Por: ASIER VERA. 05/05/2021
Acusan al poder judicial de haber limitado a través de sus sentencias las funciones del Gobierno durante el manejo de la pandemia de coronavirus
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya no tiene ningún contrapoder que limite su mandato. Tras lograr el control absoluto de la Asamblea Legislativa en las elecciones de finales de febrero, este sábado se conformó esta institución y la primera medida que tomó fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del titular de la Fiscalía General de la República. De este modo, logra el control de los tres poderes de El Salvador, principal objetivo desde que asumiera el poder en junio de 2019. Desde su cuenta de Twitter, con más de dos millones de seguidores, Bukele se ha dedicado a dar órdenes, pero éstas solo afectaban al poder Ejecutivo, porque hasta ahora no controlaba ni el Legislativo, ni el Judicial. Esta situación ha dado un giro de180 grados con la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, fruto de los pasados comicios, en la que Bukele cuenta con el apoyo de 64 de los 84 diputados, que son los mismos que ayer dieron el golpe definitivo para controlar el último poder que hacía contrapeso al mandatario. Hasta este sábado, Bukele solo contaba con el respaldo de los 10 diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), lo que le impedía aprobar sus iniciativas.
Sin embargo, este escenario cambió radicalmente y, a partir de ahora, cuenta con los votos de los partidos Nuevas Ideas, fundado por el propio Bukele, GANA, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional, que han conseguido destituir al presidente de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ, José Armando Pineda, así como a cuatro magistrados titulares y cinco suplentes. Esta iniciativa fue propuesta por la primera Vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, quien defendió la necesidad de destituir a los magistrados por haber cometido «fraude a la Constitución» y violar la separación de poderes por haber limitado a través de sus sentencias las funciones del Gobierno durante el manejo de la pandemia del coronavirus. Además, acusó a los magistrados de tener una «arrogante intromisión y una interferencia abusiva» con estos fallos.
Una de las medidas que impuso el Gobierno de El Salvador y que contó con el rechazo de la Sala de lo Constitucional de la CSJ fue la obligatoriedad de los pasajeros que deseen ingresar al país de presentar una prueba PCR negativa de coronavirus 72 horas antes de haber iniciado el viaje. La disposición del Ejecutivo fue notificada a las aerolíneas mediante una circular el 11 de septiembre de 2020, si bien la Sala de lo Constitucional ordenó suspender la exigencia, teniendo en cuenta que la Asamblea Legislativa no había aprobado un régimen de excepción que respaldara tal medida. Ello provocó el enfado de Bukele, que llegó a acusar a los magistrados de intentar «desmantelar» el Gobierno. «Pretender que se deba buscar legislación por cada acción del Gobierno, solo intenta negar su existencia e imposibilitar su trabajo y eficacia, dejando a la sociedad sin control estatal. Es decir, una sociedad en caos», criticó en su día el presidente en su cuenta de Twitter. Asimismo, el mandatario también se enfrentó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional tras la polémica medida del Gobierno de detener a las personas que violaran la cuarentena y enviarlos a centros de contención donde estarían aislados dos semanas. Así, la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto con el que Bukele extendía la cuarentena hasta el 15 de junio del pasado año y contemplaba el citado encierro obligatorio para quienes lo incumpliesen. De este modo, los magistrados declararon inconstitucionales una decena de decretos ejecutivos con los que el presidente pretendía controlar la epidemia sin contar con el visto bueno de la Asamblea Legislativa, que hasta este sábado estaba controlada por la oposición impidiendo al mandatario gobernar libremente.
Pese a que Bukele había logrado romper el bipartidismo imperante desde que finalizara la guerra civil en El Salvador (1980-1992), todo lo que quería aprobar en el Congreso acababa bloqueado por la oposición de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que contaba con 35 diputados, y la izquierda heredera de la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con 23.
Ante esta oposición férrea, el presidente dio un paso más allá y en febrero del pasado año entró a la Asamblea con militares fuertemente armados para presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares, destinados a la tercera fase del Plan de Control Territorial con el que pretende luchar contra las pandillas. Una vez más, la CSJ se enfrentó al presidente y le exigió días después que dejara de utilizar al Ejército en actividades que pongan en riesgo la separación de poderes.
«PREOCUPACIÓN» EN EEUU Y RECHAZO DE LA OEA
Por ello, Bukele celebró a través de diferentes mensajes en Twitter la decisión de la Asamblea Legislativa contra los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ: «El pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!». Ya en agosto de este año, el mandatario llegó a asegurar que «si fuera de verdad un dictador, hubiera fusilado a todos» los magistrados de la Sala. «Salvar 1.000 vidas a cambio de cinco, pero no soy un dictador».
Sin embargo, el conflicto entre el poder Ejecutivo y Judicial no ha terminado, ya que la Sala de lo Constitucional de la CSJ de El Salvador ha declarado inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa, al considerar que «viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista», establecido en el artículo 85 de la Constitución. Así, indica que «con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta Sala, el cual resulta necesario para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución».
Por su parte, el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ya ha hablado con Bukele para expresarle sus «serias preocupaciones» sobre la destitución de los magistrados, que supone «socavar al más alto tribunal de El Salvador». En este sentido, ha recordado que «la gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes por el bien de todos los salvadoreños». También se ha pronunciado la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que ha rechazado la decisión de la Asamblea Legislativa y ha recordado que, en la democracia, las mayorías tienen la responsabilidad de garantizar la separación e independencia de los poderes públicos. «Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político y eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo», advierte.
Mientras, Bukele hace caso omiso a las reacciones internacionales y continúa hablando desde Twitter: «En lo personal, estoy satisfecho con la primera plenaria. Falta mucho por cambiar en nuestro país, pero está claro que no pueden hacerlo todo en un día. El pueblo salvadoreño contrató nuevos representantes. Unos que sí están cumpliendo lo que prometieron».
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Fotografía: El mundo
