Por: CONTRAHEGEMONIA.WEB. 20/07/2020
Demasiado parecido al sur para ser del norte, pero más cerca de éste como para pertencer a aquel. Demasiado diferente para encajar en el centro-caribe. México parece siempre un país extraño en América Latina. A pesar de la enorme influencia que ejerce, se percibe en otra frecuencia, con códigos distintos y a destiempo del resto de la región. Un país sin golpes de Estado, pero con un partido en el poder por más de 80 años. El más sometido a Estados Unidos, pero de los que más han demostrado su soberanía frente a la gran potencia. Un país ultra moderno y a la vez profunda y vivamente indígena. Un país que no se creía que volviese a tener un gobierno con respaldo popular y que, sin embargo, parece haberlo alcanzado e incluso detonado una nueva ola de cambios en la región.
Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de unos meses de resonada internacional por la “nueva etapa” que vaticinaba, México volvió al olvido. Aunque casi nadie sabe bien qué pasa con el nuevo gobierno, se intuye que las expectativas del mismo han disminuido, cuando no desaparecido. De la derecha casi no se sabe ni se pregunta, a pesar de su fortaleza y la extensión de sus tentáculos por el mundo. Mientras, el interés por los procesos políticos populares -al margen de la política oficial-, que varias veces llamaron la atención del mundo, se ha ido esfumando. Así, el país sólo aparece en el escenario mundial eventualmente por algún suceso violento, por grandes atentados o, cada día más, debido a las cifras de contagios y fallecimientos por la COVID.
El presente texto, en tiempos tan confusos – y a dos años del triunfo presidencial de AMLO- se concentra en analizar la situación de México y es un intento por volverlo a ubicar en América Latina y el mundo. El análisis se esfuerza por tomar en cuenta el movimiento vivo de los actores y clases, los metabolismos, dinámicas y procesos económicos y sociales, las relaciones entre países y regiones, y las tendencias latentes en la historia. Al mismo tiempo tiene que enfrentarse a las acumulaciones culturales, los sentidos y significados discursivos de los sujetos, y las formaciones sociales producto de todos los conflictos que conforman el presente. Este material no pretende hacer un análisis exhaustivo de lo enlistado. Sin embargo, de modo general, expone los elementos más relevantes que permiten tener una imagen en suspenso del momento, para inteligir las posibles líneas de movimiento ulterior.
I. El pecado original de la 4T
El triunfo de AMLO representó la posibilidad -por primera vez- de que una fuerza de oposición, ubicada a la izquierda de las demás oponentes, ganara la presidencia sin que ocurra un fraude electoral. Su triunfo (el 1º de julio de 2018) fue producto de un largo proceso de rechazo popular hacia el modelo hegemónico de desastre y terror implantado en los últimos 50 años (al menos desde la crisis política que detonó el Movimiento de 1968 y no sólo a partir del modelo neoliberal-). Se articuló por un lado, el hartazgo popular al régimen vigente, un panorama de movimientos sociales desgastados sin posibilidad de imponer fuerza (pero juzgándolo al menos como “el menos peor”) y por el otro, las alianzas del candidato con empresarios y sectores de la oligarquía y el apoyo de Enrique Peña Nieto (EPN) para que ganara AMLO (al menos desactivó el fraude).
Los 30 millones de personas que votaron por él no representaron nunca un apoyo incondicional al mismo, sino que fueron la suma de los elementos enlistado antes con uno especial que le dio el cariz explosivo: a diferencia de las elecciones previas, nunca el candidato de oposición se había mantenido, desde el inicio de la contienda hasta el último día, puntero en las encuestas. La inminencia del triunfo precipitó que los indecisos, más los escépticos del sistema electoral, se volcaran en su favor. Reinaba además la idea de que existía la posibilidad de que irrumpa la violencia y el país se saliese de control si ocurría un fraude, algo que agitaba el escenario a favor de “lo seguro”.[1]
Inclusive, este fervor hizo que un hecho sumamente preocupante quedara oculto: con un saldo de 500 personas asesinadas -entre funcionarios y políticos involucrados en la contienda y de diferentes frentes partidarios- aquellas fueron las elecciones más violentas en la historia reciente de México según cifras oficiales. Tan sólo durante todo el 1º de julio (el día de las elecciones), se reportaron al menos 138 agresiones y siete asesinatos contra políticos en 26 entidades.[2] Esto habría sido un escándalo de no ser porque no ocurrió un fraude al máximo nivel -lo que no excluye que hayan ocurrido fraudes e imposiciones en otras escalas y obliga a pensar sobre la continuidad–, lo cual aparece como un vicio de origen en la democracia mexicana e implicó la posibilidad de acceso y ejercicio del poder.
