Por: Diana Manzo. 12/12/2024
Silvia Pérez, defensora zapoteca de los derechos de las mujeres denunció que por su labor ha sido desplazada, y ahora, su vida corre peligro, pues un empleado del INPI la amenaza. El Mecanismo de Protección a defensores no ha respondido sus llamados
OAXACA. – “Estoy segura que quieren matarme y no me creen” repitió al menos cinco ocasiones durante la entrevista Silvia Pérez Yescas, defensora zapoteca de los derechos de las mujeres y directora de la Asociación Civil “Mujeres Indigenas por Ciarena”, quién vive desplazada desde el pasado mayo, sin que el Mecanismo de Protección para personas defensoras le salvaguarde su integridad como debería de ser.
Su respiración aumenta mientras relata lo que ha vivido, y no es para menos. Silvia es una de las defensoras indígenas de Oaxaca con mayor antigüedad, y no quiere que la asesinen. Por eso, denuncia y alerta que su vida corre peligro.
Funcionario del INPI implicado
La mujer, madre de seis hijos y defensora de las mujeres indígenas de 65 años, se adelantó a sus tiempos y comenzó a defender a las mujeres desde hace medio siglo- 50 años- cuando casi nadie lo hacía, en la zona del Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papalopan , y por su labor, ahora está en riesgo y teme por su vida.
“Tengo miedo de morir, me convertí en defensora porque estoy en contra de los abusadores, violentadores, y ahora por ejercer mi trabajo, quieren desaparecerme, y eso es una sensación muy desagradable, vivo con una preocupación constante, no es normal, y el estado debe garantizarme protección, pero no lo hace”, dice .
Quién la violenta tiene nombre y apellido, pero ella no dice su nombre, por miedo y únicamente señala que se trata de un empleado sindicalizado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la zona de María Lombardo, Oaxaca.
Hay carpetas de investigación con nombre y apellido de su agresor, la Fiscalía de Oaxaca, las instancias de Derechos Humanos y en el Mecanismo de Protección, adscritos a la Secretaria de Gobernación.
“Me quitaron la casa refugio porque dicen que mi caso no es grave. Me han amenazado en diversas ocasiones, me han agredido, criminalizado y amenazado de muerte en la zona de María Lombardo de Caso, por parte de un trabajador sindicalizado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Él alega y presume que es un hombre poderoso”, señala.
Toma un respiro y continúa narrando la violencia, criminalización e intentos de feminicidio por ejercer su labor como defensora, y aún más por ser indígena, pues cree, que hay un desdén de las autoridades en acceder a una justicia.
Acompañar a las víctimas
En la zona norte del Istmo, Silvia y quienes integran Ciarena han acompañado un sinfín de mujeres víctimas de violencia familiar y además, la violencia sexual a niñas y adolescentes es una constante.
“Acá hay mucho machismo, y eso no les gusta a los hombres del poder, se ejerce mucho la violencia contra las mujeres y eso no le gustó a los ganaderos y productores de la zona, que fácilmente con su poder creen intimidarnos y someternos, pero no han podido”, asegura.
Desde el 2012 comenzó la violencia en su contra, le llamaron “vieja revoltosa” por denunciar cobros excesivos y “moches” a beneficiarias de apoyos otorgados del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) de la entonces Comisión para el Desarrollo Indígena (CDI) – hoy INPI-, y posteriormente en febrero, junio y octubre del 2023, junio donde las amenazas, criminalizaciones y violencia en contra su persona y hogar, así como las oficinas creció aún más.
Y “la gota que derramó el vaso” señala la activista fue en mayo del 2024, cuando dos trabajadores de la empresa RCU- encargada de la seguridad del Mecanismo- llegaron a instalar dos paneles solares a la oficina de Ciarena A.C. por los constantes apagones de energía eléctrica, y al salir de la comunidad en su camioneta para ir a comprar alimentos, hombres armados en otra camioneta los interceptaron, y quien manejaba los cuestionó, y ellos al mencionar el nombre de “Silvia Pérez”, se llevaron de rehén a uno de ellos, agrediéndolo y posteriormente lo llevaron con el funcionario del INPI, quien ordenó para liberarlo un pago de 15 mil pesos y su camioneta.
Esta acción violenta, llevó a Silvia a salirse de la comunidad y desplazarse, y a pesar de todas estas violencias, el Mecanismo y sus integrantes aseguran que “su vida no corre peligro”, a lo que la defensora rechaza y exige que la protejan, porque no quiere ser una cifra más de impunidad.
Vivir fuera del territorio
Vivir un desplazamiento, asegura, le ha costado separarse de lo que más ama: “Su familia y su activismo”, y a cambio vive con miedo de que en cualquier momento la maten.
“Esta violencia me obliga a desplazarme, por qué dije, si me quedó, me matarán, y no quiero eso. Mi trabajo ha sido defender a las mujeres, no que me maten por hacerlo. Por eso exijo una protección integral, si no me la da el estado mexicano, que lo haga mi estado en Oaxaca, hago un llamado a las autoridades”, explica.
Pero además de todo su miedo y desesperación, el impacto socioemocional y mental ya causaron estragos en la activista, por lo que con urgencia solicitó ayuda al estado mexicano y de Oaxaca para que le brinden protección y le garanticen su vida.
“Yo ya no sé qué hacer, o con quién hablar, rechazó categóricamente que me digan que no corro peligro, cuando vivo desplazada, no puedo llegar a María Lombardo, de hacerlo sería mi crimen o desaparición ”, concluye.
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Esta nota fue publicada originalmente en ISTMO PRESS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.
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Fotografía: zona docs. Istmo Press
