Por: Leonardo Kourchenko. El Financiero. 17/12/2016
El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, representa la expresión más oscura, desviada y cínica del sistema político mexicano.
No solamente comprometió con deuda pública al estado de Coahuila por muchos años (37 mil millones de pesos), sino que lo hizo de forma ilegal.
Está ampliamente documentado que se cometieron delitos, falsificaciones, violaciones al proceso financiero y también al Legislativo local para la obtención ilícita de tales créditos.
Moreira dejó la gubernatura de su estado antes de concluir su mandato (en manos de su hermano, como en Cuba) para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Eran los meses previos a las elecciones presidenciales de 2012 y Moreira llegaba flamante, innovador, dicharachero y bailarín a cautivar con un liderazgo que contaba formalmente con el respaldo del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Recordemos que Beatriz Paredes, la líder nacional priista anterior, concluyó un periodo importante al frente del PRI porque evitó la fractura, consiguió mantener cohesión al interior del partido y equilibrar los impulsos de Beltrones, contra la joven y arrasadora figura del gobernador mexiquense. Beatriz no se alineó formalmente con ninguno –dicen–, aunque generacionalmente empataba más con Beltrones y su equipo. De cualquier forma, entregó un partido en ruta directa a la recuperación de Los Pinos, como finalmente sucedió en julio de 2012.
Apenas unos tres meses antes de la elección, estalló el escándalo del endeudamiento exorbitante de Moreira, y de sus mecanismos falaces e ilegales para conseguirlo. El equipo del entonces candidato Peña Nieto, en plena ruta hacia la victoria, sopesó la permanencia perjudicial de Moreira al frente del PRI y lo retiró. El discurso de un PRI nuevo, rejuvenecido, revitalizado, que había aprendido de sus errores y excesos del pasado, resultaba incongruente con un exgobernador que apenas “la semana pasada” había dejado un rastro de abusos, delitos y desvío inexplicable de fondos y recursos.
Para muchos cercanos a los círculos del poder, la administración saliente de Calderón pactó con la entrante de Peña Nieto una serie de condiciones y elementos de gobernabilidad que harían factible y viable el posterior Pacto por México. Entre esas condiciones estaba la no persecución de funcionarios federales por sus acciones en la lucha contra el narcotráfico. A cambio el PRI exigió, con toda probabilidad, la inexplicable carta de ‘no antecedentes penales’ o ‘delitos a perseguir’ que la PGR de Calderón le extendió a Moreira. Sólo se explica que lo exonerara una administración panista con la aplastante evidencia de desfalco y endeudamiento ilegal, a cambio de algo relevante.
El caso es que Moreira quedó sin causa, expediente o investigación en su contra. Idos los panistas, no sería el nuevo gobierno de Peña quien haría un acto de investigación y limpieza. Lo dejaron pasar, unos como otros. Su castigo consistió en la marginación del primer círculo del poder. Nada en el gobierno, nada en las embajadas o consulados (como sí les dieron a otros impresentables como Fidel Herrera o Juan Sabines), Moreira se refugió en una vida tranquila y solaz en España a donde, dijo, iba a estudiar.
Desde allá maquinó su regreso, su reinvención en la política de su estado. Distanciado de Rubén su hermano, su sucesor en el gobierno del estado, golpeado por la tragedia del asesinato de su hijo, Humberto ha seguido manteniendo contacto con grupos y seguidores en Saltillo. Al grado de que cuando fue detenido en España por transferencias inexplicables y manejos de dineros de origen oscuro, decidió regresar para buscar el fuero una vez más.
El gran temor de todos los políticos –del partido y color que sea– consiste en asegurar una sucesión que garantice su protección y la de su familia. Llegue quien llegue, que no investigue y abra expedientes que pudiera inculpar a gobernadores y funcionarios. Humberto Moreira sabe que algunos de sus colaboradores han sido detenidos, más de uno incluso en Estados Unidos en busca de los rastros del dinero, las transferencias, las cuentas, propiedades, etcétera.
Hoy Moreira está decidido a regresar a la vida política en Coahuila.
Buscará, parece un hecho, la presidencia municipal de Saltillo, donde
–hay que decirlo– aún goza de respaldo y seguidores por los muchos millones que repartió siendo gobernador.
No se ve desde la PGR, el gobierno federal o incluso el PRI ‘honesto’ de Enrique Ochoa, interés alguno en impedir tal despropósito. Cuando mucho, disimularán una candidatura independiente apoyada discretamente por el partido con recursos y con un candidato de segunda para facilitar el triunfo y evitar el descrédito, si eso fuera posible.
Humberto Moreira es inelegible a ese cargo y a cualquier otro en el servicio público mexicano. Su récord, su trayectoria, sus acciones ilícitas como gobernador, la irresponsable deuda en que dejó a los coahuilenses, debieran ser motivos suficientes para que ser enjuiciado y consignado.
Si la justicia, sometida a la voluntad política no actúa, por lo menos que el INE, los partidos o finalmente los ciudadanos de Saltillo, lo impidan.
Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/humberto-moreira-inelegible.html
Fotografía: am
