Por: Tlachinollan. 05/05/2021
Ante la emboscada que sufrió la policía comunitaria de Rincón de Chautla el domingo 7 de marzo, donde murió el comandante Jordán Luna y resultaron heridos 3 policías, las comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera, adscritas a esta casa de Justicia, decidieron en asamblea, cambiar la sede a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, y al mismo tiempo, nombraron de manera interina, a dos nuevos coordinadores. El sábado 27 de marzo, en una reunión de 5 horas, analizaron la situación interna que enfrentan con los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ). El tema recurrente y de primer orden es la amenaza constante que tienen por parte del grupo delincuencial “los ardillos”, que se han establecido en el crucero del Jaguey y el crucero de Colotepec, a pesar de la presencia de la guardia nacional, que mantiene una presencia pasiva, para medio contener las acciones violentas que se han dado en la región. Ante la inacción de las autoridades federales y estatales, de no investigar a los responsables de los homicidios que se han consumado, como el caso de los músicos de Alcozacán y de no proceder al desarme y desmantelamiento del grupo de los “ardillos, los habitantes consideraron que el 10 de abril era una fecha muy oportuna para recordarle al gobierno sus compromisos incumplidos.
Las 14 comunidades que participan con esta casa de justicia se sienten asediadas e imposibilitadas de salir de su territorio para abastecerse de víveres en las cabeceras municipales de José Joaquín de Herrera y Chilapa. Los niños y algunas niñas de 13 y 14 años han dejado de estudiar la secundaria ante el riesgo inminente de sufrir una agresión en su traslado a la escuela. Los mismos niños que se dedican al pastoreo de cabras han sido balaceados. El último caso sucedió en agosto pasado, cuando un niño fue herido de bala en su pierna derecha. Su compañero que llevaba una escopeta, respondió a la agresión para ponerse a salvo. Las experiencias dolorosas de varias familias que han perdido a sus padres o hermanos en ataques armados, los ha obligado a desplazarse o armarse. En esa reunión los padres de familia acordaron realizar un desfile el 10 de abril para conmemorar el asesinato de Zapata. Un desfile de protesta, para hacer visible su coraje y su rabia ante tanta condescendencia de los gobiernos con los grupos delincuenciales que se han propuesto tomar el control territorial de sus tierras comunales.
No solo tienen que lidiar con las autoridades municipales que mantienen en el abandono a las comunidades indígenas, sino que enfrentar con las armas al crimen organizado que ha sometido a comunidades vecinas suplantando a las autoridades locales. El gobierno del estado solo acude cuando hay conflictos de alta intensidad. Su presencia es para sobrellevar el conflicto, apaciguar los ánimos con la entrega de despensas y la realización de alguna obra de poca relevancia. Las autoridades federales solo llegaron después de la aparición de los 19 niños uniformados y armados como policías comunitarios en Alcozacan, el 23 de enero de 2020. Todo quedó en compromisos vacuos, en promesas incumplidas, y lo más grave de no contener la espiral de la violencia y no atender la demanda central, del cerco delincuencial que ha costado vidas humanas y una violación sistemática a sus derechos humanos.
Este 10 de abril de nueva cuenta salieron los niños indígenas de la Montaña baja. Los niños que no están en posibilidades de estudiar la secundaria, porque el gobierno no envió los tres maestros o maestras que le solicitaron en enero del 2020, y mucho menos tuvo dinero ni voluntad para construir tres aulas, Tampoco atendieron la solicitud de construir 9 viviendas para las viudas de Ayahualtempa. Las 34 familias desplazadas siguen padeciendo los estragos de la violencia y de no tener un lugar seguro para sobrevivir. Continúan deambulando con sus hijos e hijas en las comunidades vecinas, porque no hay una institución dispuesta a proteger a las madres e hijos. La ausencia de proyectos de desarrollo comunitario para reactivar sus actividades productivas y artesanales han asfixiado económicamente a las familias, que sobreviven del maíz de temporal y de la venta de aves de traspatio.
