Por: Susana López. 23/10/2024
Los incendios forestales que afectaron a varios países de Sudamérica tienen en Bolivia una connotación especial: muchos son consecuencia de leyes que promueven la deforestación para ampliar la frontera agrícola. Por supuesto, los pobladores tradicionales son las primeras víctimas de este fenómeno.
A lo largo de la ruta entre el municipio de Concepción y la comunidad de San Pablo Norte el aire es pesado y amargo. El suelo del bosque seco de la Chiquitanía boliviana ardió en llamas y los arbustos, árboles y plantas son solo carbón. Un viento caliente dispersa las cenizas, que cubren con un manto blanco la superficie en algunos lugares. Hace calor y los pájaros cantan, pero esta vez como un quejido por no encontrar comida ni agua.
En el centro de acopio y distribución de ayuda, ubicado en el campo ferial de exposición de ganado de Concepción, los bomberos voluntarios se reúnen en pequeños grupos para informar sobre su jornada. Las provisiones, víveres y paquetes con agua y ropa se encuentran acomodados y custodiados en diversos lugares. Los encargados anotan en sus libretas los donativos que han pedido los damnificados.
Pero no siempre reciben lo solicitado. En un taxi viejo, la comitiva de San Pablo Norte ha cargado dos quintales de arroz y de azúcar y algunos paquetes con agua embotellada y aceite. “Solo eso nos han dado”, dice decepcionada Martha, una adulta mayor. Las 5 personas que forman parte del grupo rodean a uno de los dirigentes de su comunidad, y todos hablan con la encargada de distribuir la ayuda. No están de acuerdo con lo recibido.
“Somos 30 familias, no podemos hacer alcanzar esto poco que nos han dado… hace 3 días que estamos rogando que nos ayuden y solo nos dieron estas pocas cosas”, dice Roberto Mamani. Ellos vienen del territorio indígena Monte Verde, y viven de la siembra de papayas.
Pelearon solos contra el fuego
Hace unas semanas el fuego rodeó sus cultivos y su comunidad. Cuentan que pelearon solos contra las llamas porque no pudieron pedir ayuda. “Tenemos que salir y caminar 5 kilómetros para agarrar señal de celular y conectarnos a internet”, dice Reynalda Flores, encargada de la junta escolar. Por eso no pudieron evitar sufrir grandes pérdidas en su agricultura, que afectaron su ya precaria economía.
Las plantaciones de papaya quedaron en medio del fuego que las rodeó por todas partes. “La producción ya no sirve, se ha cocinado todo y las hojas del papayal se han chamuscado (…) ya no sirve esta cosecha, se ha echado a perder”, dice Vicente Chambi, agricultor.
Incendios forestales cada año
La Chiquitanía boliviana sufre incendios recurrentes, por lo menos por estas fechas, entre julio y septiembre. Según datos proporcionados por la Fundación Tierra, hasta el momento se estima que 10,1 millones de hectáreas se vieron afectadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz. Los informes de los satélites MODIS y VIIRS de la Nasa permitieron cuantificar 742.403 focos de calor.
Los departamentos de Santa Cruz y Beni representan el 97% del territorio quemado. En el primero se incendiaron 6.916.700 hectáreas, mientras el segundo perdió 2.905.900 de hectáreas de biodiversidad. El 58% de las áreas afectadas corresponden a bosques, y el 42% a llanuras, pastizales y sabanas, con un común denominador: el uso agroindustrial, con monocultivos y ganadería.
Ese modelo económico es el gran responsable de las quemas, que al salirse de control terminan por afectar los pequeños cultivos de las comunidades indígenas. Para el cacique de San Pablo Norte, Juan Carlos Hurtado, el chaqueo (quema controlada de la tierra), es importante para la siguiente siembra. “Nosotros como indígenas hacemos nuestro chaco (chaqueo) para sembrar el sustento para la familia. Pero el fuego nos ha llegado de todos lados (…) la Chiquitanía es grande y hay empresarios ganaderos y el fuego nos avasalló de todos los lados”, dice.
