la política oficial o ahogados en el silencio de las gargantas de los familiares, dado la indolencia que reciben de los funcionarios ante la ausencia de sus seres queridos, son señalados y estigmatizados con eufemismos que los incriminan, como “se los llevaron porque seguramente estaban en malos pasos o no los cuidaron bien”, con estos comentarios revictimizan a las víctimas y las intentan convertir en “delincuentes” o “malos” para justificar el crimen de lesa humanidad y pasarlo como un delito del fuero común.
Cuántos familiares están en la espera de una noticia sobre el paradero de sus seres queridos, y cuál ha sido la respuesta de los funcionarios e instituciones sobre los casos, en algunos cínicamente les dicen espere, total ya está desaparecido o ya olvida lo sucedido, piensa en tus demás hijos, les puede pasar lo mismo, argumentos que reflejan la política de gobierno de mantener en la impunidad a los responsables; en otros la respuesta es el cometido de más crímenes para obligar a los familiares a desistir de su lucha por la exigencia de presentación con vida o exigir juicio y castigo.
Qué nos puede decir este representante del Estado mexicano sobre la consigna Ni perdón ni olvido, si es el primero en mantener en la impunidad a los perpetradores y otorgarles inmunidad, en mantener en un baño de sangre al pueblo trabajador en toda la República mexicana, de ejecutar el terrorismo de Estado contra el proletariado, de imponer a sangre y fuego las reformas neoliberales, sus discursos resultan palabras hueras que intentan disfrazar su política criminal.
Las víctimas del terrorismo de Estado son más de 700 mil, cifras exorbitantes que reflejan la magnitud del fenómeno, más aún que en pleno año electoral continúan los hallazgos de fosas clandestinas, un indicativo más de que no se puede ocultar lo inocultable, lo que esta administración hizo contra el pueblo trabajador.
Una conclusión sale a flote, independientemente de quien quede en la silla presidencial, no existe ninguna garantía de que estos crímenes disminuyan y el titular del ejecutivo federal deberá responder por ellos; no hay ningún halo esperanzador sobre poner fin a los crímenes de lesa humanidad, sexenio tras sexenio éstos se incrementan, principalmente contra todo opositor, luchador social, activista político, revolucionario, periodista o defensor de los derechos humanos, hecho que nos conduce a reflexionar que la solución no está en poner un voto por tal o cual candidato sino en coadyuvar en el desarrollo de la conciencia proletaria y luchar contra la explotación y opresión, de lo contrario seguiremos ahogados en un baño de sangre.
No permitamos que el Estado mexicano nos arrebate las consignas del pueblo, aquellas que salieron de las gargantas combativas de las víctimas para ser escuchadas sus demandas, que expresaron al unísono la responsabilidad de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad; consignas que en boca del representante del ejecutivo se escuchan vacías, sin contenido para el pueblo trabajador, porque desconoce el dolor y desesperanza de los familiares ante la ausencia de un hijo, hija, esposo o sobrino que fueron arrancados violentamente de sus hogares por el terrorismo de Estado.
No perdonemos los crímenes de Estado y de lesa humanidad que cometió el gobierno de Enrique Peña Nieto; no olvidemos que sus funcionarios, instituciones, políticos de oficio y fuerzas armadas están involucrados en cada una de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el país; desenmascaremos su política criminal con organización, la denuncia política y acciones políticas de masas.
Fotografía: acapulconews