Los primeros meses de gobierno estuvieron marcados por una mezcla de triunfo popular, toques de optimismo y de un genuino y sincero deseo -muchas veces dicho en silencio por parte de la izquierda o de sectores intelectuales críticos- de que “la situación mejore un poco” o “al menos la cosa no se ponga peor”. Bajo una estrategia simbólica muy sofisticada, la presidencia fue colocando uno a uno diversos elementos que mostraban el “cambio histórico”: una ceremonia afro-indígena en la que le entregaron el bastón de mando;[3] el acto de rematar varios bienes suntuosos y abrir al público la residencia presidencial de “Los Pinos”, mientras él -“como Benito Juárez”– regresaba a vivir al Palacio Nacional;[4] quitando el cuerpo de escoltas, viajando con un mínimo personal de apoyo y usando las líneas áereas comerciales; desde el primer día mantuvo sus conferencias de prensa como símbolos de transparencia;[5] pero lo más importante sin duda es que con base exclusiva en sus propias declaraciones sentenció que en México se acabó el neoliberalismo y la corrupción (“los principales males responsables de la crisis en el país”). El poco consenso que buscaba la presidencia de Calderón y Peña Nieto dejan de lado que la estrategia mediática de AMLO tiene destellos similares a los primeros mensajes que diera Vicente Fox al declarar que resolvería el conflicto en Chiapas “en 15 minutos”. Más atrás en la historia, los símbolos de AMLO coinciden significativamente con el universo simbólico que el presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-76) construyó en torno de sí mismo.
En ese sentido, cobra vital importancia la auto definición del nuevo gobierno como aquel que representaba y llevaría a cabo una Cuarta Transformación (4T). Un suceso histórico continuador y sólo comparable con la revolución de Independencia que se libró a partir de 1810, las “Guerras de Reforma” de 1858, y con el proceso revolucionario iniciado en 1910. Desde entonces y sobre todo al calor de la compleja situación que vive el país, publicistas y figuras políticas cercanas a AMLO insisten en que las oposiciones y críticas al Presidente sólo responden al odio de quienes vivían a costas del Estado o de minorías clasemedieras intoxicadas con el miedo al cambio, justo en el momento en que estamos entrando en una profundización de los cambios.[6]
II. ¿Transformar conservando?
El nuevo gobierno llegó después del más intenso proceso de reformas constitucionales en México, las cuales minaron los fundamentos del Estado pos revolucionario. La aquiescencia de su triunfo -por parte de los sectores que antes se opusieron a él- se debe a su compromiso de no revertir ninguna de estas desnacionalizaciones y cambios regresivos en materia de derechos. Desde que se anunció como la 4T diversos análisis demostraron que no existía ningún elemento en su programa capaz de compararse a los procesos previos, en especial porque, a diferencia de los otros, que se sintetizaron en procesos constituyentes, AMLO insistió una y otra vez que una nueva constitución sería tarea de las generaciones futuras.
