Por: Arturo Rodríguez García. Notas sin Pauta. 08/11/2017
A finales de 2012, y de manera destacada a partir del 1 de diciembre de aquel año, la protesta social enfrentó la mano dura de los gobiernos federal y de diferentes entidades federativas. El regreso del PRI a la Presidencia de la República, inauguró un período de oscuridad que se ha radicalizado en todo el país y que, en la Ciudad de México, encontró en el gobierno de Miguel Ángel Mancera a un eficiente subordinado.
Añeja fórmula, el vandalismo tolerado, protegido y con múltiples indicios de ser inducido como parte de un plan perverso, manchó el ejercicio de las libertades de manifestación y expresión, configurando en los grupos que expresaban su inconformidad ante políticas públicas o actos del poder, un enemigo público.
El regreso autoritario del PRI Aquellos que vandalizaban encapuchados transitaban sin problemas entre contingentes policiacos, que embestían a mujeres y hombres ajenos a los desmanes, pero cuya presencia era relevante en algún movimiento u organización. Un día, detenían a dirigentes estudiantiles que se oponían a una reforma a plan de estudios, otro a un líder vecinal que rechazaba la voracidad inmobiliaria tan cercana al manierismo, y ni siquiera escapaba a las golpizas un defensor de derechos de los niños que salía a protestar con su familia por Ayotzinapa.
Maquinaria perfecta. Los policías detenían, el ministerio público articulaba cargos absurdos, un juez local les daba entrada, algunos medios de comunicación reproducían las versiones oficiales y legislaban en sus páginas el anarquismo como delito de conciencia, ideología que reivindicada o no por las víctimas, quedó proscrito en los tribunales de la opinión pública.
La capitalina Comisión de Derecho Humanos, además de omisa hizo suyos los argumentos confeccionados en los sótanos de la policía política mancerista: dilató recomendaciones que a la larga fueron precarias, descalificó a las víctimas y combatió las oportunidades para que los detenidos quedaran en libertad. Su hoy expresidenta, Perla Gómez Gallardo, dilapidó su prestigio precedente, cuando los amparos evidenciaron la nula probanza de los jueces de consigna y cuando las víctimas la acusaron de promover reparaciones económicas para cerrar expedientes sin ahondar en el mal estado de las libertades.
desta_04042017El desempeño de Perla Gómez fue peor de lo que podría esperarse. En días pasados, María de Lourdes Mejía, madre de Sinhué Cuevas, asesinado a tiros en 2011; Luna Flores, encarcelada sin pruebas por participar en marcha del 2 de octubre de 2013 y varios de los detenidos el 1 de diciembre de 2012, insistieron en la ilegalidad y bajeza de “la doctora”, que reveló datos personales al declarar nombres y montos recibidos por reparaciones o ayudas que, siendo legales, servían para descalificar el reclamo de las víctimas para la no repetición de violaciones a derechos fundamentales.
Gómez también se opuso férreamente a la propuesta de amnistiar a quienes permanecen presos por su participación en protestas, una iniciativa que, habiendo conseguido el concenso de todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, logró que se aprobara en comisiones y ya para subir al pleno, se obstaculizó por el gobierno capitalino a finales de 2016.
La salida de Gómez y el reiterado concenso de los grupos parlamentarios, abren una vez más la oportunidad para que la amnistía pase por fin y logre hacer justicia a tres personas que siguen presas, a más de 500 detenidos arbitrariamente de 2012 a 2015, a los que fueron condenados en proceso que, aun en libertad quedaron con antecedentes penales y a quienes tienen que seguir firmando en libertad caucional y carecen de derechos políticos por ello.
El problema que enfrentan es el activismo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el perpetrador, pues dejar pasar la amnistía implicaría una admisión de la ilegalidad con la que se ha conducido durante todo su sexenio.:.
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Fotografía: notassinpauta
