Por: Javier Suazo. Alai. 21/07/2018
El llamado monetarismo neoliberal, que atribuye las causas del déficit fiscal y la inflación al exceso de gasto en la economía, celebra cuando la tasa de crecimiento del PIB real anual iguala o sitúa por encima del crecimiento del promedio latinoamericano y mundial; lo que se explica por la vigencia de una política contractiva con sesgo recesivo que, en teoría, permite estabilidad económica, liberar recursos para la inversión productiva y atraer inversión extranjera.
En el caso de Honduras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de gobierno celebran el logro de un objetivo de política: Crecer a 4.75% en 2017, un crecimiento mayor al promedio latinoamericano. Estos aplausos para el FMI son válidos, aun cuando el crecimiento se concentró en el sector servicios (financieros) remesas, maquila, comercio y construcción, siendo bajo el crecimiento de sectores productivos como el agroalimentario, industrial y forestal.
Según el FMI, los aplausos son más que merecidos para el gobierno ya que ha seguido al pie de la letra sus recomendaciones, principalmente aquellas orientadas a bajar el déficit fiscal y la inflación, como también los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y la privatización de empresas como la ENEE, Hondutel, Portuaria; habla muy poco del aumento del desempleo e inseguridad alimentaria.
La alegría que dan los aplausos del FMI se acompaña de la celebración por parte de los diputados del Congreso de la República, que rescataron 400 millones de lempiras de un fondo departamental que había sido asignado al poder Ejecutivo al demostrarse un uso indebido de los mismos por diputados de los principales partidos políticos, incluyendo diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Se acusó a varios diputados de hacer piñata, una practica tradicional, con estos fondos, pidiendo la MACCIH y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cárcel para los corruptos, lo cual no se logró.
El gobierno mediante Memorándum DM-103-2018 del 31 de enero de 2018 de la Presidencia de la Republica, pidió la cancelación de dicho Fondo mientras no se audite y complete el procedimiento y reglamento de gestión de los mismos; pero la resolución del Congreso de la Republica, dejó sin valor ni efecto dicho memorándum.
Se hizo público además la malversación de fondos del presupuesto nacional por dirigentes de partidos políticos y funcionarios de gobierno, que en forma arbitraria y violando todas las leyes y normas presupuestarias, desviaron recursos a proyectos y bolsillos privados. Esta operación, denominada “Pandora”, es contentiva de más de 282 millones de lempiras desviados, pero que todavía no hay ningún político y funcionario público en la cárcel. Una parte de los fondos sirvió para financiar la campaña política de los partidos tradicionales (Liberal y Nacional), y la compra de conciencias.
De acuerdo al diputado Jari Dixon del partido LIBRE, en el caso de los 400 millones de lempiras del fondo departamental asignados a diputados, 200 millones servirán para cubrir los aumentos de salarios recién aprobados y el resto para seguir con la practica de subsidios, o sea entregados a los diputados para que soluciones (ayuden) los problemas que enfrentan los pobladores que los eligieron y que, tal como se demostró, no existen garantías de un uso transparente.
El gobierno de Honduras se apresta a negociar un nuevo convenio con el FMI, orientado a continuar y profundizar las reformas fiscales (aumento de cargas tributarias para pagar deuda externa y eliminación de exoneraciones) y mantener el programa de transferencias monetarias condicionadas para contribuir a reducir la pobreza, pero, sobre todo, mayor flexibilidad de la política monetaria (menores requerimientos para entregar divisas al BCH) y aprobación de una nueva Ley del Banco Central que lo focalice en lograr el objetivo de estabilidad de precios, no en contribuir al logro de objetivos de desarrollo real. Igual, resolver el problema financiero de la ENEE, cuya solución pasa por ajustar en forma sostenida las tarifas, optimizando además el tamaño de la masa salarial (despidos) del sector público.
El FMI reconoce los logros en la lucha contra la corrupción (¿cuáles logros?), donde se ha recibido apoyo financiero de agencias internacionales. Y es aquí donde se cuestiona que sus comunicados utilizan las páginas de los periódicos y reportes de las instituciones de gobierno responsables del combate de la corrupción, donde se denuncia que se malversaron fondos públicos, pero no se castiga a los culpables; es más, se lleva a los tribunales a los “presuntos” culpables, pero la percepción de la población es que saldrán libre y no serán castigados. Una especie de circo, donde se sabe cuál será el resultado, pero los dueños del espectáculo tratan de vender y mostrar lo contrario de lo que piensan los espectadores o población.
En un país donde la deuda externa cubre más del 50% del PIB, y la presión del FMI por el pago de su servicio se permanente, los costos de este ajuste recaen cada vez más en los bolsillos del pueblo, ya que la lucha contra la corrupción no es efectiva en número de políticos y funcionarios presos, bienes y dinero recuperado y tarifas de servicios públicos óptimas o justas, sin el lastre de la ineficiencia y politización de las empresas.
A lo mejor el FMI en conjunto con prestigiados centros de análisis e investigación en el país, como el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), diseñan una especie de condicionalidad donde el desembolso de recursos este sujeto a metas de resultados en materia de transparencia y corrupción; caso contrario, el FMI seguirá celebrando los resultados del ajuste económico y los funcionarios y diputados la piñata de fondos públicos.
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Fotografía: La Tribuna