Lo central en la 4T se basa en un discurso de combate a la corrupción, en recortes presupuestarios en salarios de la alta y media burocracia, en reducción de funciones estatales -en la línea de la austeridad impulsada por Washington- y en una amplia gama de programas sociales para los más pobres. Sin embargo, las cuestiones que más han deteriorado a la población en México permanecen intactas. La 4T a diferencia de las previas, sería una especie de transformación conservando todo lo que una transformación de ese tipo tendría que modificar, a saber:
Ahondar la subordinación económica con Estados Unidos. En términos energéticos como productor de crudo en tiempos de bajo precio del petróleo. En minería continúa el incremento de los niveles de extracción de minerales estratégicos, y aumentará más el saqueo de oro y plata frente a la crisis[7]. En cuanto a la industria automotriz y aeroespacial se refuerzan el control de Estados Unidos y sus aliados de todo lo que opera en ese rubro, producto de la apuesta de este país por traer de vuelta a su zona más cercana toda la maquila de alta tecnología que estaba montada en China. La agudización del control corporativo-monopolíco de las trasnacionales yanquis en cuanto a patentes médicas, derechos de propiedad de semillas y derechos de propiedad de electrónicos de acuerdo a la actualización del principal acuerdo comercial con ese país, el TMEC.[8] Este tratado inscribe a México en un bloque multidimensional liderado por Estados Unidos contra China.[9]
Como parte de esta subordinación, también está el recrudecimiento de la política migratoria mexicana en materia de homeland security, con la militarización de la frontera norte y sur por la Guardia Nacional (GN) y Fuerzas Armadas y la aceptación de facto de México como Tercer País seguro para contener la migración del centro, sur y caribe americano y regular la fuerza de trabajo migrante sin papeles, fundamental para sostener y acrecentar las ganancias de la economía norteamericana.[10]
Desde el levantamiento zapatista de 1994, y sobre todo con el inicio de la “guerra contra las drogas” en 2006, el poder de las Fuerzas Armadas (FFAA) y su injerencia en la vida política nacional ha cobrado mayor fuerza. Pero la escalada de violencia en el país y la responsabilidad del propio cuerpo castrense en miles de crímenes en contra de la población socavaron la legitimidad ganada a lo largo de varias décadas como fuerzas nacionales, defensoras de la soberanía y responsables de evitar los golpes de Estado desde 1913.[11] Todo eso gracias a un sofisticado juego de equilibrios logrados a partir de por ejemplo: ceder el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional a un militar,[12] la creación de un cuerpo especial para cuidado del presidente -Estado Mayor Presidencial-,[13] la restricción legal para no actuar en labores policiacas y recibir un presupuesto anual relativamente bajo en comparación con otros países en relación con la población, extensión territorial y conflictividad.[14]
La política de la 4T se ha dedicado a fortalecer a las FF.AA. y socavar sus “equilibrios” en relación al poder civil.[15] AMLO se ha ocupado -desde sus primeros días de gobierno- de construir una imagen de un Ejército “bueno porque le pertenence y está compuesto por el pueblo y no está corrompido”. Luego, con la creación de la Guardia Nacional con mando militar legalizó la operación castrense en tareas policiacas y aunque lo acotó al 2023, no hay garantía de que no pueda extenderse.[16] Y como prueba de la humildad y austeridad del presidente desapareció el Estado Mayor Presidencial. En materia económica le ha entregado negocios en la distribución de gasolina, construcción de bancos del bienestar, construcción del Aeropuerto Alterno a la Ciudad de México “Felipe Ángeles” y de un tramo del Tren Maya, lo que le da a las FF.AA. un amplísimo margen para generar sus propios recursos sin pasar por las negociaciones y acuerdos con los poderes de la unión.
En relación con las FF.AA. y la injerencia norteamericana la violencia en el país va en incremento sin control. A pesar del discurso de campaña “abrazos no balazos”, en 18 meses de gobierno la cifra de asesinatos asciende a 54 mil -cifras oficiales- y lo que resulta evidente es que más allá de la falta de una estrategia para reducir la violencia, se sostiene la estrategia de golpear a un cartel, que se construye discursivamente como el “cartel malo”, frente a otro que se tolera por ser menos violento. A raíz de los últimos acontecimientos – ya aún reconociendo el acto inédito de congelamiento de cuentas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algo que no se había hecho hasta ahora- algunos analistas han demostrado cómo la 4T concentra su estrategia de seguridad para golpear al CJNG, mientras le da un respiro al Cártel de Sinaloa.[17]
En esa línea siguen las masacres, como las de San Mateo del Mar o Irapuato,[18] las desapariciones forzadas, los estados de sitio en algunos municipios a la par de la “labor social” de los cárteles repartiendo despensas ante la COVID. Así también el auge sospechoso de grandes desarrollos industriales en zonas altamente violentas, como la inauguración de la planta de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato, en días en que había fuertes choques del narco con las FF.AA.,[19] lo que lleva a inferir que la violencia del narco sigue siendo complementaria -cuando no vital- para que los grandes negocios legales prosperen en tanto extracción de recursos y disciplinamiento de la mano de obra.[20]
De la mano del fin del neoliberalismo y del fin de la corrupción por decreto discursivo, AMLO insiste que en México ya no hay impunidad. Así como Salinas de Gortari encarceló a Joaquín Hernández Galicia y destituyó a Jongitud Barrios; y Zedillo encarceló Raúl Salinas, hermano de su predecesor y Peña Nieto a Elba Esther Gordillo y a los gobernadores Javier Duarte y Guillermo Padrés; AMLO detiene a Emilio Lozoya y franquea un ataque a Luis Videgaray, al mismo tiempo que, sobre el caso Ayotzinapa busca encarcelar a Tomás Zerón. Sin embargo, esto parece estar más enmarcado en ajustes de cuentas y castigos a algunos políticos importantes sin tocar de fondo el pacto de impunidad de los políticos más poderosos. Una vieja estrategia priísta.
