Jorge Salazar García.
La inquietante pregunta del encabezado fue hecha por el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé después de haber sido víctima de la Policía Federal Preventiva en la ciudad de México. Durante el calderonato, siendo Procurador Miguel Ángel Mancera y jefe de gobierno Marcelo Ebrard su domicilio fue allanado violentamente. El poeta y su esposa fueron aterrorizados y algunas de sus cosas sustraídas. El relato de su experiencia fue publicado en El Universal el mismo día de los hechos, (11/08/2011)*. Por supuesto, no hubo castigo para los responsables del allanamiento y saqueo de su domicilio. Sus derechos humanos fundamentales (seguridad, integridad de su persona, libertad), fueron transgredidos por quien estaba legalmente obligado a protegerlos: el Estado. Todo quedó en la impunidad.
“El sendero de la ley está hecho a imagen y semejanza de los poderosos, porque ¡ellos la hicieron!”**
Probablemente algunos piensen que esos abusos cometidos por el Estado quedaron en el pasado; pero no es así, lamentablemente. El problema de fondo es la corrupción que sigue manifestándose de una manera brutal sobre los sectores más vulnerables víctimas de las autoridades de todos los niveles de gobierno coludidas con el poder económico que le ha arrebatado al Estado el monopolio de la ley. Paradójicamente el mal se extiende como metástasis en este régimen que empezó en serio combatiéndola. AMLO multiplicó la enfermedad podando ramitas contaminadas y perdonando árboles podridos. La colusión de funcionarios y crimen organizado ha convertido al Estado en una terrorífica máquina de extorsión legalizada; en un Leviatán de Hobbes cebado en devorar al ciudadano común, como usted y como yo.
Los datos al respecto revelan que el grado de impunidad es casi total pues más del 90% de crímenes denunciados son archivados sin resolver. El mismo estudio realizado por “México Evalúa” (2018), señaló que a Veracruz correspondía la medalla de oro con el 99% de impunidad. La “mafia del poder” dejó células podridas en todas partes. Cualquier institución, rascando un poco, apesta y supura, sobre todo el poder judicial. ¿Por qué? Una explicación sería el perdón otorgado a los expresidentes. Pues ahora sus secuaces, incrustados en las instituciones, saben que se pueden limpiar el trasero con la ley, pues difícilmente habrá consecuencias oficiales por ello.
Y si las hay, serán mínimas, leves o aterciopeladas. Trágicamente, la institucionalización de MORENA (convirtiéndose en partido) anuló la oportunidad histórica de limpiar las estructuras gubernamentales de arriba hacia abajo y de eliminar privilegios ofensivos de la clase política. Así lo percibe buena parte de los 30 millones de mexicanos que votaron por AMLO esperando se terminara con la corrupción, la injusticia y el abuso del poderoso sobre el gobernado. El México que Luis Donaldo Colosio percibiera “con hambre y sed de Justicia”, a 13 meses de que concluya el sexenio del “cambio”, se hace presente, cada vez con más fuerza a lo largo del territorio nacional.
Volviendo al asunto de la impartición de justicia y/o denuncias que involucran a servidores públicos. Aquellos quienes se atreven a demandar acción, denunciando maltratos, extorsión o abusos de autoridad generalmente son re-victimizadas de tantas maneras diferentes como funcionarios déspotas, ineficientes, prepotentes les atienden, desde la judicatura, asuntos internos y Derechos Humanos. La mayoría no se atreve ni siquiera a quejarse porque peor le va.
Claro, el poseedor de dinero o poder difícilmente será objeto de tales abusos y arbitrariedades: porque le temen o es miembro de alguna hermandad delictiva. Los abusos los padecen, generalmente, quienes tienen algún patrimonio (auto casa, motos, changarrito, pequeño negocio, terreno, etcétera) del cual puedan ser despojados con el auxilio de fiscales, peritos, jueces, mandos policiacos, notarios, concesionarios, a quienes, por supuesto, reparten su tajada. Esos alfiles que aportan cuotas al de más arriba, por regla general, si son descubiertos, no son encarcelados. Y si lo son, pactado su silencio, les aplican la ley con criterios benéficos. Ya indiciados dispondrán de privilegios especiales (reclusión en celdas de lujo, domicilio, clínica, o vivir en libertad bajo vigilancia) en espera les sea restituidos sus bienes, si le fueron confiscados. Desde el inicio de su proceso, en algunos casos, se les integrará un expediente “a modo” para que el procesado pueda “negociar” su liberación, exculpación y rehabilitación futura. Ese es el trato que reciben los delincuentes de cuello blanco. ¿Y los jodidos?
