Por: Paola González Castañón. Diario de México. 21/01/2023
De nueva cuenta, transitamos un camino de violencia, atentados, ataques y asesinatos rumbo al proceso electoral de junio próximo. Se trata de un secreto o una amenaza a voces. Las notas sobre homicidios se hacen presentes meses antes de cada proceso, pero terminan ocultas entre la publicidad electoral, se dice que “a todo se acostumbra uno” pero a veces se convierte en una mala costumbre, y sí que se nos ha hecho, pues sustituir a nuestros candidatos muertos como si nada pasara, debe ser un signo de algo malo.
Para nadie es un misterio la ola de violencia comicial que enfrenta el país o no debería serlo, tomando en cuenta que de 2018 a lo que va de 2024 van registrados mil 564 actos de violencia en contra de partidos políticos, personal partidista, gubernamental o instalaciones de gobierno, esto basado en la información publicada por la organización Data Cívica, titulada entre 2018 y lo que va de 2024.
El terror es el medio por el cual el crimen organizado busca influir en el contexto público del país, y las victimas serán los funcionarios estatales, federales o alguno de sus familiares, porque a veces se necesita meter presión.
Remontándonos a las vísperas del proceso electoral de 2018, específicamente a septiembre de 2017, en esa fecha se registraban 48 precandidatos y candidatos asesinados, mientras que 214 candidatos contaban con alguna medida de seguridad, 12 de ellos eran custodiados por la policía federal y a los candidatos presidenciales se les ofrecía protección, aunque estos no la hubieran solicitado.
UN ALZA DE 4 MIL 500%
Los estados más afectados durante ese periodo por orden de prelación fueron Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán. En aquel entonces se vislumbraba como la etapa más violenta en la historia de México, y no era para menos, teniendo en consideración que durante las elecciones federales de 2012 solo se registró la muerte de un solo precandidato o candidato, según la gráfica publicada el 22 de junio de 2018 por Etellekt, consultoría en comunicación y riesgo. Con base en sus datos, en seis años se dio un salto alarmante de 4 mil 500%.
Y es que aunado a lo anterior, los municipios con un rango de 10 mil a 50 mil habitantes, se han convertido en presa fácil del crimen organizado, por su carencia de recursos en seguridad pública, de desarrollo institucional, aparte, del hecho de no contar con el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que cubre gastos de profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones de seguridad pública.
¿QUIÉNES SON LOS MÁS VULNERABLES?
Basándonos en los números, los candidatos a alcaldes o los mismos munícipes son el blanco favorito, dado que el 48% de los aspirantes asesinados durante 2018 buscaban este cargo, sólo en Michoacán durante junio del mismo periodo, un día antes del homicidio del presidente municipal de Ocampo, fueron ultimados dos candidatos a alcaldías del estado.
Si hacemos un recuento, los números quedan así, el sexenio del priista Enrique Peña Nieto que abarcó de 2012 a 2018, reportó 39 alcaldes muertos, mientras que el del Morenista y aún presidente, Andrés Manuel López Obrador, registraba hasta octubre de 2023 más de 80. Aunque el homicidio más reciente ocurrió el 5 de enero de 2024, cuando perdió la vida David Rey González Moreno, quien aspiraba a la alcaldía de Suchiate, en Chiapas, por la coalición PRI, PAN, PRD.
Como se mencionó, a veces los familiares de los postulantes o los servidores políticos se convierten en una moneda de cambio, con el fin de coaccionar e influir en las campañas. Como fue el caso del precandidato Morenista al Senado de la República Ricardo Ahued, en 2017, su hermano Gerardo Ahued Bardahuil fue privado de su libertad cuando salía de una clínica médica en la cual desempeñaba el cargo de director, para ser puesto en libertad el día 23 de diciembre del mismo año, gracias a un operativo dirigido por el entonces gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.
Según el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020, editado por la asociación Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), se registraron 59 atentados contra familiares en las elecciones de 2017 a 2018, en el mismo perdieron la vida 28 precandidatos y 20 candidatos, 64 tentativas de homicidio, 38 asaltos y 31 secuestros.
ALCALDES, REGIDORES Y SÍNDICOS ASESINADOS
Según las gráficas de Etellekt publicadas el 1 de enero de 2023, los ediles asesinados durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto quedaron de la siguiente manera, 56 regidores, 39 alcaldes y 12 síndicos, mientras que en el sexenio de la autollamada “Cuarta Transformación”, tomando en cuenta la información de Data Cívica, entre 2018 y lo que va de 2024, van 34 regidores muertos, 24 alcaldes y 12 síndicos.
¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN TOMANDO?
En 2023, durante el Quinto Informe de Gobierno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, manifestó en la Cámara de Diputados que el gobierno dará seguridad y protección a todos los postulantes de elección popular.
“De cara al proceso electoral de 2024, esta Administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancias al uso de recursos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección popular y sobre todo respeto absoluto a la voluntad del pueblo”.
También afirmó que la estrategia del tabasqueño ha reducido 17% los homicidios y 80% los secuestros.
“Hay un plan de protección para candidatas y candidatos. La Sedena les hizo llegar un planteamiento en ese sentido a la Señora Xóchitl Gálvez y a la Señora Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder. Pero todos los que necesiten protección se les garantizará. Vale más prevenir…”, expresó el mandatario federal en septiembre del año pasado.
Dicho programa se desarrolló desde 2021 y se publicó en 2022, bajo el nombre la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, propuesto por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo enfoque está enfocado en atender las denuncias por amenazas o agresiones hacia las y los candidatos de cualquier partido político. Además, intenta detectar a tiempo amenazas, riesgos y vulnerabilidades, implementando medidas de seguridad específicas para cada caso.
Lamentablemente, no especifica qué candidatos pueden aplicar para dicho beneficio, tomando en cuenta que en este 2024 se disputan 21 mil 268 puestos públicos, en CDMX 16 alcaldes y 160 concejales, por otra parte 500 diputados federales, mil 98 diputados locales y 128 senadores. Mientras que a nivel municipal se juegan mil 938 presidentes, mil 973 síndicos, 14 mil 160 regidores y mil 240 funcionarios. Además de los tan esperados cargos a la Presidencia de la República y las nueve gubernaturas, siendo estos últimos los que puedan gozar de la protección que ofrece López Obrador.
NUEVO MODUS OPERANDI
Por si no era suficiente, ahora los políticos se enfrentan a otro tipo de amenaza y no es más que la violencia política digital, Rubén Salazar director de Etellekt informó que es un método de intervención ilegal en comunicación privada, la cual se encuentra clasificada en sus servidores.
“Nueva modalidad de violencia contra políticos y candidatos se ha incorporado al indicador de violencia política de Etellekt, manifestó.
Y es que en la consultoría llevan un registro de agresiones por procesos electorales, en el último se registraron 85 de las cuales 14 entraban en esta clasificación.
“14 consistieron en el hackeo de las cuentas de redes sociales de igual número de víctimas y, dos candidatos y precandidatos padecieron este tipo de operaciones ilícitas en sus dispositivos celulares”, detalló Etellekt.
PERO ¿EN QUÉ CONSISTE?
El objetivo de los criminales es encontrar información sensible como fotos, videos, audios o documentos con los cuales poder infundir presión o desprestigio en sus campañas, así como intervenir las líneas telefónicas.
“Van desde la clonación de los chips telefónicos de las víctimas, el envío de supuestos premios para obtener códigos de verificación de dos pasos de sus aplicaciones de mensajería, hasta el envío de enlaces web apócrifos a sus correos y redes sociales, para la descarga de software malintencionado”, detalló Salazar.
De igual manera, el director de Etellekt afirmó que la intimidación y la coacción a los familiares de los postulantes les facilita el trabajo de extorción al infundir terror psicológico.
“Se han convertido en el nuevo modus operandi predilecto de los agresores, lo que les permite lograr su objetivo de generar terror psicológico en la victima, con mayor impunidad y a un costo más bajo”, anotó.
HACKEO DE CELULARES
Max Correa Hernández, exdiputado local mexiquense, denunció en junio pasado que, durante las elecciones de 2023 para la gubernatura del Estado de México, tanto él como varios representantes populares de Morena fueron víctimas del hackeo de sus teléfonos celulares.
También aprovechó para quejarse de la forma en la que las autoridades abordan este tipo de delitos, pues afirma que no obtuvo ningún tipo de soporte y, que las autoridades no mostraron ningún tipo de interés en ayudarlo.
“Está clara la impunidad y esta es una de las nuevas formas de lo que saben hacer, para bien o para mal, los que quieren obtener constancia de mayoría a toda costa, sin importarles ir en contra de los deseos democráticos de los ciudadanos mexiquenses”. expresó Correa Hernández.
Ahora los candidatos a cualquier cargo político tendrán que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, pues cada día aparecen nuevos actos ilícitos de los cuales pueden ser víctimas. Parece que fue ayer cuando se le cuestionaba en 2016 al hacker colombiano Andrés Sepúlveda si este tipo de actos podrían realizarse en campañas políticas.
Fotografía: eldiariodemexico
