Por: Lucía Pérez. El Siglo de Torreón. 12/07/2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás a la reforma realizada a la Ley del Servicio Médico que se había realizado en 2016 por el entonces gobernador Rubén Moreira.
Los maestros se inconformaron e interpusieron más de 900 amparos, ya que la ley establecía que debían pagar por el servicio médico. Es decir, para tener acceso a los servicios subrogados. El tema llegó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, quienes ayer resolvieron a favor de los maestros al indicar que el cobro es inconstitucional.
Estas reformas fueron realizadas en 2016 a propuesta de Rubén Moreira, tras aceptar que el sistema pensionario tenía problemas financieros y de continuar habría colapso. Las propuestas fueron respaldadas en el Congreso del Estado, y rechazada por cientos de maestros que integran la Coalición Magisterial.
El maestro Gustavo García, indicó que esta reforma tuvo afectación en más de 50 mil maestros del estado.
Tras, la resolución de la Corte, García celebró la decisión e indicó que continuarán en la lucha para dignificar el servicio médico.
Se invalidó el artículo 4 en sus fracciones II y III que establecía cobros para acceder a servicios subrogados o a las prestaciones que no corresponden al Servicio Médico. Los costos se compartían entre el maestro y la institución médica.
La Coalición de Maestros está integrada por trabajadores de la educación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Autónoma Agraria Antonio Narro, y la Sección 38.
DIPUTADOS ‘PELEAN’ POR MAESTROS
Durante la sesión del Congreso Local diputados del PRI, UDC y Morena votaron y argumentaron en contra de un exhorto que pedía acelerar el trabajo de la comisión que trata las peticiones de reformas a la ley de pensiones.
Lo anterior molestó a una docena de maestros asistentes quienes gritaban que maestros han muerto por falta de medicamentos.
Fue durante la mañana del martes que el diputado panista Fernando Izaguirre, presentó un punto de acuerdo para que se de celeridad a las reformas que piden maestros en materia de Salud.
En la sala de sesiones se encontraba un grupo de maestros, y el problema se suscitó cuando la legisladora Claudia Isela Ramírez Pineda, del PRD; Jaime Bueno, del PRI; Edgar Gerardo Sánchez, de UDC; Lucia Azucena Ramos, del PRI; Elisa Catalina Villalobos, de Morena y Jesús Berino Granados, de PRI, votaron en contra.
El argumento para votar en contra es que no pueden aprobar leyes o reformas al vapor, a fin de no caer en errores del pasado.
El diputado Edgar Sánchez, de UDC, dijo que las decisiones se analizarán para no cometer errores. Ante esto maestros reprocharon que debido a la crisis que atraviesan las clínicas, docentes han fallecido por falta de medicinas y falta de atención.
Por su parte, la diputada panista, María Eugenia Cázares, dijo que se ha convocado al trabajo de las Comisiones Unidas, y se ha aprobado citar a la directora de la Dipetre, desde abril pasado, pero debido a problemas de agenda no ha acudido.
El legislador Fernando Izaguirre salió en defensa de su propuesta ante la negativa del resto de las fracciones. “Sabemos que la problemática implica estudio, análisis y determinación, que no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, pero también reconocemos que los compromisos planteados por alguna o algunas de las comisiones de trabajo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado deben cumplirse. Porque aquí lo relevante es que llevamos desde el inicio de la Legislatura atendiendo el problema y no se ha resuelto nada, porque todo está atorado en la Comisión”.
EXIGEN LOS CAMBIOS
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara los cobros por servicios médicos subrogados, la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública exige al Gobierno de Coahuila y al Congreso del Estado que “sin más dilaciones” se realicen las modificaciones a la Ley del Servicio Médico “que den una solución integral y definitiva”.
La coalición, integrada por trabajadores de la UAdeC, la UAAAN y la Sección 38 del SNTE, señalaron que la sentencia de la SCJN deriva en la inminente necesidad de “que el Congreso del Estado modifique la Ley de referencia y se confirme que es procedente lo que los propios trabajadores de la educación hemos venido reclamando: la reforma integral de este sistema estatal de seguridad social”.
“Al declarar inconstitucionales varias fracciones de diferentes artículos contenidos en la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, “no habrá más pagos extraordinarios para que los derechohabientes recibamos un servicio médico integral, debido a que ya se pagan o se han pagado las aportaciones que como trabajadores nos corresponden conforme a la ley, en el marco de la normativa que establecen los sistemas de seguridad social”.
“En consecuencia, se ratifica que la prestación de los servicios médicos por parte del Estado es una obligación, no una dádiva. Con este fallo ganamos los trabajadores de la educación y todos los coahuilenses, porque se sienta un precedente más de que la justicia se impone ante la arbitrariedad del poder público, cuando éste se ejerce con insensibilidad y en función de intereses distintos al objeto social de sus instituciones”, expuso el gremio a través de un comunicado.
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Fotografía: El Siglo de Torreón
