Por: ENRIQUE SANTIAGO ROMERO. 31/07/2023
La no aceptación de las reglas del funcionamiento de la democracia se está convirtiendo en parte de la agenda del gobierno conjunto del Partido Popular y VOX
El resurgir de la derecha populista y extremista en Europa
La crisis económica en Alemania posterior a la I Guerra Mundial llevó al poder al nazismo, un régimen político que exterminaba industrialmente a colectivos humanos. Las crisis de las últimas décadas -la financiera de 2008, la pandemia COVID-19, y la crisis energética por la guerra en Ucrania- propician también la llegada a los gobiernos de Europa de una derecha populista y reaccionaria, aunque se presenta como una opción diferente a la extrema derecha del siglo XX. “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”, nos enseñó Antonio Gramsci.
La extrema derecha ha sido marginal tras la derrota del nazi fascismo en la Segunda Guerra Mundial y el agotamiento de las dictaduras en Grecia, Portugal y España. Las que eran posiciones políticas marginales en 1980 – un 4% de los votos- alcanzaron el 8% en 2008 y crecieron durante las crisis posteriores hasta ser una opción de gobierno en muchos países de la Unión Europea (UE). Así, en 15 de los 27 países de la UE las principales formaciones de derecha populista y extrema derecha se mueven entre un 10% y un 23% del voto. Solamente Chipre, Bulgaria y Luxemburgo están aún a salvo de la deriva autoritaria de la derecha, aunque ya ha llegado a sus parlamentos la extrema derecha.
La actual derecha populista puede considerarse una deriva de la tradicional derecha conservadora, o extrema derecha adaptada a la sociedad de la comunicación, o neo fascismo -neo franquismo en España- o una conjunción de las tres. Es una derecha autoritaria que desprecia la democracia y la Declaración de los Derechos Humanos.
En España VOX tiene un importante apoyo electoral. Mantiene posiciones extremistas, admira la dictadura franquista y no acepta los consensos básicos de la democracia. Insulta a los sindicatos, reniega de los derechos de las mujeres, personas LGTBI+, extranjeros, de todo aquel que tenga posiciones políticas diferentes a las suyas. Niegan la violencia machista o la crisis climática y defienden la privatización de las pensiones públicas, la educación, la sanidad o las prestaciones por desempleo, servicios en los que solo ven una oportunidad para el sector privado.
El viraje de la derecha tradicional hacia posiciones extremas
La derecha demócrata cristiana o liberal se ha subido a la ola reaccionaria aceptando muchos de los presupuestos de la nueva derecha populista y ultra. Para llegar al poder, en solitario o en coalición, rechaza en términos generales “cordones sanitarios” a los ultras para preservar los valores democráticos de la Europa surgida tras las guerras mundiales. Así ocurrió con el gobierno de Finlandia dirigido por el conservador Coalición Nacional en coalición con el Partido de los Finlandeses, ultranacionalista y xenófobo, que tendrá 7 ministerios de gran peso político, o con la conformación de gobiernos autonómicos y municipales en España entre el Partido Popular (PP) y VOX. La misma situación se repite en Estonia y Letonia o en Polonia, Hungría e Italia donde gobiernan partidos de derecha populista con programas de extrema derecha.
Una reacción a los estragos del neoliberalismo
La oleada reaccionaria mundial irrumpió en la política con la aparición del “Tea Party” y la llegada de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos. No consideran legítimos gobiernos de otros partidos -asaltaron el Congreso de EEUU y el de Brasil-, son aislacionistas en relaciones internacionales y combaten políticas de igualdad y derechos de las minorías. Sus propuestas han sido difundidas sirviéndose de la frustración y el miedo de las personas perjudicadas por la globalización en los países occidentales, hombres blancos, heterosexuales, cristianos y con escasa formación y recursos.