Fueron 40 niños indígenas que la nación ni el estado los ve, mucho menos los atiende. Los niños y niñas desnutridos que viven en casas de adobe y de carrizo, Con pisos de tierra y con el fogón a ras del suelo. Los niños y niñas nahuas que tienen que cortar leña y acarrearla sobre sus hombros. Los que tienen que ir con sus cántaros para acarrear agua de los pozos. Los que acompañan a sus papás y mamás a la parcela para preparar el tlacolol y sembrar el maíz. Son los que desde pequeños elaboran su horqueta para armar su resortera y cazar animales en el campo. Los que son diestros para tronar el chirrión y pastorear las cabras. Niños y niñas que sin estudiar ciencias naturales conocen la flora y la fauna de su territorio y aprenden a sumar y restar ejercitándose todo el tiempo con el trabajo en el campo. Niños y niñas que no saben del día de reyes, ni que los primeros años de su vida tienen el derecho a vivir dignamente y a tener un desarrollo óptimo.
Este 10 de abril volteamos a ver a 40 niños, no porque juegan como los demás niños y porque desfilan como en la escuela, sino porque aparecen como policías comunitarios, marchando con sus armas, recibiendo órdenes de sus coordinadores, de presentar sus armas de fuego, denunciado las tropelías del gobierno y disparando contra quienes han causado la muerte de sus padres y que son la principal amenaza para el futuro de la comunidad. Niños que han declarado que ante la falta de protección de los gobiernos a los niños y niñas indígenas, se van a defender y a responder con fuego.
A 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, la situación de las comunidades indígenas y campesinas de Guerrero, enfrentan no solo el olvido y el aislamiento, sino los estragos de políticas depredadoras, que se han aplicado de manera unilateral por parte de los gobiernos centrales, sin revertir el rezago ancestral ni remediar sus males añejos. El campo sigue siendo un territorio en disputa, entre las empresas extractivistas que son apoyadas por el gobierno federal, al anunciar que respetará las concesiones que les fueron autorizadas en otras administraciones; con el saqueo de los bienes naturales por parte de empresarios que cuentan con el apoyo de funcionarios federales encargados de proteger el medio ambiente y de autoridades estatales y municipales que se asocian para realizar negocios al amparo del poder. Lo más cruento es la expansión de las organizaciones criminales que tienen presencia en las siete regiones del estado y que se han infiltrado en los gobiernos municipales. Su presencia data de muchas décadas, cuando se establecieron pactos entre grupos caciquiles con jerarcas militares, que con el pretexto de combatir a la guerrilla, permitieron la creación de guardias blancas que se encargaron de hacer el trabajo sucio junto con las corporaciones policiales que fueron formadas en tiempos de la guerra sucia para asesinar a líderes sociales, magisteriales y estudiantiles y reprimir el movimiento social. Este espectro conformado por los aparatos represivos de seguridad se transformó en la peor amenaza para el pueblo de Guerrero, que en diferentes momentos históricos ha luchado contra los grupos caciquiles y contra gobernantes corruptos. Esta violencia institucionalizada fue la qu engendró la violencia delincuencial que se fue fortaleciendo con las complicidades que existen con los elementos del ejército de los mismos jefes policiales, que pactan para tener el control de las plazas y garantizar que los negocios de la economía criminal fluyan sin ningún obstáculo.
Las autoridades han dejado en los grupos de la delincuencia la tarea de controlar a la población, de aplicar la ley del Talión y de someter a las organizaciones que increpan al poder. Las organizaciones delincuenciales en lugar de que su fuerza sea diezmada, se ha incrementado su poder de fuego. A pesar de que el ejército, la marina y la guardia nacional saben cómo funcionan y cómo está su estructura organizativa, han optado por mantenerse al margen de los conflictos dejando a la deriva a las comunidades que ancestralmente han ocupado estos territorios. Los crímenes que cometen forman parte de la memoria de las atrocidades, pero no son materia de investigación. El negocio de las armas, que pasa necesariamente por el filtro del ejército es un negocio próspero en regiones sumamente pobre y convulsas. No hay acciones contundentes que pongan un dique a los giros más prósperos de la economía criminal que se gestan en las regiones más pobres del estado y donde esta la riqueza natural que han sabido preservar las comunidades rurales de Guerrero. Hoy que el campo está minado por el narco, el escándalo del gobierno no son por las atrocidades que cometen, sino por los niños indígenas que ante el cerco delincuencial han lanzado su grito de desesperación: ¡Zapata Vive!
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
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Fotografía: Tlachinollan
