Por: OLLIN VÁZQUEZ. 03/12/2022
El 3 de octubre de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que, como parte del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (APECIC), se iba a permitir que algunas empresas ingresaran y comercializaran en el mercado mexicano productos como huevo, pollo, carne de res y cerdo, atún, entre otros, sin pasar por los controles sanitarios de entidades como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Andrés Manuel, en su conferencia del 5 de octubre argumentó que esta política “va a facilitar que haya más competencia” y que de esta manera el precio de los alimentos va a disminuir. Y ante el cuestionamiento que una periodista le hizo sobre en quién caería la responsabilidad en caso de que se desatara alguna enfermedad en la población, el presidente dijo que “es un acuerdo a partir de la buena voluntad”, donde las empresas asumirán la responsabilidad de la sanidad de los productos importados.
Esta política tiene posibilidades de disminuir los precios. Como pretende el gobierno, puede disminuir los costos y acelerar los procesos de trámites de importación, así como aumentar la competencia en el mercado nacional por la importación de productos más baratos, aunque sean de mala calidad, y disminuir los precios. Pero, además, sin un control de calidad, se está incentivando a las empresas que exportan sus productos a México a disminuir los costos de la producción empleando insumos más baratos y de menor calidad, disminuyendo el contenido declarado en las etiquetas, ofreciendo un producto que en realidad no es lo que venden o acelerando la salida de los productos al mercado saltándose la parte del proceso de control de calidad dentro de la empresa.
No es gratuito que desde la década de los años setenta hayan surgido las primeras instituciones de control de calidad de los productos y posteriormente se hayan establecido normas internacionales con el mismo objetivo. Las empresas por su naturaleza, como lo marca la teoría microeconómica, tienden a minimizar costos, pues es así como logran obtener el máximo beneficio. Pero no es una cuestión moral de los empresarios, es decir, no es que ellos decidan ser bondadosos y por eso vayan a vigilar que sus productos cumplan con todos los requisitos de sanidad, o que sean egoístas y prefieran minimizar costos mediante el empleo de insumos más baratos, aunque sean de peor calidad. Sino que es, más bien, una cuestión de supervivencia para las empresas, que se encuentran en continua competencia. Si no aplican todos los medios para minimizar costos como hacen sus contrincantes, van a la quiebra y salen del mercado. Por tanto, es evidente que, sin las instituciones encargadas de vigilar los controles de calidad de los productos, las empresas que traen productos realizados en el extranjero a venderse en mercados mexicanos seguirán su instinto de minimizar costos para bajar los precios y ganar los mercados.
Adicionalmente, haciendo a un lado la existencia de monopolios, oligopolios y demás cuestiones que dejan a varias empresas en desventaja cuando se da la competencia en el mercado, con esta medida sí que se está fomentando una competencia desleal entre productos del extranjero y los productos mexicanos, con muchas desventajas para las empresas que producen en el país. Las empresas establecidas en territorio nacional tendrán que cumplir todas las normas sanitarias, lo que significa costos en el área de control de calidad dentro de las empresas, además de que para realizarlos necesitarán de insumos más costosos, porque se buscará que éstos sean de calidad dado que saben de antemano que tienen que pasar por revisiones de control sanitario. En cambio, las empresas establecidas en el extranjero, dado que saben que no pasarán por control sanitario, podrán emplear insumos baratos, pero de peor calidad, o pueden eludir la parte del proceso de control de calidad dentro de la empresa. Al final, quien tendrá mayores costos serán las empresas establecidas en territorio nacional y quien tendrá menores precios serán las empresas extranjeras que traen sus productos a vender al mercado mexicano y son éstas quienes ganarán los mercados.
Esta política reducirá los costos de las empresas que producen en el extranjero y puede que hasta los precios. Sin embargo, generará problemas mucho más graves. En primer lugar, atentará contra la salud pública. Varios investigadores, e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresaron su preocupación por esta medida porque pone en riesgo la salud de los consumidores mexicanos. Al país no le conviene ser víctima de alguna epidemia y mucho menos ahora, cuando 33 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud ni pública ni privada y la salud pública sigue con problemas administrativos y subejercicios en el presupuesto. En segundo lugar, puede perjudicar la imagen de los productos mexicanos en los mercados internacionales y provocar que los países extranjeros que importan productos mexicanos disminuyan su demanda. Esto debido a que, al importar sin control, aumenta el riesgo de que los animales locales de exportación se contagien de enfermedades extranjeras o que incluso se desarrollen plagas que afecten los cultivos que exportan los mexicanos, tal como lo mencionó el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC). A demás, si dentro de los productos importados hay bienes intermedios que México agrega como valor a sus productos finales de exportación, esto puede ocasionar que México pierda sus certificaciones internacionales de calidad y seguridad en alimentos procesados. En tercer lugar, puede provocar que, en el mercado nacional, los productos agrícolas y agropecuarios importados (producidos en el extranjero) sustituyan los productos creados nacionalmente, pues los primeros tendrán precios más bajos.
El gobierno de Andrés Manuel debe realizar políticas que frenen la inflación, sí, pero deben analizarse previamente todas las consecuencias, pues pueden provocar mayores problemas de los que pueden resolver. La medida de dar licencia a las empresas extranjeras para vender sus productos sin pasar por una revisión sanitaria es errónea porque pone en riesgo a la población mexicana, en particular a los hogares más pobres porque son quienes consumen los productos más baratos, pero, además, porque perjudicará la producción de las empresas nacionales.
Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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Fotografía: Cemees
