Por: Vanesa Lorena Prieto. Nodal. 10/07/2019
Es innegable que el detonante de la explosión de los feminismos en la Argentina reciente fue la condensación de luchas y demandas diversas en un concepto clave: el de violencia (Trebisacce, 2018). Lejos de ser transparente, este concepto va mutando al calor de las movilizaciones colectivas: los sentidos que desde el imaginario social se asocian a la llamada violencia doméstica no son idénticos a los que aparecen cuando hablamos de violencia de género o machista. Dichosabismossignificativos –no por ello meramente lingüísticos– se profundizan al considerar el plano estructural, el entramado históricode prácticas y discursos institucionalizados que explican las violencias. Con esta improntaemergen desde el movimiento feminista retóricas que anclan las violencias hetero-cis-patriarcales, capitalistas, racistas y coloniales en el conjunto de relaciones sociales que constituyen sus causas, y se trasciende el terreno de lo individual o intersubjetivo. Esteafán por complejizar problemas, entrelazar opresiones y luchas, comunicar resistencias y saberes choca visiblemente con una lógica en virtud de la cual los femicidios aparecen a modo de figura jurídica, escindidos del sistema que les da origen, y la opresión de las mujeres, lesbianas, travestis y trans es desarraigada artificialmente de su naturaleza material.
Desde el Estado va surgiendo –como respuesta y en interacción conflictiva con el activismo– un repertorio de prácticas y discursos que hacen las veces de traducciones de la potencia feminista en curso. Este fenómeno no es nuevo: diferentes organizaciones feministas, de orientación más o menos institucional, bregan desde hace décadas por la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas,bajo el paraguas de la agenda de derechos humanos impulsada por los organismos internacionales. Sin embargo, esta incidencia se ha revitalizado al ritmo de las interpelacionesde los feminismos, que demandan políticas públicas para dar respuesta a las problemáticas visibilizadas en el actual ciclo de movilizaciones –sin abandonar sus pretensiones de generar transformaciones de orden estructural. Nos interesa conocer, pues, de qué manera dicha plétora de reivindicaciones es leída e incorporada –y en qué medida– porlas políticas públicas.
Un análisis de la institucionalidad de género brinda claves para resolver nuestra inquietud.Entre fines de 2016 y 2018realizamos un relevamiento del entramado institucional de los poderes Ejecutivos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires[1]. Nos centramos en “aquellas políticas públicas que han sido enunciadas explícitamente con el fin de asegurar el bienestar, la seguridad, la autonomía y los derechos de las mujeres, las cuales denominamos sensibles al género” (Rodríguez Gustá, 2008: 210).Incluimos las políticas que mencionan a la denominada diversidad sexualy/o que apuntan a las personas LGTBIQ.
Como fruto de este trabajo, elaboramos una lectura panorámica de las temáticas que son privilegiadasdesde el abordaje estatal.Es mayoritaria la presencia de líneas de intervenciónque abrevan en la retórica de los derechos en un sentido individualizante (cuasi abstracto). La temática más intensamente atendida es la violencia de género, que se erigecomo la cuestión principal de las mujeres y disidencias,y es concebida en términos de violencias privadas que sufren las personas en tanto ciudadanas, desde un enfoque judicializante y victimizante. Adicionalmente, el análisis de la inscripción institucional de estas políticas revela la virtual ausencia de líneas de acción dependientes de las áreas de Trabajo y Empleo, síntoma del nivel de incidencia al que se aspira.Resulta notorio el contraste entre la proliferación de agencias, organismos y dependencias gubernamentalesabocadas a la atención de víctimas de violencia con la prácticamente nula existencia de políticas públicas orientadas a impactar en las desigualdades de género en el ámbito laboral, entre otras que podrían hallarse más próximas a la dimensión de la redistribución (Fraser, 1997), como las relacionadas con ingresos, pobreza, ayuda alimentaria y vulnerabilidad social.
En síntesis, se enfatizael plano de los vínculos interpersonales al tiempo que se oblitera el de las desigualdades económicas, políticas y simbólicas.Abrimos la pregunta acerca de si la potencia emancipatoriade un movimiento caracterizado por leer integralmente las opresiones no se ve traducida en clave de fragmentación, donde “la sociedad es vista como una masa de ciudadanos individuales, y, por ende, la administración pública se reduciría a administrar a estos ciudadanos de manera justa y eficiente” (Holloway, 1994: 105).Las traducciones estatales y las expresiones más radicales del movimiento feminista actual mantienen, en los sentidos discutidos, una relación de ajenidad. Tal vez, simplemente, los oleajes excesivos de la marea sean intraducibles a ese lenguaje.
Bibliografía citada:
Fraser, N. (1997) ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época “postsocialista”. En IustitiaInterrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, Siglo de Hombres Editores, Santa Fe de Bogotá.
Holloway, John. (1994) La ciudadanía y la separación de lo político y lo económico. En Marxismo, Estado y Capital. La crisis como expresión del poder del trabajo. Buenos Aires: Cuadernos del Sur, Fichas temáticas n. 5.
Rodríguez Gustá, Ana Laura. (2008) Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención. En Temas y Debates 16, pp. 109-129.
Trebisacce, Catalina. (2018) Habitar el desacuerdo. Notas para una apología de la precariedad política. En Revista Mora N° 24 Vol.I
[1] En el marco del proyecto de investigación titulado “¿Qué sabemos de las políticas de género y de las mujeres del Conurbano Bonaerense? Hacia una agenda de género en la Provincia de Buenos Aires, Argentina”, radicado en el IESCODE, UNPAZ. Los resultados preliminares de la investigación fueron presentados en las I Jornadas Democracia y Desigualdades, 6 y 7 de diciembre de 2018.
* Antropóloga feminista, docente de la UNPAZ e investigadora del IESCODE (Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades)
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Fotografía: Nodal