Por: Gonzalo Barreno Hernández. pressenza. 28/04/2020
Reflexiones sobre el momento en educación, en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid_19 en Ecuador.
Una de las consecuencias de la crisis económica pos pandemia será la imposibilidad que tendrán muchas familias, para continuar el financiamiento de una educación particular para sus hijos e hijas y, consecuentemente, buscarán en la educación fiscal una salida que les permita cumplir con la educación de éstos.
Aún es temprano para dimensionar el número de cupos que serán necesarios prever en cada uno de los niveles de los servicios escolares. Sin embargo, un análisis que tome en referencia los incrementos históricos de matrícula -en los últimos 10 años- en la educación fiscal podría sostener un primer elemento de consideración. A aquello habría que agregar un serio estudio de las implicaciones del crecimiento de desempleados, de quienes verán reducidas sus jornadas laborales y por consiguiente sus salarios, y de quienes estén envueltos en quiebras empresariales y en procesos crónicos de endeudamiento. La reducción de las capacidades económicas de las familias cuantificada en indicadores como los anteriores y otros, permitirá proyectar un porcentaje de población con potencial de cambio de la educación particular a la fiscal.
Posiblemente, a estas mismas alturas, los establecimientos del ciclo Costa ya estén recibiendo presiones para incrementar matrícula en las aulas. Y de seguro, lo harán en el ciclo Sierra, una vez que se tengan evidencias y resultados concretos de los arrastres de la crisis.
Probablemente, uno de los servicios de mayor demanda sea Educación inicial, dado que una gran mayoría de hogares de clase media ha venido ocupando los denominados centros infantiles, especialmente en las ciudades. De hecho, desde la creación de este nivel por efecto de la LOEI, la demanda ha sido siempre ascendente. Quizá la EGB también comparta las nuevas demandas, dado el hecho que las familias prefieren que sus hijos e hijas sigan todos los cursos y ciclos en un mismo plantel, y saben que los cambios en el nivel de bachillerato reportan mayores complejidades.
Pero, también, las familias que tienen actualmente a hijos e hijas estudiando en planteles fiscales podrían presionar por nuevos cupos en determinados establecimientos. Se trata de familias que optaron porque sus hijos estudiaran en lugares distantes de sus domicilios, no obstante, el proceso de zonificación u ordenamiento territorial, bajo el criterio justificador de acceder a mejor educación y que exigió pagos de movilización, alimentación y hasta vivienda.
La cuestión que plantea esta realidad es cómo va a responder el Ministerio de Educación y las instituciones territoriales, en procura de sostener una respuesta apropiada para afrontar la crisis.
- Dimensionar la evolución de la crisis y proyectar el potencial incremento de matrícula por niveles y ciclos.
- Determinar los costos de implementar ampliación de los servicios, en términos de talento humano (docentes, consejeros escolares, técnicos), infraestructura y equipamiento.
- Profundizar la política de eliminación de barreras para el acceso y que consiste en la dotación de uniformes, textos y colación. Acaso, por el asedio de la crisis haya que revisar la opción de almuerzo escolar, actualmente suprimida.
Un problema aparte constituye las acciones de previsión para evitar que algunas familias dejen de enviar a sus hijos a los establecimientos educativos por razones económicas. Históricamente cuando se han presentado crisis parecidas o menores, muchas familias han decidido no enviar a sus hijos a los centros escolares, como una alternativa para incrementar las manos en el trabajo productivo del hogar, especialmente en el campo.
Por ahora no se enfocan los temas de calidad, dado el entendido que la prioridad de la educación, en cuanto sector social, ha de desarrollar todas las iniciativas para hacer frente a demandas emergentes y necesarias para morigerar el profundo impacto de la crisis en la sociedad ecuatoriana.
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Fotografía: pressenza.