Aunque cualquier avance en las investigaciones de Ayotzinapa puede resultar relevante y se puedan abrir pistas que den con la ubicación de los 43 normalistas, lo cual sería un paso gigante, de fondo se sostiene la “verdad histórica”, pues ella no radica sólo en que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, sino, sobre todo, que el asesinato de algunos y la desaparición del resto ocurrió por haberlos confundido con narcotraficantes. Lo que hay detrás de este discurso es la invisibilización de una estrategia genocida por destruir a un grupo social (los normalistas rurales) cuya identidiad rebelde e insurrecta es evidente, así como el peso histórico de su participación política.[21] Además se oculta la participación y colusión del entonces jefe de la policía federal, Omar García Harfuch, ahora entronado como héroe del gobierno de Claudia Scheinbaum por haber sido víctima de un ataque del CJNG.
A menos que nos equivoquemos -y sería muy bueno equivocarnos- el castigo se quedará en esos niveles de mando y no tocará al máximo mando de todas las fuerzas policiacas y militares, el Presidente. Nos atrevemos a afirmar esto porque AMLO no ha reactivado el único proceso que se ha ganado en México contra un presidente por el delito de genocidio, el de Luis Echeverría Álvarez (por la masacre del 10 de junio de 1971). Y más allá de que pueda ser por una “deferencia” hacia el político con el que AMLO inició su carrera, sostiene a la figura presidencial como intocable, en definitiva, porque de no hacerlo, puede abrir paso a ser juzgado él mismo al final de su mandato.
III. Y ¿ primero los pobres?
Más allá de las continuidades y profundizaciones presentadas como inevitabilidades propias de un Estado lacerado por décadas, cuando no como características de una nueva transformación, el elemento discursivo de la 4T que marca un parteaguas con los gobiernos anteriores es el de poner en el centro el apoyo a los sectores más pobres y la promesa de “sacar del atraso” al sur de México.
En esa línea están los alcances más significativos del gobierno con un paquete de programas sociales. Los más destacados: A) El apoyo universal a mayores de 65 años por cerca de 50 USD al mes B) Las becas del bienestar para estudiantes menores de 18 años en situación de pobreza extrema de 40 USD al mes C) El programa Jóvenes Construyendo Futuro en que el Estado paga la fuerza de trabajo aprovechada por empresas privadas con un monto mensual de 170 USD D) Becas universitarias de 50 USD al mes E) Apoyos a personas de 0 a 64 años de edad, así como niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente o de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación por 60 USD al mes F) Y el más atractivo de los programas, Sembrando Vida, ofrece 200 USD mensuales a campesinos que tengan al menos 2.5 hectáreas, para la siembra de arboles frutales o maderables. A pesar de sonar atractivo, para que una familia de cuatro personas rebase la línea de la pobreza tendría que tener un ingreso mayor a las 500 usd por mes, según el CONEVAL.[22]
Reconociendo que esta transferencia de recursos del Estado a los sectores más pobres resulta insuficiente, la apuesta de la 4T se concentra en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, industria y turismo en el sur del país, apostando a que la inversión podrá activar también la economía interna.
Los dos grandes proyectos se centran en la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Del primero, la cara visible es el llamado “Tren Maya” pero incluye la creación de polos de desarrollo turístico, creación de 18 ciudades y de granjas de producción animal y agrícola. El segundo, una serie de proyectos energéticos, instalación de industria y transporte multimodal en los estados que convergen en el istmo de Tehuantepec (Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca).
Ambos Megaproyectos han sido denunciados por parte de la población local, por diversas agrupaciones sociales y populares que, a lo largo de los años y no sólo ahora, han dado vida a las resistencias populares en aquellas regiones. A pesar de que las consultas han resultado favorables para los proyectos,[23] el rechazo en los territorios es fuerte, aunque por las condiciones tan difíciles de organización del movimiento social no siempre alcanza a ver la fuerza de la oposición.
