Por: Fabián Inostroza. IBEROAMÉRICA SOCIAL. 28/04/2020
¿Por qué el gobierno de Chile pretende que el alumnado y profesorado regrese a las aulas?
El pasado domingo 19 de abril, el presidente de Chile, el Sr. Sebastián Piñera en cadena nacional, anunció que las clases presenciales serían retomadas durante el mes de mayo de manera gradual, bajo ciertas condiciones específicas: no más de 20 niños por aula, distanciamiento entre educandos, uso de mascarilla obligatoria, entre otras. Adicionalmente, el Sr. Piñera manifestó que las escuelas emplazadas en sectores rurales serían las primeras en las que se volverían a dictar clases.
Este anunció causó la preocupación y la expectación por parte de apoderados y profesores, quienes consideran que es demasiado pronto para regresar a las clases presenciales, dado que la autoridad no ha explicado por una parte, la PRISA del por qué el profesorado y los niños deberían regresar a las aulas y por otra parte, no existe evidencia empírica suficiente y necesaria que proporcione seguridad respecto a si estas medidas impedirían el contagio y eventual muerte de niños, jóvenes y profesores al estar en contacto cercano y en condiciones materiales precarias (presentes en el 80% de las escuelas).
Ahora, considerando que la política educativa durante la Pandemia en Chile ha sido errática y en momentos irresponsable con los actores educativos, si es que las clases presenciales se retomarán en el mes de mayo, lo más probable es que se estaría exponiendo a los niños, jóvenes y profesores al contagio con el COVID19 y con ello, aumentarían de manera exponencial los casos positivos y las eventuales muertes, lo que efectivamente correspondería a una medida eugenésica, en donde se dejaría vivir y morir a los educandos y el profesorado de los sectores más pobres del país.
Para situar esta problemática en perspectiva: en Chile existen en la actualidad 3.654 escuelas rurales, en las que están matriculados aproximadamente 35.000 niños y jóvenes (MINEDUC, 2020). Además, hay que considerar que a estas instituciones educativas asisten educandos que provienen de los sectores que están catalogados dentro del 80% de la población más vulnerable del país. A lo anterior, hay que adicionar una cantidad incierta de profesores que pertenecen a grupos de riesgo y de la tercera edad, los que deben educar en escuelas cuyas condiciones materiales son precarias, en donde el frio, combinado con las lluvias y nevadas invernales, hacen más complejo el proceso educativo.
Por otra parte, se debe de tener en cuenta que diversos estudios disponibles respecto al COVID19 señalan que los pacientes que tuvieron el virus y se “recuperaron” no estarían desarrollando inmunidad, es decir, si un niño o joven desarrolla el virus de manera asintomática y vuelve a adquirirlo la capacidad de contagiarse nuevamente o contagiar a los adultos que lo educan y cuidan es relativamente alta (ver los estudios de, Lan et al., 2020; OMS, 2020, Shi et al., 2020). Por tanto, una de las premisas básicas del Sr. Ministro de Salud, de que la inmunidad al virus duraría al menos 1 año, sería infundada y errónea de acuerdo con científicos a nivel mundial y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).
Retomando el argumento inicial de este escrito, si se considera que aún no existe evidencia científica robusta que avale que nuestros niños, jóvenes y profesores regresen a clases presenciales sin correr ningún un riesgo y que por el contrario lo que se señala es que el COVID19 se propagaría de manera más rápida en espacios de hacinamiento, que no existiría una inmunidad asegurada para los pacientes “recuperados” y que en un invierno como el chileno, exponer a los ciudadanos al contagio sería un rotundo error, entonces: ¿Por qué el gobierno de Chile pretende que el alumnado y profesorado regrese a las aulas?
Pues, no es extraño que bajo un gobierno neoliberal que considera a la educación como un bien de mercado, a los profesores como técnicos que solo repiten el currículum y a los niños y jóvenes de los sectores más pobres como “seres prescindibles” o no tan productivos para los efectos de la reproducción y circulación de capital, que sean precisamente estos actores educativos a los que se los se los envíe como “carne de cañón” como primera prueba para retornar a la “normalidad”.
Finalmente, por más que el gobierno de Chile se afane por adelantar las clases y sacrificar a niños, jóvenes y educadores al COVID19, serán los padres y el profesorado quien resista y produzca contraconductas ante el discurso neoliberal imperante en Chile, en el que se valora más la salud de la economía, que la de la población. En este sentido, esperemos que la desobediencia civil dé muestras nuevamente que “CHILE DESPERTÓ”.
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Fotografía: IBEROAMÉRICA SOCIAL.