El caldo de cultivo ha sido el descontento surgido por las políticas neoliberales implementadas desde los años 80, la desregulación laboral y la deslocalización industrial, extendidas tras la desaparición del bloque del socialismo real y el debilitamiento del Estado social y de las políticas socialistas. La clase trabajadora se sintió abandona tras haber visto mejorar su nivel de vida al satisfacerse muchas de sus reivindicaciones sociales y laborales. Mientras se empobrecían, contemplaban la multiplicación de inmensos beneficios para unas elites muy reducidas, lo que provocó inseguridad en el futuro y gran rechazo hacia los partidos que permitieron esa deriva.
Las propuestas de la derecha populista y extremista se perciben como la vuelta a un orden articulado en torno a lo cercano y conocido -los nacionales primero- y un rechazo a todo lo que no tiene explicación simple. Hacer a los últimos de esta sociedad responsables de las desdichas de los penúltimos es una solución sencilla inculcada a través del miedo y el odio, y compatible con la incomprensión de las complejidades de una sociedad globalizada, en la que la necesaria transición energética, industrial y digital exigirá nuevas habilidades y conocimientos profesionales a los trabajadores, que no todos podrán afrontar. La derecha populista responsabiliza de todo problema a la denominada “conspiración globalista” -aunque defiende políticas económicas neoliberales globalizadas- a la multiculturalidad, a la igualdad entre hombres y mujeres y al reconocimiento de derechos de las minorías. Argumenta que reconocimiento de nuevos derechos supone la desposesión de los disfrutados por los colectivos que los adquirieron previamente.
Debilitar el Estado en favor del libre mercado extremo
Las derechas populistas se sirven de los miedos de las clases trabajadoras y los estimulan para defender los intereses de las minorías privilegiadas, despreciando los mecanismos para corregir desigualdades como los impuestos. Mantienen discurso supuestamente protector hacía trabajadores, agricultores y sectores precarizados -paternalismo corporativo aprendido del fascismo- e intenta cohesionarlos con un discurso identitario de nacionalismo de proximidad -cultural, religioso, tradicional y étnico-, haciendo creer a los más desfavorecidos que sus intereses son coincidentes con los de las oligarquías económicas.
Han organizado una industria de la mentira, el odio y el negacionismo de cualquier evidencia científica que cuestione sus discursos -incluso negaron la gravedad de la pandemia por interés político- con mensajes que polarizan y crispan a la sociedad. Convierten el miedo en odio al diferente a la vez que se presentan como la rebeldía frente al sistema –el Estado social y democrático de derecho- al que denominan “dictadura progre”. Presentan la obligación del Estado de regular la convivencia e impedir las arbitrariedades de los poderosos como una coacción a la libertad frente a la cual cualquier método de confrontación, incluida la violencia física, mediática e institucional, es legítima. Su neoliberalismo extremo es incompatible con el proteccionismo a la producción nacional que dicen defender. Construyen su discurso sobre una fuerte identidad nacional pero no tienen proyecto económico ni social para España. Defienden las privatizaciones, aunque provoquen subordinación a corporaciones e instituciones extranjeras limitando la soberanía nacional que dicen propugnar. Para estos extremistas el mercado ha de ocupar todos los espacios de la vida y el Estado ha de reducirse a la mínima expresión. Puro darwinismo social radical, la ley del más fuerte. La alianza PP con VOX nos lleva a una España de servicios, poca productividad y bajos salarios.
La negación de la crisis ambiental y la oposición a la Agenda 2030
Las derechas populistas rechazan la Agenda 2030, el acuerdo suscrito por más países del mundo, cuyo cumplimiento garantizaría una vida digna a todas las personas. Acabar con la pobreza o conseguir el Hambre Cero exige un nuevo modelo de relaciones económicas y comerciales que pone en peligro los beneficios de las multinacionales. Garantizar salud y bienestar, educación de calidad, o agua limpia y saneamiento supone inversiones públicas que requieren recaudación de impuestos, algo a lo que los más ricos no están dispuestos. Instaurar un modelo de trabajo decente, reducir las desigualdades y realizar una adecuada transición industrial supone ampliar los derechos de los trabajadores y acabar con el ejército de mano de obra precaria y barata que requiere el sistema para maximizar sus beneficios. La acción por el clima y construir un desarrollo sostenible que frene el cambio climático obliga a una transición energética que acabaría con el inmenso negocio de los combustibles fósiles. Respetar la vida submarina y los ecosistemas terrestres obliga a cambiar el modelo de crecimiento ilimitado y consumo irresponsable.