Diversos especialistas y periodistas[24] han denunciado que estos megaproyectos implican el despojo de territorios, la destrucción del tejido social, la imposición de proyectos económicos lesivos para las comunidades, alteraciones graves al medio ambiente, la violación de los derechos de los pueblos, y las irregularidades y ocultamiento del proyecto así como las amenazas en contra de los que resisten al megaproyecto, como las recibidas contra Pedro Uc que, alertan, se pueda repetir un crimen como el que pasó con el asesinato de Samir Flores en Morelos, bajo el gobierno de AMLO.
Sin ahondar en esto, puntualizamos sólo que los proyectos no son la llegada por primera vez del Estado a zonas “abandonadas” sino la intensificación de los proyectos ya existentes en la región en materia de industria alimentaria (agricultura -soya-, aviar y porcícola), especulación, turismo y transporte de cara a la sumisión geoestratégica de México a las dinámicas del libre comercio. Si bien estos proyectos se remontan al Plan Puebla Panamá y a las Zonas Económicas Especiales de Peña Nieto,[25] este proyecto resulta más ambicioso y al mismo tiempo más prometedor para los empresarios en la medida que el gobierno que los impulsa tiene mayor simpatía de la población en la zona que los gobiernos anteriores y una parte de sus operadores en la región provienen incluso de espacios de organización social.
No se trata de visiones confrontadas sobre qué debe ser el desarrollo (ni al lapsus de FONATUR sobre el etnocidio como desarrollo),[26] ni de visiones anti extractivistas de intelectuales fuera de la realidad frente a políticos prácticos que buscan cómo ayudar a los pobres,[27] sino de la apuesta de despojar de tierras y territorios para entregarlas a los grandes capitales. Entre los grandes ganadores del proyecto están las Fuerzas Armadas (y no el Estado en cuanto tal), el grupo Carso de Carlos Slim, la portuguesa Mota-Engill en alianza con la empresa China Communications Construction Company (CCCC), Grupo México. Pero el principal ganador es la norteamericana gestora de inversiones Black Rock, principal empresa que cotiza en la bolsa de mexicana de Valores, que no sólo pretende construir un tramo del Tren, sino que será la principal poseedora de los Fidecomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) y especuladora de las tierras en las bolsas de valores. Parte de la “los beneficios” para las comunidades es no expropiarles su territorio, sino invitarlas al negocio -haciéndolas “socias” mediante FIBRAS- para que además puedan tener ganancias en la bolsa de valores, donde Black Rock sería la organizadora de esas acciones.
Políticos del PRI y el Partido Verde, en alianza con Morena son los impulsores de estos proyectos. Vale decir que la nueva alianza de MORENA – PT y Partido Verde para las elecciones de 2021 va en la línea de cerrar filas para garantizar que sigan estos proyectos. Lo más grave es que el antecedente de las empresas involucradas no es garantía de un buen desarrollo del proyecto. En medio de una crisis económica muy profunda, no queda claro que este proyecto vaya a finalizar, sobre todo porque hay tramos exhiben su incapacidad para consumarse (como el tramo subterráneo en una zona llena de cenotes), y se ha mostrado que los montos calculados resultan ser menores a los que tendrán realmente.[28] Por esto,e existe el riesgo de que ni si quiera se terminen los proyectos -como ya ocurrió con el Plan Puebla Panamá-,todo quede a medias y resulten beneficiados sólo aquellos quienes especularon con las tierras.
IV. La Pandemia agitó todos los demonios
La situación de México ya era preocupante hacia inicios de 2020. En esos días dos movimientos irrumpieron en la denuncia del horror que se vivía y en la enunciación de alternativas al desastre: 1) El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en cuanto a la violencia los asesinatos y desapariciones, la falta de una estrategia de seguridad y la necesidad de asumir un proyecto de justicia transicional. 2) El movimiento de mujeres, con una fuerza y masividad inéditas en México, denunció la violencia del sistema en contra de las mujeres, los abusos del sistema patriarcal y de manera más enfática y urgente llamó a detener los feminicidios. En ambos casos, de parte de la presidencia y de Morena se denostaron a los actores, se tergiversaron las demandas haciéndolas ver como movimientos de la derecha cuando no intentonas golpistas. Incluso se llegó al extremo de llamar a atacar a la movilización de familiares de víctimas de la violencia, como nunca había ocurrido, ni siquiera con Calderón o Peña Nieto.
