Por: Gerardo Villagrán. 20/03/2024
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una guerra sucia en su contra y expresó sus sospechas de que en el Poder Judicial se esté organizando una trama para anular los comicios presidenciales de junio próximo, tras alertar sobre la posibilidad de un “golpe blando”.
“Nunca había visto a los jueces tan activos: ya no puedo hablar de ciertos periodistas, los jueces me lo prohibieron, tampoco de una señora que no puedo hablar. Piden que borre unos tuits pasados. Fueron jueces del Poder Judicial, incluso todavía están por notificarme, que no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas en el momento de la calificación de la elección”, explicó .
“No sé qué encuestas están viendo, qué opina la gente que los traen así, están nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde tribunales del Poder Judicial?”, cuestionó.
El mandatario señaló el activismo de los jueces para imponerle restricciones a su libertad de expresión, con lo cual pisotean sus derechos individuales, pero también su investidura, pues como titular del Ejecutivo tiene el poder de garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, legalidad y democracia, y es evidente que para cumplir con esta tarea necesita mantener una comunicación permanente y franca con la ciudadanía.
Los tribunales amenazan con descarrilar las elecciones si el Presidente hace su trabajo, dijo, tras defender su libertad de responder “a las calumnias”. “¿Y mis libertades? ¿Cuáles son sus fundamentos? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad. O mis funciones como Presidente, tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están”, respondió.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el órgano encargado de calificar las elecciones para Presidenta o Presidente de la República, de acuerdo con la reforma constitucional del Código Federal Electoral, según el decreto de 29 de diciembre publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1987.
En los últimos meses, López Obrador ha sido sancionado o advertido tanto por el INE como por el Tribunal Electoral, debido a sus intervenciones relacionadas con el proceso electoral de este año. Incluso ha tenido que retirar algunas de sus conferencias y mensajes en sus redes sociales.
Las acusaciones del jefe de Estado son verosímiles en la medida en que los integrantes del Poder Judicial ya no disimulan su alineamiento con la oposición política, empresarial y mediática del país, boicoteando políticas públicas y violentando las atribuciones del Presidente y del Congreso,
Se suma a ello su sabotaje a proyectos de infraestructura para el desarrollo regional y nacional (ayer emitió un nuevo fallo para frenar el Tren Maya). El diario La Jornada resalta la determinación del poder judicial de mantener impunes y libres a delincuentes comunes, de cuello blanco y del crimen organizado, con lo que degradan el estado de derecho y la seguridad, y su afán por amordazar y silenciar al Presidente, mientras la oposición crea y viraliza calumnias en su contra día tras día.
El pasado 28 de febrero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmó que el Presidente había vulnerado la equidad electoral durante el evento público que realizó el 1 de julio pasado por el Quinto Aniversario de su triunfo electoral en 2018, acusándolo de “hacer uso de su cargo para generar un rechazo a otros partidos políticos”.
“El Pleno consideró que el discurso se emitió con fines propagandísticos, cuyo objetivo o finalidad fue la adhesión o aceptación de la ciudadanía respecto de la administración pública federal que encabeza, por lo que no puede ampararse en un ejercicio de libertad de expresión”, resolvió la Sala.
Asimismo, la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que las expresiones de López Obrador, emitidas durante la conferencia matutina del 19 de abril de este año, “constituyen un uso indebido de recursos públicos”.
El presidente expresó allí su deseo de que la próxima legislatura se integre con una mayoría calificada de integrantes de su movimiento político, para contrarrestar una decisión de la Suprema Corte de Justicia que en ese momento había impedido que la Guardia Nacional se subordinara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Este año, México tendrá las elecciones más grandes del país, donde se renovarán más de 20 mil cargos federales, incluida la Presidencia y nueve Gobiernos estatales. Además de 500 escaños de la Cámara de Diputados y 128 de la Cámara de Senadores.
Las acusaciones del jefe de Estado son verosímiles en la medida en que los integrantes del PJF ya no disimulan su alineamiento con la oposición política, empresarial y mediática del país, boicoteando las políticas públicas y violentando las atribuciones del Presidente y del Congreso.
A ello se suma el sabotaje a proyectos de infraestructura críticos para el desarrollo regional y nacional (ayer mismo emitió un nuevo fallo para frenar el Tren Maya); su determinación de mantener impunes y libres a delincuentes comunes, de cuello blanco y del crimen organizado, con lo que degradan el estado de derecho y la seguridad pública, o su afán por amordazar al Presidente, obligándolo a permanecer en silencio mientras la oposición crea y viraliza calumnias en su contra día tras día.
Quien encabeza el Pode Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, es un ejemplo de emisión de sentencias y declaraciones con inocultables propósitos de desestabilización, generación de ingobernabilidad y defensa de corporaciones extranjeras.
El 28 de febrero pasado, Piña Hernández divulgó una tarjeta informativa en la que trató de justificar su voto contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el Presidente aduciendo que ésta habría causado un grave quebranto económico al país. Obviamente, al publicar este bulo en pleno periodo electoral, la ministra hizo sentir que está metida de lleno en las campañas, poniendo los recursos institucionales a su alcance a favor de las derechas.
Sus sentencias no se basan en el orden constitucional, sino en componendas inconfesables con las empresas energéticas que se han beneficiado por años con los términos legales que siguen rigiendo la industria eléctrica desde la reforma privatizadora del peñato, señala un editorial de La Jornada.
Más allá de la afinidad desestabilizadora de los jueces, está su apego al derroche de los fondos públicos, la ineficacia para impartir justicia, sobre todo contra delincuentes de cuello blancoo, más allá del carácter cada vez más faccioso en términos político-electorales.
Lo que ha logrado el Poder Judicial con su ataque al presidente es darle la razón: es necesario que se apruebe y ponga en marcha una reforma profunda al PJF a fin de volverlo independiente de los intereses económicos y políticos de los que se ha convertido en instrumento.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fotografía: Quadratín Oaxaca