Por paradójico que parezca, existen normativas legales en Bolivia que permiten, apoyan y perdonan las quemas masivas. El paquete incendiario de leyes, como es conocido, permitió desde 2013 la expansión de la frontera agrícola a gran escala. La ley 337 de 2014, (de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques), perdonó los desmontes que no contaban con autorización hasta 2011 y permitió, además regularizar las tierras deforestadas, es decir legalizar su uso para fines agropecuarios.
Por su parte, la ley 502 de 2014, que complementó la 337, permitió que entre 2015 y 2022 se deforestaran 460.000 hectáreas de bosque. Otra ley polémica, la 741 (que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias), como su nombre lo indica, permite desmontar hasta 20 hectáreas para la producción de alimentos.
La ley 1171, (de uso y manejo racional de quemas), perdona el pago de multas por quemas realizadas en terrenos fiscales o no autorizados. Por otro lado, el Decreto Supremo 24253, establece una multa de solo 20 centavos de dólar por hectárea quemada de forma ilegal. A esta lista, se suma el Decreto Supremo 3973 del año 2019, que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas o comunitarias en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
Ese paquete legislativo ha producido resultados desastrosos para las comunidades indígenas. En las últimas semanas, mientras avanzaban los incendios, surgieron voces en la Asamblea Legislativa Plurinacional como la de Mayra Zalles, de la Comisión de Región Amazónica, que pidieron formalmente la derogación de varias de esas leyes. Pero no tuvieron éxito. “Tristemente, primaron los intereses de los interculturales por parte del MAS y de ganaderos de Beni y Santa Cruz”, afirma Zalles.
El papel y el poder de los ‘interculturales’ tiene que ver directamente con la concesión de tierras y sus lazos con el partido de gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS). Históricamente, los interculturales son hijos de los campesinos aymaras y quechuas que migraron a tierras cálidas para trabajar en la agricultura. El mismo Evo Morales es un intercultural de Oruro asentado en el Trópico de Cochabamba, el Chapare.
Al concederles tierras, los gobiernos del MAS, tanto en las presidencias de Evo Morales como en la actual de Luis Arce Catacora, consolidaron una alianza política con esos grupos que les garantiza el apoyo de 2,5 millones de interculturales organizados en 24 federaciones a nivel nacional. De hecho, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), consiguió la titulación de 25 millones de hectáreas para sus afiliados.
En criterio de la diputada Zalles, los ganaderos y los interculturales son los dos grupos de poder que ocasionan incendios permitidos y avalados por el Estado. “Tienen permisos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para iniciar las quemas”, explica. Además, en el caso de los interculturales, estos planifican el desmonte y el fuego provocado sobre tierras fiscales protegidas, para hacer que el gobierno les entregue esas áreas porque “ya estarían listas para la producción agrícola”.
Incendios y su estrecha relación con la agricultura
Según el reporte de incendios forestales en Bolivia, presentado por la Fundación Tierra, el registro de las 10.125.400 hectáreas quemadas en el país supera al récord histórico de 2019. Aquel año, ardieron 5,3 millones de hectáreas que movilizaron a la comunidad internacional que envió grupos de bomberos para sofocar el fuego.
Santa Cruz y Beni representan el 97% de los incendios, y justamente estos dos departamentos se caracterizan por la agroindustria. El informe mencionado detalla que las áreas que más sufren el embate del fuego descontrolado son las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), es decir asentamientos de comunidades indígenas originarias, y las áreas protegidas con importante biodiversidad. “Por ahora, existen evidencias de que entre los principales implicados están las propiedades ganaderas y los asentamientos de comunidades (interculturales) ”, dice el documento en una de sus partes.
Para el economista Gonzalo Colque, “no es la quema tradicional a pequeña escala para sembrar yuca o arroz, sino la conexa al desmonte mecanizado de grandes extensiones (…) es la conversión de bosques en monocultivos de soya, sorgo y pastos. Y la motivación no es otra que la búsqueda del lucro rápido y fácil a costa de la depredación de la naturaleza”.
