Por: Pedro Cortez Páramo. 09/12/2024
Han transcurrido dos años del gobierno de Gustavo Petro y su política de paz total aun sigue en ciernes. Los grandes propósitos de hacer mesas simultaneas entre grupos insurgentes, paramilitares y bandas criminales urbanas, para avanzar en el dialogo y posible concreción de una salida política al conflicto armado con éstos sigue sin concretarse.
Ambiciosa, improvisada y sin contenido claro del modelo de solución política de la paz del gobierno Petro, lo que se puede observar a raíz de la corta experiencia que se ha vivido en los últimos meses, es que, existe la puesta en práctica de lo que pareciera ser un nuevo modo de contrainsurgencia en ejecución, aplicada bajo la vieja fórmula de: dialogar la paz para continuar la guerra.
Dialogar para fraccionar
El proceso de instalación de las mesas con las organizaciones guerrilleras tiene como objetivo por parte del gobierno y en particular de sus negociadores, el concentrar la ofensiva contrainsurgente. Basados en el principio de la paz como eje rector de la búsqueda de solución política al conflicto armado, ninguna organización revolucionaria se negaría a tan loable propósito, a sentarse en una mesa de diálogo para evitar al máximo, el derramamiento de sangre entre nacionales.
El propósito que inspira al gobierno nacional está lejos de una superación del conflicto armado a través de la salida política. La mesas con las insurgencias, tal cual han sido instaladas, han servido para el diseño de una suerte de operación encubierta, que se sirve de la actividad de la labor de sapa, para inocular desde adentro la ruptura de los comisionados insurgentes, trabajando en la división por vía de la compra de intereses y doblegar la moral de los delegados a las mesas incidiendo en sus diferencias y personalizando posiciones políticas, alimentando egos, a fin de restarle centralidad a la toma de decisiones que se expresan en los espacios de diálogo.
Una vez se logra la labor de ruptura al interior de la estructura en negociación, se instala el dispositivo disuasivo que presiona hacia adentro del proceso, el cual funciona sobre la base de la delación, la conformación de una correlación de grupo que dinamita la toma de decisiones con la filtración de información sobre las posiciones y opiniones que surgen a acerca de las tensiones en la mesa, para que finalmente se margine al sector que se considera crítico y desalineado con los objetivos que persigue el gobierno y sus aliados internos.
Las mesas se constituyen en un tipo de laboratorio de inteligencia militar y psicológico, que se encarga de establecer los marcos de debilidad ideológica y política de algunos combatientes, con el ánimo de escanear el factor cohesionador que persiste al interior de sus estructuras y también para inocular intereses particulares y colectivos que se leen desde de las posturas que develan limitaciones de comprensión y firmeza en algunos de los delegados que han demostrado estar muy lejos de ser cuadros revolucionarios para asumir la participación en los diálogos.
Dialogar para fraccionar es la fórmula que el gobierno nacional está aplicando dentro las mesas. El factor tiempo es el determinante de la operación de fractura dentro del modelo contrainsurgente. Dialogar y negociar en cuatro años de gobierno son insuficientes para resolver causas estructurales del conflicto, máxime con procesos armados de diferente orden político e ideológico, pero entregar resultados de disolución y fraccionamiento en poco tiempo, hace más eficaz la acción de las fuerzas militares. Mientras se puede debilitar la dirección política de los insurgentes, avanza el plan militar, porque la disuasión política es más eficaz en la contra orientación y en el efecto de choque por fuego amigo entre estructuras dividas por la negociación.
Divide y golpearás, es la lógica que acompaña la dinámica actual del diálogo con el gobierno nacional. Mientras la cohesión interna de las insurgencias es un factor que se reclama como condición sine qua non para el establecimiento de niveles de diálogo con el gobierno, la división se aplica para desmontar las estructuras guerrilleras. Romper políticamente y atacar militarmente es el comportamiento del diálogo que el gobierno de la paz total ofrece actualmente a las insurgencias.
La cartelización como estrategia de despolitización y desideologización
En una acción combinada de formas de lucha del gobierno nacional dentro de la operación contra insurgente de la paz total, el factor comunicativo y de propaganda se ha activado de una manera efectiva desde el jefe de Estado, ministros, altos mandos militares y los medios de comunicación que replican la nueva matriz de despolitización y desideologización de las causas del conflicto armado: la cartelización, el tratamiento a las luchas revolucionarias como remantes del narcotráfico.
El jefe de Estado ha insistido permanentemente desde sus diversas manifestaciones públicas que no existe lucha insurgente anti sistémica, antiimperialista y revolucionaria; la ha reducido a homologarla con los carteles de la droga y con ello, limitar los alcances de la acción política a simples disputas territoriales por las rutas de narcotráfico y la optimización de la circulación y la distribución de ésta dentro y fuera del país.
La cartelización intenta crear la imagen colectiva que lo que sucede en el territorio nacional, es algo parecido a lo que se desarrolla en Sinaloa, México. Toda esta matriz pretende desvirtuar las problemáticas del conflicto social y armado, despolitizar las luchas inmersas en los territorios y encuadrar a los pobladores dentro de la lógica de homologación instrumental de un enemigo pasivo que colabora con los carteles. Además, apuntalando la idea que por décadas han logrado instalar en el ideario colectivo que el negocio del narcotráfico es una industria de los países productores y no una empresa multinacional con sedes económicas en los países consumidores que a través de políticas internas mantienen los precios altos por el factor de mantener la ilegalidad y el lavado de activos con banca y empresas en los países como EEUU, principales beneficiarios del negocio, con la DEA como el principal cartel político de drogas del mundo.