Semanas después, la pandemia llegó a México. A la falta de credibilidad del Estado en general se sumó la contradicción de un discurso cargado de indefiniciones, subestimaciones hacia la población y fantasías -por parte del gobierno- dando como resultado un ambiente de incertidumbre y desconfianza.[29]
En el caso mexicano, la pandemia llegó en medio de una crisis de salud producida por 1) La implantación de un sistema alimentario basado en la agroindustria tóxica y en la adopción de patrones de consumo norteamericanos. 2) Procesos de devastación ambiental y contaminación provocados por actividades industriales y extractivas. 3) Un sistema de sanidad pública desmantelado por décadas de políticas neoliberales en beneficio del sector médico y farmacéutico privado.
Como ha demostrado la pandemia, los factores más relevantes que determinan la tasa de mortalidad por COVID-19 de un país son: la calidad del liderazgo político, la coherencia de la respuesta del gobierno, la disponibilidad de camas en hospitales, el alcance de los viajes internacionales, la estructura etaria de la población, el estado de salud general (comorbilidades). Pero, sobre todo, una característica estructural profunda: la distribución de ingresos y de riqueza de los países.[30]
Aún siendo México un país altamente desigual y con alto indice de informalidad, ello de ninguna manera representa una fatalidad ante la pandemia, sino una condición sorteable mediante medidas como las implementadas en Argentina con el “ingreso familiar de emergencia” o el “ingreso mínimo vital” de España, para proteger el consumo básico de la población trabajadora y disminuir la movilidad. En ambos ejemplos, se trata de gobiernos “progresistas”, que al igual que el de México, están recién llegados tras desfalcadoras gestiones neoliberales. Ese tipo de medidas sociales también fueron aprobadas en Chile o Colombia, mientras aquí se optó tan sólo por otorgar créditos a Pymes.
Los países que han mantenido mejor control como Vietnam, Nueva Zelanda, Venezuela o Cuba, cerraron sus fronteras muy tempranamente e implementaron estrictas cuarentenas desde las pocas decenas de casos, lo que les está permitiendo reactivar también antes su economía. En México en todo momento se continuó el flujo con el exterior, sobre todo con Estados Unidos, manteniendo abiertas las fronteras al paso de personas pero sobre todo para garantizar la proveeción a EU de equipo médico y de componentes para la industria militar, además del funcionamiento de su agroindustria, pues la principal fuente de mano de obra jornalera en los campos estadounidenses son los trabajadores temporales enganchados desde México.Aunque Estados Unidos restringió los cruces fronterizos desde el inicio de la contingencia, permitiendo sólo la entrada a ciudadanos, residentes y trabajadores con visas temporales, la movilidad transfronteriza continuó muy alta, pasando de 10.7 millones de cruces en abril de 2019 a 3.65 millones en abril de este año[31].
Asimismo, la calidad y congruencia del liderazgo político queda en entredicho cuando tampoco se señaló ni sancionó a las grandes empresas que violaron deliberada y reiteradamente la cuarentena sin implementar siquiera las medidas mínimas de seguridad para sus trabajadores, como las plantas maquiladoras, tiendas minoristas y call centers del magnate Salinas-Pliego[32], cuya televisora además llamó a desobedecer las medidas de emergencia.
Pero lo más grave es el incremento desmesurado de los contagios y muertes desde el 1º de junio, momento en que se anunció la entrada en la “nueva normalidad”. En aquel momento las cifras eran de 90mil contagios y 10mil personas fallecidas. En los primeros días de julio los contagios ya están cerca de los 270 mil y los muertos llegan a 32 mil. En poco mas de un mes las cifras se triplicaron según datos oficiales. La cantidad de infectados aumentó en 189% y la cantidad de muertes 213%. En días recientes con datos del Registro Nacional de Población y algunas investigaciones periodísticas estiman que las cifras reales de muertos son al menos del doble de las registradas.[33] Con este nuevo escenario, nuestro país se ubica entre los diez países con más muertos por covid. De los primeros países por contagio diario y también de los de más alto índice de letalidad.[34] Y con el incremento de contagios, la pandemia se está “ruralizando”, haciendo que se incremente su letalidad por las condiciones tan adversas para enfrentarlas en las comunidades.
