Por: Jorge Vicente Paladines. 04/06/2023
El pasado 17 de mayo el todavía presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la denominada “muerte cruzada”. Oprimió el botón que la Constitución de la República le faculta para disolver unilateralmente a la Asamblea Nacional, lo que trae como consecuencia la reducción del período presidencial a menos de seis meses, debiéndose convocar a elecciones parlamentarias y presidenciales de inmediato. Se trata del botón que activa una bomba contra reloj que también le explotará al propio presidente.
Para quienes aún creen en el presidente -menos del trece por ciento- la “muerte cruzada” les representa un alivio. Con ella, Lasso se deshizo de la molesta oposición política. Una Asamblea Nacional que intentó destituirlo a través de un impeachment originado en denuncias periodísticas que dejarían entrever la malversación de fondos, además de ciertos nexos con el crimen organizado proveniente de los Balcanes. Y porque así lo permite la Constitución ecuatoriana, emerge un presidente que gobernará medio año con decretos-leyes sin contrapeso político alguno. Un “presidente fuerte” alentado así por políticos recalcitrantes y periodistas patibularios que le incitaron a tomar la extrema iniciativa del “do or die”.
Pero, ¿se trata en realidad de un “presidente fuerte” que decidió recortar su gobierno a menos de seis meses? Para comprender esta polémica decisión-límite es necesario plantearse tres reflexiones.
En primer lugar, desde la Realpolitik Lasso tuvo una torpe lectura de la política. A pesar de haber perseguido la presidencia durante años y por varios intentos, no comprendió el funcionamiento ni las dinámicas de las fuerzas políticas del Ecuador. Al final, se alejó hasta de la propia derecha guayaquileña encarnada por el Partido Social Cristiano (PSC), una maquinaria electoral que si bien por ahora ha venido a menos, mantuvo una cuota importante de asambleístas.
Lasso iba a ser expectorado por la Asamblea Nacional a causa del juicio político promovido por Unión por la Esperanza (UNES), el amplio movimiento político del ex presidente Rafael Correa a cuyo impeachment se sumaron otras bancadas parlamentarias. Para impedir que la mayoría parlamentaria lo destituya, Lasso intentó “convencer” a una cuota de asambleístas mediante un patente y patético cabildeo, pero donde el número de “convencidos” fue matemáticamente insuficiente. Lasso había subestimado una vez más a la Asamblea Nacional y a las fuerzas políticas que la integran.
Más allá de estos cálculos subsiste una ciudadanía que dejó de creer en su presidente. En la práctica, la calidad de máximo administrador de la cosa pública defraudó las expectativas de millones de ecuatorianos. El crecimiento real del desempleo reflejado en el éxodo de miles de ecuatorianos, la desestructuración de las políticas de educación y salud sumadas al aumento histórico de la inseguridad y violencia criminal, permiten observar no sólo a un Estado ausente, sino también a un presidente débil. Porque Lasso es ante todo un pésimo presidente. No se registra un superlativo semejante en cualquiera de sus antecesores.
En segundo lugar, vale revisar qué implicaciones trae consigo el dispositivo de la “muerte cruzada”. Básicamente dos cosas: Lasso tendrá que irse en menos de seis meses, pero gobernará a punta de decretos. La elección presidencial y parlamentaria se llevará cabo en agosto de este mismo año, un tiempo en el que las fuerzas políticas progresistas tendrán la gran oportunidad -luego de ganar- de corregir lo que se ha hecho mal y de hacer lo que no se ha hecho.
Durante el tiempo de elecciones habrá de todo. Para comenzar, intentarán poner trabas a los candidatos de la izquierda, en especial del movimiento de Rafael Correa, UNES. Además, el propio Lasso podría postularse a través de interpuestas personas. Aprovechándose del estado de inseguridad, emergerán falsos outsiders azuzados por las manzanas podridas de la política. Una especie de Milei´s ecuatorianos que vendrán con discursos esquizofrénicos de súper mano dura y cero Estado de Derecho, de represión pura y dura contra los jóvenes y miembros de los estratos socioeconómicos bajos. Detrás de la demagogia por la seguridad no hay más que castigo para los pobres.
Lasso gobernará por decretos que tendrán control previo de constitucionalidad si tienen el carácter de económico-urgente. Sin embargo, el papel complaciente que la Corte Constitucional ha tenido durante los gobiernos de Moreno y Lasso siembra más dudas, particularmente para saber si dejarán pasar cuestiones claves como las contenidas en “disposiciones” que indirectamente también tienen relación con lo tributario, económico, financiero, laboral y penal. En tiempos donde la militarización y “guerra contra el terrorismo” ya fue amparada por decreto presidencial, la Corte no se ha percatado hasta ahora que semejante medida no es más que un Estado de excepción no declarado. Por ello, este tiempo debe ser un período de permanente vigilia ciudadana, al menos en lo jurídico, económico y político.
En tercer lugar, se presenta el debate sobre la figura del articulo 148 de la Constitución ecuatoriana. Desde las diatribas jurídicas la “muerte cruzada” puede ser vista como una fórmula donde la dictadura se encubre de democracia. El perfeccionamiento del “constitucionalismo abusivo” señalado por el profesor estadounidense David Landau, el mismo que estudió en América Latina las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador dejando por fuera la vigente Constitución fujimorista, que bajo el artículo 113 mantiene en zozobra la democracia peruana. La obra de Landau no sólo quedó en ciernes, sino también bajo un marcado sesgo ideológico.
En el caso ecuatoriano, la “muerte cruzada” del artículo 148 puede invocarse bajo determinadas causales. Lasso seleccionó la de “grave crisis política y conmoción interna”. No se trata por ende de dos circunstancias independientes, sino de una causal donde ambas hipótesis deben coexistir. La “y” no es disyuntiva sino copulativa. A pesar de una debida lectura jurídica, el margen de discrecionalidad sigue siendo enorme y no menos arbitrario. Una tarea pendiente para reformar la Constitución, pues simplemente mientras se lleve a cabo el juicio político contra el presidente, éste no debería activar la “muerte cruzada”.
En los hechos, Lasso compareció con toda normalidad ante la Asamblea Nacional para defenderse de los cargos atribuidos en el marco del juicio político. Aunque la “grave crisis política” puede ser valorada subjetivamente, la sustanciación del impeachment se llevó a cabo bajo la estricta observancia de las reglas del procedimiento legislativo. Tampoco hubo “conmoción interna” expresada al menos en las calles mediante barricadas o acciones que hubiesen provocado zozobra nacional. Por tanto, al no haberse configurado de forma fehaciente ambas premisas normativas, el decreto de “muerte cruzada” deviene en indebido.
Simplemente, con el decreto de disolución de la Asamblea Nacional Lasso eludió el juicio político y su resultado. Una decisión-límite que intenta castigar a sus interpelantes y a la oposición política, pero que esconde el verdadero desencuentro del gobierno con la ciudadanía, la cual rechazó de forma contundente el referéndum presidencial a la Constitución.
El incapaz desempeño como presidente de Guillermo Lasso llega a su final por mano propia. Por ende, en Ecuador no hay ningún “presidente fuerte” que la derecha y sus aparatos de propaganda puedan elogiar. En el ambiente se percibe tan sólo una derrota con hedor a ego y capricho banquero. Porque como aquel dictador decadente ante la llegada del Ejército Rojo en los albores de mayo de 1945, Lasso prefirió suicidarse antes de ser capturado y juzgado por su enemigo. Asistimos sin más a la caída de Lasso…
Jorge Vicente Paladines es Profesor de la Universidad Central del Ecuador.
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Fotografía: Rebelión