Para ellos, los procesos serán un verdadero infierno. Mientras son engullidos por el engranaje institucional por reclamar justicia, padecerán el purgatorio aún sin haber pecado. Absurdos trámites, burdas trampas, amenazas veladas, tácticas dilatorias, eternas esperas, directas extorsiones y decenas de triquiñuelas le triturarán la paciencia hasta exprimir sus bolsillos. Eso si no enferma antes, golpean o desaparecen.
Esto de la impunidad no lo dijo un antilopezobradorista, fue expresado por el Fiscal Alejandro Hertz Manero quién con pelos y señales dibujó un país donde, de los 36 millones de delitos denunciados anualmente, el 99 % queda impune. No es necesario imaginar las consecuencias de esta atrocidad, con ver a nuestro alrededor nos percatamos de esa deprimente realidad. ¿Quién no ha sido objeto de algún abuso de autoridad por acción u omisión? ¿Quién no se ha condolido al ver el rostro de dolor y sufrimiento de los familiares de los cientos de miles de ejecutados, secuestrados, desaparecidos o asesinados en masa?
Por donde se vea, el asunto es gravísimo. ¿Cómo puede justificarse que a punto de concluir el sexenio de la esperanza ningún gobernador o presidente municipal haya realizado una limpieza a fondo en sus cuerpos policiacos? La expresión “ya me chingo este Güey” no debiera ser normal en cuanto vemos a un uniformado hacernos señas u obligarnos a “orillarnos a la orilla” o, a un funcionario decir peyorativamente “le puedo ayudar”. Debería darnos gusto, tranquilidad y seguridad verlos, en lugar de miedo o terror, como el caso de fiscales empistolados. Siempre vale la aclaración: hay elementos que quieren actuar con dignidad, pero el ofrecimiento de plata, plomo, cárcel o despido los dejan sin opción y entran al juego. Pues desde la escuela saben que “sólo la transgresión de la ley es la vía para el éxito. Los otros caminos están cercados por los de arriba”**.
Por lo pronto el enojo y la frustración de los ciudadanos derivados de la impotencia frente al poder abusivo oficial se extiende silenciosamente. Tarde o temprano esa condición de orfandad e indefensión impuesta por un Estado omiso o cínicamente criminal hará explotar la rabia contenida. Si el gobierno falla en su deber de proteger la vida y asegurar el patrimonio del ciudadano que lo mantiene, no tiene razón de ser. Por esa causa debiera ser sustituido por la organización y la solidaridad entre iguales para evitar seguir siendo víctimas propiciatorias de ese funcionar gansteril.
Ya no hay duda: la 4T deja intacta la esencia del sistema neoliberal. Incluso, le está suministrando respiración de boca a boca revitalizándolo con retoques de humanismo y algunos charquitos de honestidad. Su prioridad es mantener estables las variables económicas y contento al capital. El trabajador y clase media: migajas y si no les gusta ¡que se jodan! o que esperen otros cien años.
Para terminar este artículo ofrezco una propuesta tomada de la poesía del grandioso poeta citado: se debería obligar a los funcionarios públicos leer poesía durante sus cursos de capacitación, porque en un descuido pudiera suceder que “redescubran su alma o descubran que tienen una”.
¿De verdad estamos tan solos?
*poesia.com/2011/08/%C2%BFde-verdad-estamos-tan-solos-de-bartolome/ **https://insurgenciamagisterial.com/peso-pluma-en-la-escuela-y-ahora-que-hacemos/?swcfpc=1