El ingreso a la “nueva normalidad” respondió a la demanda norteamericana de retomar el funcionamiento industrial, de reactivar los sectores de consumo masivo y de sostener la economía informal como uno de los pilares del sostén familiar. En ese sentido, aunque sin la extravagancia de aquellos mandatarios, los discursos negacionistas de AMLO se asemejan a los de Trump y Bolsonaro.[35]
En la medida que la crisis económica se agudiza, y por la relación estrecha que existe entre pobreza, desigualdad y salud mencionada previamente, el escenario de los meses próximos es aún más preocupante.
V. Escenarios y Desafíos
La crisis económica, acelerada por el paro mundial que produjo la pandemia ha traído impactos económicos muy graves en México. El desempleo ha aumentado en grandes proporciones. Se calcula que se han perdido ahora un millón quinientos mil empleos formales y que al menos durante el mes de abril 12.5 millones de personas dejaron de trabajar. Y no hay datos claros sobre los impactos en la economía informal. Además, se pronostica una caída económica de 3 al 10% del PIB este año, respecto al anterior y se estima que al fin de año la pobreza habrá aumentado un 7%, según datos del Coneval.
Todas las contradicciones enunciadas previamente se entretejen y complejizan en el presente con la crisis de salud que detonó la covid y la crisis económica acelerada por la misma. Es difícil predecir los tiempos en que los conflictos irán dirimiéndose o transformando la coyuntura. Sin embargo, en un escenario tan inestable, nuevas eventualidades pueden alterar los escenarios. Las elecciones del año próximo son sin duda un momento clave. Estas incluyen el cambio de 15 gubernaturas, de la cámara de diputados federal (500 diputados), 30 congresos locales (1,063 diputados estatales) y 1,926 ayuntamientos y juntas municipales en 30 entidades. Ellas resultan el poscionamiento más relevante que pueden hacer los partidos -en términos electorales- de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
De esa contienda, lo que resulta evidente es que, a pesar de todo, la figura del presidente será el principal núcleo que atraerá votantes, por ende, Morena seguirá siendo el partido con más fuerza. Por eso ya el Partido Verde (aliado antes con el PAN y con el PRI) se alinea a Morena y al PT. Esto ocurrirá también en grupos políticos y personalidades que buscarán el cobijo del partido en el poder. Además, la mayor parte de los posibles partidos que obtendrán el registro orbitan en torno a AMLO. La polarización le resulta benéfica a AMLO y por eso la aviva, en la medida que obliga a las fuerzas a su alrededor a cerrar filas en torno a su persona.
En cuanto a la oposición, PAN, PRI y PRD (y si consigue el registro el Partido Libre) buscarán cosechar la inconformidad por la crisis -económica y de salud- de la mano de los discursos polarizantes, fake news y del “riesgo” de que “la situación de México se torne tan grave como la de Venezuela”. En su caso, la polarización opera en su favor para atraer votantes y es necesaria para que surjan liderazgos de contrapeso frente a AMLO. [36]
Al mismo tiempo crece la beligerancia -aunque no en cantidad de simpatizantes- de grupos de la ultra derecha que intentan generar una desestabilización mayor, en especial del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA). Su actividad ataca a AMLO exagerando cualquier actividad y lo acusan de socialista, pro cubano o pro chavista. Su lenguaje burdo y agresivo, alimenta el clasismo y racismo latente en sectores diversos de la población (no sólo en los ricos están presentes esas ideas) e incita a transformar discursos trillados en acciones agresivas. Los ataques realmente no van dirigidos contra el Presidente, sino contra las expresiones de izquierda y anhelos más radicales que su presidencia puede representar.[37] Sabedores que más allá de la 4T laten ansias de cambio que, por su carácter y origen (de clase), no pueden ser resueltas por la derecha, los ataques buscan extinguir tanto las ansias como combatir a aquellos que pudieran hacerlas suyas.
Pero la contienda electoral sólo tiene como centro la disputa por puestos de poder. Se ha desmoronado por la convergencia de la crisis de salud y la económica toda posibilidad de profundizar la 4T y sus proyectos sociales. La pugna entre actores será tan sólo por espacios de poder.
Por fuera de las posiciones de las elites, las expresiones populares se encuentran sumamente fragmentadas y con débil capacidad de movilización. Hasta ahora no han encontrado formas de recuperar la movilización que interrumpió la pandemia y más allá de la coyuntura de la covid, no han logrado desarrollar organizaciones con fuerza social ni proyectos capaces de mostrarse como una alternativa y no existe una posibilidad entre ellas de aglutinarse en torno a una disputa electoral. Algo parecido ocurre con los sectores populares que simpatizan con AMLO y son parte de Morena, estos tenderán a ser barridos por los acuerdos de elites y serán menores las fuerzas que puedan aparecer en la contienda electoral.
