Por: REMA. 02/08/2022
Sin que mediara un proyecto de verificación, monitoreo y cumplimiento de las condicionantes establecidas en la Resolución de Impacto Ambiental emitida en 2017 para la instalación y operación del relleno municipal de Tlaltenango, Zacatecas, que fue oficialmente inaugurado en junio de 2019, rápidamente sobrevino un efecto adverso al territorio y de perjuicio a la salud en nuestra comunidad indígena de Cicacalco, mismo que fue denunciado desde agosto de 2019 ante las autoridades competentes.
En un conflicto largamente administrado por las autoridades y que partió de la mala ejecución y la peor operación del basurero municipal de Tlaltenango, hoy, como antes, nos topamos con la ineficiencia, la complicidad, la irresponsabilidad y la desfachatez de autoridades y dependencias, de los tres niveles de gobierno, a quienes no les importa el tema ambiental, ni cumplir de forma decente y honesta con sus funciones como servidores públicos.
Afirmamos lo anterior porque, aparte de otros puntos ampliamente documentados, en el convenio de fecha 14 de julio del presente año, celebrado en la ciudad de Zacatecas para llevar a cabo los trabajos de Clausura definitiva y remediación del mal llamado relleno sanitario ubicado en nuestra comunidad indígena de Cicacalco, se acordaron acciones que a la fecha no se han ejecutado. En consecuencia, la contaminación de aguas y tierras sigue generándose. En la firma del convenio participaron, entre otras autoridades, Gabriela Evangelina Pinedo Morales como Secretaria General de Gobierno, Susana Rodríguez Márquez como Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Yves Eduardo Gonzáles Villa como Director de Contacto Ciudadano de SEMARNAT, José Luis González Orozco subdelegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores encargada de despacho de PROFEPA Zacatecas, Salvador Arellano Anaya Presidente Municipal de Tlaltenango, el jurídico de gobierno del Estado, así como representantes de nuestra comunidad.
Dicho convenio presuroso y apresurado en su origen, dejó de lado muchas de las complejidades del problema: los tiempos de respuesta de las dependencias, las omisiones por parte de las mismas, la revisión administrativa del caso, la transparencia y rendición de cuentas. Pero, sobre todo, la aplicación de “medidas de urgente aplicación” que en cuanto se firmó, dejaron de ser urgentes. Sin una argumentación clara y con muchos huecos y recovecos, pero mostrado como un paso decisivo para la resolución de la problemática, el convenio solo sirvió para justificarse, mostrarle avances a sus jefes y dejarlo en el olvido. Estamos estancados en los puntos que no se han realizado a más de un mes de firmado el tan pomposo convenio, el cual, denunciamos se ha incumplido por parte de las autoridades, a quienes no les interesa solucionar de fondo la contaminación que se ha estado suscitando desde ya más de 3 años. A la fecha, las autoridades no han explicado el por qué no han dado seguimiento, dado que la información sigue sin fluir hacia nosotros, aun cuando hemos solicitado por medio de oficios al municipio, y a las autoridades tanto estatal como federal. Simplemente no dan respuesta a nuestras solicitudes.
Ante un problema generado por la administración municipal 2016-2021, y continuado por otra, con el beneplácito de las dependencias y autoridades en materia ambiental, la falta de compromiso y seriedad por parte de ellos prevalece. A la fecha y ante hechos tan evidentes, no tendría que haber un recurso de amparo interpuesto por Salvador Arellano, presidente municipal de Tlaltenango, por la decisión de la PROFEPA de clausura del inmueble. Ni tampoco demandar jurídicamente a tres compañeros de la comunidad por el solo hecho de defender sus derechos, atropellados por el poder y la autoridad de gobiernos municipales incapaces. Peor aún, Salvador Arellano Anaya sigue jugando con promesas para someter a votación de cabildo el desistimiento del ayuntamiento de ambas situaciones, sin que esto se concrete. En resumen, la obra del mejor relleno sanitario de Zacatecas, resultó ser solo un engaño, una estafa y una infracción real al derecho de los habitantes de Cicacalco a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la auto determinación.
Comunidad Indígena de Cicacalco, Zacatecas.—
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