En los últimos días en el territorio indígena Monte Verde, los incendios se reavivaron, a pesar de la lluvia esporádica y el trabajo de los bomberos. “Este fuego apareció por el lado de Nocoborena y Río Blanco, por todos lados estábamos rodeados (…) yo tenía que ir a salvar mi papayal y, antes de que acabara de limpiar, aparecí dentro del fuego. Si no era por mi yerno que me encontró, no sé qué hubiera sido de mí”, cuenta uno de los comunarios.
Los incendios no solo dañan la tierra o la biodiversidad de un lugar. “Son una catástrofe que afecta la vida de miles de hogares campesinos e indígenas, muchos de los cuales están desplazados por la pérdida de sus casas, de sus cultivos y de sus medios de vida, así como por la contaminación del aire y de sus fuentes de agua”, afirma Juan Pablo Chumacero, director ejecutivo de la Fundación Tierra.
Hay sequía
Por si eso fuera poco, hace varios meses que no llueve. La pequeña laguna de la comunidad se secó, solo quedaron los huesos de una vaca que murió en medio del lodazal. “Nuestro poco ganado que tenemos está flaco, porque además que el fuego consumió su forraje, la poca agua que teníamos la hemos utilizado para apagar el incendio que ya estaba llegando a nuestras casas”, cuenta Noemí.
Mientras tanto, en las haciendas ganaderas que rodean a San Pablo Norte, las vacas, blancas y robustas, pastean a gusto al aire libre, y beben de sus propias lagunillas. Este panorama contrasta con la vida en la comunidad, ya que los pocos animales de granja que quedan sufren por falta de alimento y agua. “Esos días en que el fuego nos invadió, nadie nos ayudó…tuvimos que pagar 80 dólares para alquilar tractores y hacer zanjas para que el incendio no avance, hubiera sido lindo que algunas haciendas nos ayudaran, pero ellos ni nos miran”, dice un comunario que prefiere no dar su nombre.
Los pobladores de San Pablo Norte no tienen agua, electricidad, telefonía móvil ni mucho menos internet. Ubicados a hora y media de Concepción, no pueden buscar ayuda en casos de emergencia médica. “Hace años que solicitamos al municipio de Concepción una antena para tener señal de celular y no hemos recibido respuesta. Igual pedimos que nos ayuden con nuestro pozo de agua, nosotros nos hemos financiado (…) hemos pagado de nuestro bolsillo la perforación del pozo y hay poquita agua”, dice Vicente Chambi.
Además, como un recordatorio de la difícil situación que atraviesan, la escuelita de un ambiente, construida en 2010, se cae a pedazos. Los niños y las niñas reciben clases en la sede de reuniones de la comunidad, un espacio sin pizarra ni ventanas. El viento caliente del bosque entra por todas partes y llena de arena los cuadernos de los estudiantes.
El profesor Juan Urañabi hace lo que puede con lo que tiene para enseñar a sus 16 alumnos. “Esta escuelita es multigrado, de primero a sexto… los estudiantes son de esta comunidad y también algunos vienen de Potreros y de la comunidad Villa Nueva”, dice. Tomar clases en medio del humo de los incendios es imposible, por lo que tuvieron que suspenderlas durante varios días. “Estamos al aire libre, no nos podemos esconder del humo (…) tuvimos que llevar trabajos a la casa para precautelar la salud de los chicos”, cuenta el profesor.
El fuego consume todo a su paso, incluso los sueños y esperanzas de los pobladores de esta pequeña comunidad. “Desde que tengo uso de razón, siempre se ha chaqueado, pero en los últimos años el fuego viene descontrolado de todas partes y eso me extraña. Nosotros vivimos de nuestra siembra para consumir y para vender en la ciudad, es muy poco lo que tenemos”, dice Alfredo Sosa. Los pedidos de ayuda de San Pablo Norte se perdieron en los trámites burocráticos. Como dice el cacique Juan Carlos Hurtado, “ojalá pudiesen ayudarnos de verdad, por lo menos con la dotación de semillas de arroz o papaya, porque es nuestro medio de sustento”. Un sustento amenazado por intereses económicos y políticos que van mucho más allá de los confines de su pequeña y sufrida comunidad.
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Fotografía: Connectas