Con la pandemia han surgido diversos discursos coincidentes en que estamos entrenado en una época de cambios históricos y que nada será como antes. El ambiente imperante ha pasado de la apología de lo existente a una supuesta crítica radical de todo, inclusive del capitalismo. Al respecto, han surgido declaraciones “espectaculares”, pero sin fundamento, acerca de su “inminente fin”.[38] Sin embargo, todas esas voces, provenientes de los espacios de poder, pretenden -intencionalmente o no- una especie de aggiornamento de la dominación y del sistema en un momento en que resulta indefendible un discurso que -como en los años 80 y 90- insistía que no había alternativa y que el capitalismo es el único de los mundos posibles.
De la misma manera que en Washington se retiran monumentos y cambian nombres de las calles para ocultar el racismo y esclavismo del pasado para dejar que opere libremente y con legitimidad el racismo y esclavismo del presente,[39] las proclamas del fin del neoliberalismo o de un mundo post capitalista desde las voces oficiales va a hacer que se cambien los nombres y se decreten muertes de paradigmas para recuperar la legitimidad del sistema voraz.
En una vertiente progresista, el sobredimensionamiento del poderío chino,[40] contribuye a un relato en el que tenemos que alinearnos en relación a una de las dos potencias. Y aunque mejor que el otro relato, también acota las posibilidades de pensar salidas a las dos modalidades de desarrollo capitalista imperantes.
En realidad, ante la convergencia de diversas crisis (ambiental, de salud, económica, política) se han abierto débiles vetas de crítica radical del capitalismo en todas sus maneras. Estas tienen en la experiencia socialista cubana y en las comunas venezolanas los atisbos más cercanos y reales de posibilidades de abrir nuevos horizontes. Por eso la virulencia de los ataques no van en contra de los actores de la real politik mexicana, si no de los discursos que pueden ser reapropiados por los sectores populares más agraviados.
Corresponde a los movimientos populares profundizar esas vetas que las crisis han evidenciado. El hartazgo social puede generar explosiones de inconformidad, pero debemos ser capaces de convertirlas en plataformas de lucha que articulen las demandas reivindicativas con planteamientos políticos profundos. En el corto y mediano plazo no se ve que ninguna fuerza social por fuera de la política dominante tenga capacidad para disputar a través de un proyecto político ni tampoco fuerzas propias para la conducción de la sociedad.
En tanto, las agrupaciones populares que se sostienen, las que resisten a los megaproyectos y las comunidades en resistencia cotidiana tenemos que avanzar con la humildad necesaria para construir un espacio en que converjan nuestras luchas, para convertir la resistencia cotidiana en rebeldía. El acumulado histórico de nuestros pueblos permite enfrentar la resistencia más urgente y la sobrevivencia ante la crisis económica y de salud, pero si somos consecuentes con las aspiraciones profundas que laten en el pueblo, y que la 4T demostró no poder realizar por las vías del establishment político, lo que corresponde a esta posible convergencia de fuerzas es enarbolar un proyecto y un programa político que, basado en ese acumulado, pero yendo más allá de las acciones locales en que se expresa, abarque la dimensión nacional, con un carácter anti capitalista y revolucionario.
Aclaración final: Quienes escribimos esto lo hacemos desde una perspectiva militante, comprometidos e inmersos en la búsqueda de un camino de refundación nacional desde y para los de abajo. Se hace a partir de reflexiones colectivas, investigación y diálogo constante con diversas personas que a diario sostienen el país y que, por ende, le toman el pulso a la nación desde su sufrimiento, de vivir en carne propia el deterioro de la salud, la violencia y el terror, y de enfrentar con dignidad y resistencia la vida. Busca, sin estar exento de errores y debilidades propias de las condiciones en que se escribe, invitar a profundizar en la reflexión. Esta aclaración resultaría prescindible si no fuera porque en el entorno predomina la descalificación casi espontanea a lo incómodo, los prejuicios -bañados de un falso cientificismo- que son tan sólo sutiles expresiones de la fortaleza que en el campo del saber y la política ejerce la clase dominante, decadente, pero al fin dominante.
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Fotografía: CONTRAHEGEMONIA.WEB.