La desideologización opera como un factor determinante en la labor contrainsurgente de la actual política de paz total. Reduccionismo y negacionismo son los aspectos que marcan el discurso oficial sobre la acción insurgente desde el establecimiento. Reducir que todo el problema del conflicto es el narcotráfico y negar aspectos estructurales de la tenencia de la tierra y el papel del establecimiento en la reproducción de la acumulación exponencial de ésta, servida de fuerzas oscuras para su expansión y dominio, son elementos que a todas luces justifican la permanencia de la conflictividad en una escala incremental sin solución posible.
Para el gobierno nacional, la situación de la tierra se resuelve en una suerte de operaciones redistributivas centralizadas desde el Estado y con un marco de regulación normativa que supuestamente permite la garantía jurídica para establecer como propietarios a quienes reciben estos beneficios. Sin embargo, nada se ha dicho de la reparamilitarización del territorio y de las circunstancias que son las que regulan realmente la tenencia de la tierra: la fuerza de la violencia con la que se ha hecho la acumulación por despojo.
El gobierno al desideologizar la situación del conflicto, en especial, desconociendo los factores reales de la tenencia de la tierra y de los actores armados que garantizan la acumulación violenta por despojo, como son los grupos paramilitares y su relación con el narcotráfico, garantiza a estos su operación en los territorios con la omisión cómplice del establecimiento, e incluso participación directa de miembros de las FFMM y los empresarios regionales que se lucran del negocio.
Se reedita la política de que la única razón de la guerra del Estado es contra el narcotráfico y a la eliminación selectiva de miembros que sustentan esta economía, mientras las dinámicas de la renta del suelo, la apropiación violenta y la expansión de grandes terrenos sigue en manos de poderosos, de las élites, de las clases políticas regionales y del orden nacional; que con sus fuerzas paramilitares asientan su poder sobre los territorios, la situación de la tenencia de la tierra reanimará una nueva confrontación mucho más agresiva que la se viviera en los años noventa.
Mientras la operación contrainsurgente de la paz total se dedica a producir un enemigo despolitizado y desideologizado que se enfoca en las insurgencias, desconociendo sus programas y reivindicaciones y reduciendo sus acciones a simples expresiones del mercado ilegal del narcotráfico que se debe combatir, mientras deja de lado las verdaderas causas estructurales sobre la cual se ha cernido el conflicto armado colombiano; las posibles soluciones políticas propuestas son una ficción que poco sirven para resolver por la vía dialogada la salida de la guerra interna.
En esta fase de negacionismo de la paz total, se oculta el papel de las empresas trasnacionales y su asentamiento en territorios del orden nacional, ricos en recursos naturales, que ahora se sirven del mercenarismo corporativo paramilitar para expandir sus negocios con la complacencia del gobierno. Mientras se niega la presencia de dichas empresas extranjera en nuestro suelo, usurpado recursos naturales, el plan militar de la paz total, garantiza con su despliegue armado de la fuerza pública, la protección de estas en zonas donde la conflictividad social se ha hecho sentir en contra de la presencia de las empresas trasnacionales. Paradójicamente el gobierno que prometió defender la soberanía nacional contra el capital, le abre las puertas a este con toda su protección y seguridad estatal, además, manteniendo el andamiaje se las bases y asesores militares extranjeros en el territorio que agudiza las causas del conflicto como sucede en todas las colonias del mundo.
Mercenarismo de los movimientos insurgentes como consolidación de la fuerza paramilitar
Fraccionadas y divididas las estructuras insurgentes, el plan contrainsurgente se establece en construir un plan de acción de golpe entre facciones disidentes. Para ello, las organizaciones asimiladas como aliadas a la negociación con el gobierno nacional, cumplen un papel de regente en su defensa, y para tal fin se establece una conducta de grupo de choque, con finalidades de reducir la insurgencia no alineada.
Funcionalmente los grupos que se han sometido al alineamiento del gobierno practican lo que podría denominarse, una modalidad de mercenarismo insurgente, que en una categorización correcta son nuevos grupos paramilitares para atacar las propias guerrillas discrepantes de las mesas de diálogo. Este tipo paramilitarismo cuenta con las licencias soterradas del gobierno que omite responsabilidades sobre los choques se presentan entre estructuras y finalmente, las legaliza dando los resultados entre los enfrentamientos como ajustes de cuentas entre grupos.
El gobierno ha jugado a una política de escoger negociar con el mal menor y con ello, ha abierto las posibilidades para que establezcan todo tipo de conductas permisivas para golpear estructuras, mandos y direcciones dentro de la mesa por las propias acciones internas de grupos que actúan bajo ese nuevo paramilitarismo que busca liquidar las posiciones críticas a la fraudulenta política de paz total.
Mientras este método persista, el futuro de las mesas y sus posibles diálogos no tendrán mayor desarrollo. A dos años de la política de paz que anunció el presidente Petro, ya está claro que sus verdaderas intenciones están lejos de lograr una solución política integral al conflicto social y armado colombiano y contrario a ello, se reactiva una vez más el doloroso camino de la guerra.
Si existe una verdadera voluntad de paz del establecimiento, es necesario un replanteamiento total de la lógica contrainsurgente que viene aplicando dentro de las mesas de diálogo, para reestablecer la confianza y la verdadera idea de la solución política, alejarse de los lineamientos contrainsurgentes Made in USA. Es necesario que se concentre el esfuerzo en buscar una solución política real y negociada con la insurgencia, sin buscar romper las estructuras que se acercan a los diálogos y reconociendo que en esos procesos guerrilleros persisten ideales revolucionarios, en virtud que las contradicciones estructurales en Colombia aún no han sido resueltas de fondo. El tiempo apremia y la guerra sigue.
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Fotografía: Rebelión
