Por MINKY WORDEN. NYT. 5 de junio de 2018
La FIFA, el órgano rector del fútbol mundial, tenía un problema de reputación. En 2015, Sepp Blatter, el entonces presidente de la organización, y otros altos funcionarios enfrentaban cargos de corrupción y, después de otorgar los mundiales de 2018 a Rusia y de 2022 a Catar, recibieron una respuesta pública negativa por el mediocre historial de esos países en materia de derechos humanos.
Como parte de su maniobra de limpieza, la FIFA aceptó solicitar un mínimo de estándares de derechos humanos a los países que buscaran albergar competencias futbolísticas, entre ellas la tolerancia cero hacia la discriminación por orientación sexual.
La primera prueba para estas nuevas políticas llegará el 14 de junio, cuando arranque el Mundial de Rusia, un país que es abiertamente hostil hacia la comunidad LGBT. Miles de millones de aficionados observarán como 32 selecciones nacionales se disputan, en once ciudades de Rusia, la principal competencia futbolística del mundo. La Copa del Mundo tiene como objetivo ser una celebración gozosa del deporte y de la humanidad. Sin embargo, mucha gente de la comunidad LGBT no celebrará los partidos.
Ahora, la FIFA debe dejar claro que espera que Rusia obedezca sus reglas durante el torneo. Establecer políticas en favor de los derechos humanos fue un primer paso fundamental para la FIFA. La parte complicada es implementarlas, en especial con anfitriones que tienen tendencias represivas y que buscan lavar mediante las competencias deportivas su imagen internacional.
Junio marcará el quinto aniversario de la discriminatoria ley rusa contra la propaganda homosexual. La legislación adoptada meses antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 que se celebraron en Sochi castiga la defensa de la comunidad LGBT y crea un clima peligroso de estigmatización y violencia hacia la gente de esta comunidad. La violencia antigay ha aumentado tanto en Rusia que la FARE, una organización que trabaja para oponerse a la discriminación en el fútbol, advirtió a los aficionados que van a asistir al Mundial con sus parejas del mismo sexo que no se tomen de las manos en público.
En 2017, la república rusa de Chechenia realizó una terrorífica purga antigay. Las fuerzas de seguridad chechenas juntaron a sospechosos de ser hombres homosexuales o bisexuales, para torturarlos y secuestrar a algunos. “No tenemos homosexuales”, comentó el año pasado a HBO el gobernador de Chechenia, Ramzan Kadyrov. “Para purificar nuestra sangre, si hay alguno aquí, agárrenlo”.
En vez de manifestarse de forma pública, en el mejor de los casos, la FIFA se está haciendo de la vista gorda ante este tipo de homofobia y, en el peor de los casos, la está recompensando. La organización puso a Grozni, la capital chechena, en una lista de sitios de entrenamiento para la Copa del Mundo.
Catar, país que tiene leyes para sancionar a personas homosexuales con penas de uno a tres años de cárcel, será el anfitrión del próximo Mundial, en 2022. Además, el 13 de junio, la FIFA votará para decidir cuál será la próxima sede del torneo de 2026: una candidatura conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México o la de Marruecos —a pesar de que el código penal del país africano castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con condenas en prisión—. En años recientes, la ley ha dado lugar a varios arrestos, entre ellos el de dos chicas adolescentes en 2016 por haberse besado.
Estas leyes antigays chocan con los estatutos de la FIFA, los cuales advierten que la discriminación de cualquier tipo “queda estrictamente prohibida y será castigada con una suspensión o expulsión”. Como parte de un proceso de dos años para implementar las reformas sobre los derechos humanos que se prometieron en 2015, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, creó la primera política sobre derechos humanos de la organización, la cual menciona que la FIFA “está comprometida a atender la discriminación en cualquiera de sus formas”. Infantino también accedió a poner en práctica en todas las operaciones los principios rectores de las Naciones Unidas sobre los negocios y los derechos humanos.
La FIFA asegura que responderá ante las violaciones. “Si hay cualquier caso de abuso, o incluso la posibilidad de que se orille a defensores de los derechos humanos o periodistas a estar en una situación difícil, de acuerdo con nuestros estatutos y la política sobre derechos humanos, la FIFA intervendrá”, comentó el año pasado a The New York Times Federico Addiechi, el director de Sostenibilidad y Diversidad de la FIFA. En una carta de 2017 sobre la purga antigay de Chechenia y las amenazas a activistas, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, escribió que los eventos de la organización debían ser “entornos libres de discriminación, incluida la preocupante discriminación basada en la orientación sexual”.
Albergar la Copa del Mundo conlleva renunciar a una parte de la soberanía. La FIFA ha realizado demandas y se le han otorgado cambios a las leyes nacionales antes de mundiales pasados. Sudáfrica instaló decenas de “tribunales instantáneos”, principalmente para condenar delitos menores relacionados con el torneo y Brasil revocó una legislación que prohibía la cerveza en los estadios. Este tipo de presión debería usarse para promover los derechos humanos fundamentales.
La FIFA debe decir en público a Rusia que espera una atmósfera acogedora para la comunidad LGBT en todos los eventos de la Copa del Mundo y debe dejar claro que se hará responsable al país de transmitir ese mensaje a todos los funcionarios y personal de las ciudades sedes, en los partidos y más allá de los campos de juego.
De este modo se enviará un fuerte mensaje a los países como Catar y Marruecos para que sepan que no podrán albergar torneos importantes de la FIFA si no reforman sus leyes y políticas que persiguen a la comunidad LGBT.
Si la FIFA no es capaz de hacer cumplir sus reglas, los patrocinadores más importantes deberían actuar. Coca-Cola, Adidas, McDonald’s, Visa y otras multinacionales que tienen políticas que prohíben la discriminación deben proteger su propia reputación insistiendo en que la FIFA cumpla sus promesas. McDonald’s ya expresó sus “preocupaciones ante la FIFA respecto del problema de los derechos humanos en Catar” y anunció que no será patrocinador del Mundial después de 2018.
Con miras más allá del torneo que se celebrará en Rusia este año, la FIFA debe avisar a Catar que cuatro años es tiempo suficiente para derogar las leyes que persiguen a las personas LGBT y hacer que el requisito sea público y esencial para elegir futuras sedes. En resumen, la FIFA debe decir: si no puedes seguir las reglas de los derechos humanos, no puedes jugar.
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