La iniciativa ciudadana sobre educación.

No obstante que en el centro de la rebelión ciudadana está la legítima inconformidad por el aumento a los precios de los combustibles y sus consecuencias en el encarecimiento de la vida, por el impacto negativo que representan de manera inmediata y cotidiana en la economía familiar, la iniciativa de ley para reformar la reforma educativa fue respaldada por más de medio millón de firmas, superando cinco veces el requisito que la legislación exige para aceptarla.

Más allá de las incertidumbres generadas al canalizar la lucha popular a través de las instancias del régimen, la CNTE logra colocar de nueva cuenta el tema educativo y del respeto a los derechos laborales en la agenda nacional, abriéndose paso en el Poder Legislativo como un interlocutor que ha reconocido ciertos fracasos de la reforma educativa y la voluntad de cambiar su cuerpo constitucional, al que por años se había considerado intocable. Esto debe entenderse en su justa dimensión, después de seis meses de recesada la huelga magisterial que cimbró las bases de la gobernabilidad, periodo en el que el Ejecutivo cerró los espacios de diálogo y buscó por todos los medios a su alcance desprestigiar y neutralizar las demandas de la Coordinadora.

La iniciativa de ley pone de manifiesto ante la ciudadanía y el gobierno que los maestros disidentes tienen voluntad de diálogo. Son, además de protesta, propuesta e inteligencia colectiva capaz de hacer efectivo el ejercicio ciudadano de la democracia, de construir desde la soberanía popular oposición al proyecto de reformas neoliberales a través de una alternativa que, además de educacional, tiene como horizonte la emancipación social, frente a un gobierno que está entregando la soberanía nacional a los organismos de la globalización y al avance neofascista de la política invasiva del vecino país del norte.

Esta iniciativa devuelve a la Constitución el debate cultural, ético, social y pedagógico, infectado por el virus empresarial que se incubó desde hace más de 30 años hasta aparecer con toda su enfermedad en la reforma educativa de 1993. Calidad (industrial) y competencias han querido borrar de la historia de los debates en torno al artículo tercero conceptos como gratuidad y laicidad, o los de educación pública, científica, socialista, nacionalista y democrática.

Su eje transversal es la dignidad humana. Desde ahí se entreteje una educación que no se limita al desarrollo de competencias laborales, sino que permita la plenitud del ser en el máximo de sus múltiples potencialidades. El concepto alude al respeto de la pluralidad de cosmovisiones, culturas, de capacidades y discapacidades; a la equidad de género, así como a sus diversas expresiones; pero también a una nueva racionalidad no económica, sino ambiental, que acompañe el acontecer evolutivo de la humanidad sin el saqueo territorial y ecológico.

Educar para la dignidad humana es respetar los derechos laborales; por eso propone desaparecer el Servicio Profesional Docente. En este sentido, la evaluación no sería coercitiva, ni focalizada para responsabilizar a un sector en particular. La nueva cultura evaluativa se concibe como integral, porque incluye a todos los componentes del sistema educativo; aquí, la verticalidad y las funciones suprainstitucionales del INEE como el gran evaluador, sucumben con la creación y el fortalecimiento de nuevos órganos horizontales que incluyen a los actores de la sociedad garantes del interés público y nacional, hasta hoy desplazados por los mercaderes de la educación.

En la ruta informativa de recaudación de firmas y lo que continúa para hacer posible una eventual reforma de la reforma, también está implícita la plataforma política de la CNTE para hacer visibles temas que no han sido resueltos: la liberación de alrededor de 40 encarcelados tan sólo en esta última etapa de lucha; justicia y atención a las víctimas, que suman decenas de heridos y asesinados por defender la educación pública; la reinstalación de los centenares de maestros cesados; no podría ser distinto, justo en este momento en que se reinicia el calendario de evaluaciones para quienes ya van por su tercera y última llamada, amenazando con una nueva oleada de represión y despidos masivos.

La iniciativa de ley ciudadana no tiene nada que perder; en el peor de los escenarios, si no se aprueba, se habrá ganado consenso social, se habrá articulado un gran movimiento de padres de familia, sindicatos educativos de todos los niveles, estudiantes y académicos dispuestos a sumar sus agravios, indignaciones, experiencias, capacidad organizativa e intelectiva, a las resistencias y rebeliones ciudadanas opositoras al régimen, a Peña Nieto, a los políticos afines al imperialismo estadunidense, a la oligarquía empresarial criolla que hoy se da sus aires de nacionalismo, intentando mantener su estabilidad económica, endeble por la crisis de gobernabilidad.