Por: Joel Aleman. FOSDEH. 18/11/2020
El ilusionismo, popularmente denominado magia, es un arte escénico, subjetivo, narrativo y espectáculo de habilidad e ingenio, que consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce. Estos efectos (desapariciones, transformaciones, uniones, etc.), que fingidamente hacen parecer realidad lo imposible, se conocen como juegos de manos, ilusiones y como trucos de magia. También, se puede agregar, se les conoce como propaganda o manipulación informativa, política, ideológica, comercial y económica.
Dentro de la magia caben diversas especialidades: fantasistas, prestidigitadores, mentalistas, escamoteadores, políticos, burócratas, inversionistas y reyes de la evasión fiscal que protegen sus trucos con el compromiso del secreto institucional.
En esta investigación, el FOSDEH hace alusión al “ilusionismo económico”, entendido como una estrategia que tiene como objetivo central la aprobación de políticas económicas y sociales que venden una cosa y terminan generando otra, muy distante de los objetivos anunciados. En particular centra su interés en el apartado del sistema tributario relacionado con el “gasto tributario”, definido como una transferencia de recursos públicos llevada a cabo mediante la reducción de las obligaciones tributarias con respecto a un impuesto de referencia, en este caso un conjunto de impuestos para “financiar” la inversión extranjera, con socios locales, en áreas productivas claves.
El “extractivismo”, como modelo de política de Estado en torno a la explotación de los recursos naturales no renovables y como objetivo central de las concesiones tributarias, encaja muy bien en lo que el FOSDEH entiende como “ilusionismo económico”.
A partir del inicio formal en 1990 de la política de modernización de país, se constata una continuidad de un patrón productivo primario exportador que promueve, por ejemplo, la desposesión de territorios indígenas, campesinos y comunitarios para favorecer proyectos – transnacionales y de élites financieras locales- de minería, represas hidroeléctricas y turismo. A cambio, como ilusionistas, prometen empleos, inversión social, infraestructura y obras públicas.
Esas políticas generan muchas consecuencias, entre ellas el desplazamiento interno forzado de miles de familias, obligadas a abandonar sus patrimonios y lugares de origen, sin que haya soluciones a corto o mediano plazo al reclamo de sus derechos.
Es por ello por lo que las políticas extractivistas son acompañadas de prácticas institucionales de coerción, intimidación e impunidad ante las protestas indígenas y campesinas. Los extremos de violencia a los que se puede llegar no tienen límites, como lo prueba el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña.
Relacionados como los procesos de extracción, hay que sumar otro “ilusionismo”, el de las políticas de exención fiscal que “sustraen” recursos fiscales públicos para favorecer a inversionistas privados.
Datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas reflejan que el gasto tributario pasó de representar L. 37,000 millones en 2017 a L. 46,128 millones en 2020 a una tasa de crecimiento igual a 27.37% y con un equivalente sobre el Presupuesto General de la República 2020 de 16.3%. En otras palabras, el Estado de Honduras deja de invertir a través del gasto público unos L. 46,128 millones porque renuncia a obtenerlos y, en cambio, el beneficio asumido por los inversionistas no se traduce en más y mejores salarios para la mayoría de la población.
En conjunto, la vigencia en los últimos 30 años del modelo económico extractivista ha demandado de los gobiernos asumir las siguientes decisiones: a) desconocer sus responsabilidades constitucionales para proteger y conservar los recursos naturales estratégicos del país; b) el retiro del Estado de las actividades económicas que puedan otorgar beneficios a grupos corporativos empresariales; c) la desprotección legal de la fuerza de trabajo y su sometimiento a la ley de la oferta y la demanda sin velar por la dignidad humana de los trabajadores; d) la liberalización fiscal y financiera del país, acorde con la apertura al mercado internacional; y, e) el desentendimiento del Estado de los problemas de la desigualdad social mediante la eliminación de subsidios y de las instituciones de seguridad social
¿Cuál es el resultado de ese enfoque? Honduras desde el 2017 hasta finales de 2019 presenta menores tasas de crecimiento económico, disminuciones significativas en los flujos de inversión extranjera directa y un incremento considerable en los índices de subempleo visible e invisible; indicadores que al pasar del tiempo desprotegían al Estado para enfrentar coyunturas de recesión internacional o el estallido interno de crisis sociales.
En el contexto de una política fiscal regresiva que afecta en mayor proporción a los grupos más vulnerables del país, la situación nacional se agrava con la aparición de la pandemia del coronavirus, con un devastador impacto económico y social para el país.
La pandemia del COVID-19 ha expuesto la precariedad del sistema de salud, de la gestión económica y social del Estado y del propio modelo económico vigente. Claro no es que esa precariedad fuese desconocida, el punto es que el virus la desnudó por completo.
De hecho, el COVID19, no es la única pandemia que enfrenta Honduras. Información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que para inicios del 2020 Paraguay y Honduras encabezaban el brote de dengue de la región latinoamericana. Honduras sumó en 2019 más de 112 mil contagios por dengue y 180 muertes. Otra pandemia, a la que esta investigación hace referencia, es la de las exenciones y/o exoneraciones fiscales. Oficialmente, al mes de agosto de 2019 estaban inscritos en el Registro de Exonerados 3,705 personas naturales y jurídicas.[1]
Otra pandemia con historial interconectado y considerada para muchos sectores como la más grave en el país, es la Corrupción e Impunidad. Los 13 informes hasta los primeros días de octubre del 2020 presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción CNA, junto con el hallazgo central de la investigación conjunta CNA-FOSDEH de febrero 2020 (Impacto de la Corrupción en Honduras) se demuestra claramente que ya está programada-estructurada la corrupción de los próximos 30 años.
En síntesis, las consecuencias económicas para finales de 2020 y sus repercusiones sociales y sanitarias no son exclusivas del COVID19, sino que son consecuencias de desaciertos de la política económica oficial agravados durante la última década. El punto es que, si el país ya estaba mal, lo que se anticipa es que va a peor. Las previsiones de fin año son, en su mayoría, hacía la baja, referidas principalmente a un crecimiento económico negativo entre -7 y -8 %, incremento del déficit fiscal, superior al 10% del PIB, aumento del endeudamiento público de hasta un 62% del PIB, y un desempleo que, en el mejor de los casos, suma 569,105 personas y en una crisis de largo plazo alcanzaría el histórico de 1,118,312 hondureños desempleados explicado por el cierre de grandes y pequeñas empresas, contracción de las exportaciones y el flujo de remesas.
En ese contexto, si bien la calidad y rentabilidad de los sectores económicos son fundamentales para la implementación de incentivos y beneficios, estos deben ir acompañados por un análisis económico de costo-beneficio que los valore en su justa dimensión. En ese aspecto, este documento se espera contribuya a que la ciudadanía en general y los tomadores de decisión en particular adviertan que las decisiones fiscales deben adoptarse en beneficio de la sociedad en su conjunto y no de grupos corporativos nacionales e internacionales que básicamente persiguen un lucro a cambio de nada.
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[1] GASTO TRIBUTARIO 2018 Y PERSPECTIVAS 2019-2020, Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas con el apoyo del Servicio de Administración de Rentas y la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras.
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Fotografía: Revista Summa.
