Por: Cirenia Celestino Ortega. 13/07/2024
Por cuarta ocasión, este 2024 México comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el llamado Examen Periódico Universal (EPU), en el que una delegación de instituciones presenta sus avances en la garantía de derechos humanos y, los 115 Estados miembros de ONU emiten una serie de recomendaciones en los temas presentados.
Las organizaciones de la sociedad civil, más de 300, presentamos de manera paralela un informe que recoge la realidad vivida en el país.
El informe oficial de México fue representado en enero pasado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García; México recibió 318 recomendaciones y el pasado viernes, dio anuncio de 304 recomendaciones aceptadas. Entre las no aceptadas destacan temas de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado.
En materia de desaparición, el informe de la sociedad civil refiere que en el país existen 110 mil 842 personas desaparecidas y no localizadas, entre las personas menores de edad, el 54.6% son mujeres (SEGOB, RNPDNO, 2023).
Un 98 por ciento de los casos han ocurrido desde 2006 cuando el Estado mexicano declaró una “guerra contra el narcotráfico” con amplio despliegue militar. El problema no ha disminuido en los últimos años. En el sexenio que está por concluir, cerca de 36 mil personas han desaparecido.
El informe específico sobre violencia contra las mujeres señala que, entre 2018 y 2022, más de 40 mil mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Un 55.8 por ciento de las mujeres desaparecidas se encuentran entre los 10 a 19 años de edad.
“En la búsqueda de toda desaparición de mujer se tiene que aplicar siempre perspectiva de género, es decir, una de las hipótesis debe ser siempre que fue desaparecida por el hecho de ser mujer (trata sexual, esclavitud sexual, feminicidio)”, expresó Karla Quintana, ex comisionada Nacional de Búsqueda en entrevista para Aristegui Noticias.
Ruth Zavaleta, ex presidenta de la Cámara de Diputados de México, explicó en Excélsior que el fenómeno de las desapariciones está normalizado en México, “tal vez por eso ha pasado casi desapercibida la feminización de las desapariciones forzadas desde el sexenio de Felipe Calderón.
En ese entonces, de 40 mil 589 denuncias, 15 mil 498 fueron de mujeres; en el sexenio de Enrique Peña Nieto se duplicaron las denuncias: 98 mil 64. De éstas, 43 mil 37 fueron mujeres. La tendencia se mantiene en este sexenio del presidente López Obrador: desde 2019 a la fecha, suman 92 mil 567 denuncias, de las cuales, 35 mil 500 son mujeres”.
Desde el EPU 2018, México se comprometió a garantizar que las desapariciones se investiguen con prontitud y eficacia y que los responsables comparezcan ante la justicia; garantizar que haya personal y financiación adecuados para la Comisión Nacional de Búsqueda, mantener actualizado un registro nacional de personas desaparecidas, crear una base de datos nacional de ADN – puesto en marcha hasta mayo de 2023; y aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
En 2020, México aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), en 2022, el CED presentó el informe de su primera visita a México en el que criticó la “actitud pasiva” e “impunidad casi total” de estos crímenes. En 2023, el CED determinó que México había violado sus obligaciones jurídicas internacionales en la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición.
Cuando una niña, joven o mujer desaparece, pensamos en cadena de omisiones que dejan ver el lugar que ocupa la vida de las mujeres en la política nacional.
Primero, los medios de comunicación dan cuenta de las desapariciones y, tristemente, el hallazgo de cuerpos de mujeres, en horarios y zonas muy concretas. En el centro del país son conocidos el Río de los Remedios, el Lago de Guadalupe, el Bordo de Xochiaca, entre otros sitios, por ser epicentros de los crímenes contra mujeres que las políticas de prevención deberían estar analizando y tomando medidas para la prevención.
La tardanza de las autoridades en la búsqueda también ha orillado a las familias a realizar búsquedas en colectivos o independientes. Son mayormente mujeres quienes buscan, es decir, quienes realizan las tareas ante la falla, omisión y ausencia del Estado.
Si bien, las mujeres viven con un 20 por ciento de brecha salarial de género, mantener un empleo a la par que la labor de búsqueda, profundiza las desigualdades, a ello se suma el trabajo del hogar no remunerado recargado en las mujeres.
La precarización y las violencias como la desaparición, no han estado en el centro de la política nacional, de ahí la gran oportunidad que la virtual presidenta de retomar ésta como una prioridad y adoptar las recomendaciones derivadas de EPU como la de elaborar diagnósticos sobre los patrones de desaparición y localización de mujeres con fines de prevención de desapariciones de mujeres y delitos conexos como trata de personas, violencia en el ámbito familiar, sustracción de niñas y adolescentes y feminicidio.
Tomar acciones interinstitucionales y, ahora que se va dando a conocer poco a poco el gabinete, será interesante saber a quién nombrará en la Comisión Nacional de Búsqueda, de la que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún es titular desde octubre 2023, tras la renuncia de Karla Quintana y, en el Instituto Nacional de las Mujeres presidido por Nadine Gasman Zylbermann desde el 20 de febrero de 2019.
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Fotografía: Cimac noticias