Alcanzar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es imposible sin transformar el actual modelo de producción capitalista, incompatible con el mantenimiento de la vida en el planeta. La Agenda 2030 se percibe por ello como un ataque a los privilegios de minorías poderosas y colisiona con la estrategia negacionista de la degradación del planeta o de la existencia de graves desigualdades provocadas por el neoliberalismo. La extrema derecha y la derecha supuestamente moderada desprecian los intereses generales y anteponen los intereses particulares de las oligarquías que las impulsaron y a las que se deben y por ello han convertido la Agenda 2030 en una de sus principales banderas.
La politización de las instituciones judiciales
La deriva populista de las derechas también tiene consecuencias en las instituciones judiciales, cuya misión en un Estado de derecho es garantizar los derechos de la ciudadanía y la equidad en la aplicación de las leyes, y en ningún caso limitar las libertades públicas o los derechos fundamentales. La involución de las resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos muestra esta deriva extremista de la justicia, consecuencia de la llegada de la ola reaccionaria a las altas instituciones judiciales. Los ataques y restricciones al derecho al aborto fueron seguidos de la limitación de las competencias de las agencias estatales para controlar y reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
España no es una excepción a la cooptación del poder judicial por las derechas populistas. Desde hace años un sector de la judicatura se ha implicado en el combate político a las fuerzas progresistas, generando una doble jurisprudencia según el color político de los implicados. Mencionemos la implacable persecución judicial a los dirigentes del grupo municipal de Izquierda Unida en Sevilla mientras el jefe del PP en la oposición municipal era el juez Juan Ignacio Zoido, la desmesurada persecución judicial a los máximos dirigentes de Podemos, o la condena a prisión al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, aplicando criterios de responsabilidad in vigilando que fueron desestimados en el caso de la expresidenta popular de la Comunidad de Madrid. Y el grave secuestro del Consejo General del Poder Judicial por la derecha desde hace cinco años, un comportamiento que incumple el mandato constitucional de renovación del órgano, renovación que el 22 de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado que es imperativa y no potestativa.
Los pactos de gobierno del partido Popular y VOX amenazan la democracia
En España, con la irrupción de la derecha extrema, la derecha conservadora ha incorporado muchas de sus propuestas radicales, compitiendo por el mismo espacio electoral. Para construir acuerdos de gobierno, el PP está asumiendo parte de las posiciones antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos de VOX, renunciando a aplicar políticas de igualdad y protección a colectivos vulnerables, profundizando el debilitamiento de las administraciones y la privatización de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación pública, a la que han calificado como” puerta al totalitarismo”. Estos pactos incluyen el rechazo al reconocimiento de los derechos civiles y políticos de quienes son diferentes o discrepan de ellos. Durante la pasada legislatura, al menos en cuatro ocasiones VOX presentó proyectos de ley para ilegalizar a partidos políticos que no comparten su ideario o convertir en delitos distintas manifestaciones ideológicas, rompiendo otro consenso básicos de nuestra democracia, la pluralidad política de cualquier Estado social, democrático y de derecho. La no aceptación de las reglas del funcionamiento de la democracia se está convirtiendo en parte de la agenda del gobierno conjunto del Partido Popular y VOX, e ilustra la consecuencia más peligrosa de la deriva populista de las derechas en el mundo contemporáneo. La democracia está seriamente en peligro.
(*) Secretario General del Partido Comunista de España
Imagen: Grupo francés ‘Generación identitaria’, organización ilegalizada en Francia.
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Fotografía: Mundo obrero
